Nación
Ley Ángel pone la lupa en los territorios
La implementación de la Ley 2455 de 2025 entra en una fase decisiva en el país. Aunque la norma ya está vigente desde 2025, el Ministerio del Interior confirmó en debate de control político en la Comisión Quinta del Senado de la República que ahora se avanza en su aplicación real en los territorios, con acompañamiento institucional, campañas pedagógicas y fortalecimiento de capacidades locales.
Por: Alexandra Martínez.
El viceministro Jaime Berdugo Pérez señaló que ya se ha llegado a 81 municipios en ocho departamentos, y que para 2026 la meta es impactar 120 municipios en 18 departamentos. El enfoque: garantizar que la ley funcione en la práctica para prevenir, investigar y sancionar el maltrato animal.
Santa Marta: casos reales que encajan en el alcance de la ley
Aunque el Gobierno no hizo referencia directa a Santa Marta, la situación en la ciudad refleja con claridad el tipo de problemáticas que la norma busca atacar.
En la capital del Magdalena se han documentado casos de extrema gravedad: animales golpeados hasta la muerte, una perrita hallada en un contenedor de basura con signos de abuso y en estado de gestación, y una perra callejera que murió tras ser quemada. A esto se suman denuncias recurrentes por envenenamientos, abandono y agresiones.
En paralelo, también se han registrado hechos de maltrato a fauna silvestre, como el hallazgo de decenas de animales en cautiverio y en condiciones precarias dentro de un establecimiento turístico.
Estos episodios, lejos de ser aislados, evidencian una problemática sostenida que ha sido expuesta principalmente por denuncias ciudadanas y organizaciones animalistas.
Desde la administración distrital se han adelantado acciones como jornadas de esterilización, campañas de tenencia responsable y la puesta en marcha de una política pública de bienestar animal con horizonte hasta 2043. También se ha promovido el funcionamiento de un Centro de Bienestar Animal y se han anunciado investigaciones en algunos casos puntuales.
Sin embargo, colectivos y ciudadanos han advertido que la respuesta sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del problema. Persisten denuncias por falta de atención oportuna, débil articulación institucional y ausencia de una estrategia sostenida para enfrentar el abandono masivo de animales en condición de calle.
La entrada en fase activa de la Ley 2455 de 2025 no crea nuevas obligaciones para Santa Marta, pero sí aumenta la presión para que las existentes se cumplan con mayor rigor.
El proceso que lidera el Gobierno Nacional apunta a:
Fortalecer la capacidad de las autoridades para atender denuncias.
Mejorar la articulación entre Policía, inspecciones y entidades locales.
Impulsar la judicialización de casos de maltrato.
Promover la denuncia ciudadana como mecanismo clave de control.
En ese contexto, territorios con denuncias recurrentes, como Santa Marta, entran en el radar de una política que busca dejar atrás la inacción.
El viceministro @JaimeBerdugoP participa en la Comisión Quinta del @SenadoGovCo en debate de control político, donde presenta avances, acciones en territorio y la articulación institucional para garantizar la implementación efectiva de la Ley Ángel en el país. pic.twitter.com/LiiSnge3iv
— MinInterior Colombia (@MinInterior) April 21, 2026
La Ley Ángel ya está en marcha. La diferencia ahora es que su implementación comienza a exigir resultados concretos en los territorios.
Para Santa Marta, el reto no es menor: traducir una norma nacional en acciones efectivas que reduzcan el maltrato, atiendan el abandono y garanticen sanciones reales.
Porque más allá de los anuncios, la efectividad de la ley no se medirá en cifras institucionales, sino en su capacidad de cambiar una realidad que, hasta hoy, sigue dejando a los animales en condición de vulnerabilidad.
