Metrópolis
Siguen cayendo negocios clandestinos de agua «potable» en Santa Marta
Los operativos contra la comercialización irregular de agua continúan en Santa Marta. En las últimas semanas, el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (DADSA), con apoyo de la Policía Nacional, ha intensificado las intervenciones en distintos sectores de la ciudad, logrando el cierre de nuevos puntos clandestinos que operaban sin cumplir las condiciones mínimas para el consumo humano.
En el más reciente procedimiento, una empresa dedicada a la venta de agua fue sellada tras evidenciarse un funcionamiento inadecuado. Las autoridades verificaron que no contaba con permisos, ni con los tratamientos técnicos exigidos, lo que impedía garantizar la calidad del producto distribuido a la comunidad.
“Sin permisos. Sin controles. Sin garantía de calidad. Vendían agua para consumo humano durante años. Ya fue intervenido”, informó el DADSA a través de un video institucional en el que quedó registrado el operativo.
Sin embargo, este caso no es aislado. Desde Opinión Caribe ya se había advertido sobre los riesgos sanitarios asociados a este tipo de prácticas. En un operativo documentado recientemente, las autoridades descubrieron un centro clandestino que operaba en una vivienda bajo condiciones alarmantes: presencia de gatos y roedores en zonas de empaque, almacenamiento de bolsas de agua y hielo en baños, filtros con moho y tanques sin mantenimiento, todo en medio de actividades domésticas.
Durante esa inspección, funcionarios del DADSA dejaron claro que dichas condiciones incumplen los estándares sanitarios, imposibilitando la comercialización de agua para consumo humano y evidenciando un riesgo directo para la salud pública.
El problema adquiere mayor gravedad en un contexto donde una parte de la población depende del agua empaquetada ante las fallas históricas en el suministro de acueducto. Según advertencias de las autoridades, el consumo de agua sin control sanitario puede provocar enfermedades como gastroenteritis, infecciones bacterianas y parasitosis, afectando especialmente a niños y poblaciones vulnerables.
Una problemática estructural que ya había sido documentada
Las recientes intervenciones reafirman hallazgos previos de la Unidad Investigativa de Opinión Caribe. En una investigación publicada en 2023, basada en datos del Invima, se reveló que al menos 80 marcas de agua operaban con registro sanitario vencido, dentro de un universo de más de 200 empresas autorizadas en la ciudad.
El informe también expuso prácticas irregulares como el uso de materiales no aptos para el envasado, la falta de controles técnicos y la operación de negocios al margen de la normativa sanitaria.
Este escenario está directamente relacionado con las limitaciones estructurales del sistema de acueducto en Santa Marta, que no logra cubrir de manera eficiente la demanda, especialmente en temporadas de alta afluencia. Esta brecha ha impulsado la proliferación de alternativas informales que, lejos de solucionar el problema, profundizan los riesgos.
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El DADSA ha reiterado que la captación ilegal de agua no solo incumple la ley, sino que afecta el equilibrio ambiental y el acceso equitativo al recurso hídrico en la ciudad.
“Cada captación irregular impacta el equilibrio ambiental y el acceso justo al agua. Los recursos naturales en Santa Marta se respetan. Legalizar, controlar y proteger el agua es una responsabilidad de todos”, señaló la entidad.
Los operativos, que incluyen cierres, incautaciones y posibles sanciones penales en caso de reincidencia, buscan frenar una práctica que se ha consolidado en medio de la necesidad ciudadana.
No obstante, el trasfondo es más profundo: una crisis de acceso al agua que ha abierto espacio a un mercado sin control efectivo. Los hallazgos recientes, sumados a las investigaciones previas, dejan en evidencia que el problema no es coyuntural, sino estructural, y que su solución exige más que operativos: requiere decisiones de fondo sobre el modelo de abastecimiento en la ciudad.
