SIEMPRE LA CULPA LA TIENE OTRO…

Los seres humanos siempre tendemos a buscar culpables de todo lo malo que nos pasa o de nuestros fracasos. Cuanto menos proactivos, emprendedores o con sentido de pertenencia somos, más intentamos responsabilizar a terceros de nuestro atraso y subdesarrollo.

En lo local, siempre la culpa la tienen las familias tradicionales, “los de antes”.

En lo rural, la tienen los de la ciudad, los de Santa Marta.

En lo regional, siempre nos quejamos de que “todo es para Barranquilla y Cartagena”.

En lo nacional, los del interior, el centralismo y los que eufemísticamente llamamos “cachacos” son los responsables de que no nos resulten bien las cosas. En lo internacional, la culpa es de los “gringos”.

Todos hemos visto en las campañas políticas locales cómo los candidatos se anuncian como agentes de cambio, como si darle continuidad a los programas y proyectos fuera algo de lo que debieran avergonzarse; siempre en contra de “los corruptos de antes”, contra las familias tradicionales.

En los escenarios regionales, esos mismos candidatos señalan a los políticos de departamentos vecinos porque vienen a buscar votos a nuestro territorio y luego se olvidan de nosotros, haciendo gestión únicamente a favor de sus regiones. Con ese argumento, se presentan como los líderes que los derrotarán regionalmente.

Peor aún es en lo nacional, donde el fantasma del centralismo se convierte en el culpable de nuestro atraso; pero, al mismo tiempo, ponderamos y admiramos a paisas, santandereanos y vallunos por trabajar unidos y conseguir para sus territorios los recursos necesarios para resolver sus necesidades e impulsar su desarrollo.

A nivel internacional, los norteamericanos, los europeos —sobre todo los españoles— y sus multinacionales son señalados como quienes nos explotan y se llevan nuestros recursos naturales. Sin embargo, rara vez reconocemos las condiciones de trabajo, el empleo digno y bien remunerado, con todas las prestaciones de ley, que muchas de estas empresas generan. Esos “líderes” se presentan como enemigos de las concesiones; incluso hay quienes aún esgrimen los abusos de la conquista, la violación de las indígenas y el saqueo del oro, argumentando que debemos cobrar esa deuda histórica y expulsarlos de nuestro territorio.

Imaginemos el escenario de quitarles las empresas a los empresarios y a las familias tradicionales que han construido tejido empresarial; competir, desplazar y enfrentarnos con empresarios regionales que invierten en nuestro territorio; expulsar a las multinacionales y cerrar sus complejos empresariales bajo el argumento de que no exploten nuestra riqueza.

Dejemos todo eso en manos de quienes nunca han creado empresa, nunca han generado un empleo, pero sí han vivido de las ayudas del Estado, del discurso en favor de las minorías y los vulnerables, y de la crítica a cualquier iniciativa que no los incluya o no sea de su autoría. Incluso, se apropian de ideas ajenas cuando ven una oportunidad de beneficio. Existe evidencia de fracasos y de mal manejo de recursos públicos por parte de estos actores.

Entonces, revisemos algunos ejemplos para ilustrar estas inquietudes:

¿Quiénes son los empresarios que generan riqueza, empleo, productividad y competitividad en nuestra agroindustria —banano, palma, café, biodiésel—? ¿Cuántas familias derivan su sustento de ese sector en el Magdalena?

¿Cuántas empresas del sector comercio en nuestro territorio son sucursales de iniciativas empresariales de otros departamentos?

¿Cuántas constructoras samarias y foráneas han impulsado la construcción de centros comerciales, inversiones turísticas, edificaciones y urbanizaciones que generan empleo?

¿Cuántas familias viven de la industria extractiva y la minería, tanto en minas como en puertos, ya sea por empleos directos o indirectos?

Con todo esto, estamos hablando de más de 250.000 familias, equivalentes a más de un millón de personas. Esto representa el mayor porcentaje de la población económicamente activa vinculada a la formalidad en nuestra sociedad.

En contraste, preguntémonos: ¿qué estrategia de gobierno local ha generado nuevos empleos formales, riqueza o atracción de inversión? ¿Tenemos incentivos tributarios que nos posicionen como destino atractivo para inversionistas? ¿Existe una política pública de desarrollo sostenible entendida como desarrollo económico, bienestar social y protección ambiental?

Desde hace seis años se intervinieron vías con cargo al proyecto del sistema estratégico de transporte público, con recursos gestionados y proyectos diseñados por administraciones anteriores y el Gobierno nacional. Ejemplos: la avenida del Ferrocarril desde la carrera 1 (Sociedad Portuaria) hasta la carrera 4; la calle 13 entre la plaza de San Francisco y la carrera 5; y la calle 22 entre la carrera 7 y la avenida del Ferrocarril. Estas obras no están inconclusas por culpa de los empresarios tradicionales, ni de barranquilleros, cartageneros, cachacos o multinacionales. Esto es nuestra responsabilidad.

El plan de expansión portuaria, necesario para mejorar la competitividad y el empleo, fue bloqueado y nunca se viabilizó su plan parcial en la administración distrital de su momento, a pesar de contar con recursos y trámites completos. No faltaron voces locales oponiéndose. Lo más incomprensible, como ocurrió con Metroagua, es que el distrito es socio de la empresa, y con decisiones administrativas se deterioró el patrimonio de la ciudad. Esa fue una decisión interna; no podemos culpar a terceros.

En el proyecto de modernización y ampliación del Aeropuerto Simón Bolívar, la ciudad no ha participado ni ha propuesto aportar recursos, a pesar de ser la principal interesada. Sí, hubo incumplimientos del Gobierno nacional, pero ¿qué hizo Santa Marta para exigirlos? A esto se suman voces locales oponiéndose a la iniciativa.

Con apoyo de la Vicepresidencia se inició la recuperación del centro histórico y se culminó una primera fase. ¿Qué pasó con la segunda? ¿Qué gestión se ha hecho para continuar?

Fuimos muy eficientes oponiéndonos a los puertos de carbón y lo asumimos como una victoria. ¿Qué ganamos? Probablemente perdimos, y como dice el adagio, nos quedamos sin beneficios, que hoy aprovecha Ciénaga.

Nuestros parques naturales son una gran riqueza, pero ¿qué tanto nos beneficiamos de su aprovechamiento sostenible? Se propuso un hotel de una reconocida cadena internacional con enfoque ecosostenible, y fuimos nosotros quienes lo rechazamos. Entonces, ¿qué hemos hecho para que se compense a Santa Marta por conservar este patrimonio?

¿Qué estímulos ha generado la administración distrital para atraer inversión, crear empleo formal y reducir la informalidad, el mototaxismo, la inseguridad y la deserción escolar? Estos problemas solo se resuelven con generación real de riqueza y empleo formal.

El nuevo POT genera incertidumbre: no se entiende cómo articula los planes parciales existentes ni qué criterios técnicos lo sustentan. Sería lamentable que, como en otros casos, quede bajo un manto de dudas.

Todo este fenómeno se ampara en un aparato judicial cuestionado, que es acatado solo cuando conviene y desconocido cuando no. Lo mismo ocurre con los organismos de control.

Superemos este esquema de justificar nuestra mediocridad e ineficiencia culpando a terceros, mediante discursos manipuladores que explotan una lucha de clases obsoleta, que no ha demostrado ser el camino al desarrollo, pero sí ha servido para perpetuarse en el poder.

Una práctica recurrente es cambiar nombres tradicionales que nos dan identidad, intentando borrar el pasado y presentarse como soluciones mesiánicas.

No nos engañemos: el problema está aquí, y aquí debemos resolverlo. Sin desconocer incumplimientos del Gobierno nacional, sesgos institucionales o decisiones externas, la responsabilidad principal es nuestra.

José Miguel Berdugo

Director Ejecutivo

 Asociación de Empresarios del Magdalena