La SAE frente al altar de Titos Bolos

Por: Víctor Rodríguez Fajardo

Titos Bolos dejó de ser una bolera hace mucho tiempo. Primero fue símbolo de recreación urbana en el norte de Barranquilla. Después, expediente de extinción de dominio. Luego, activo administrado por el Estado. Y finalmente, altar de una disputa donde se cruzan religión, patrimonio público, mora contractual, resistencia jurídica y valorización inmobiliaria.

El caso no es menor. Es una radiografía de cómo algunos bienes incautados al crimen terminan atrapados durante años en una zona gris: no regresan plenamente al Estado, no producen como deberían, no se venden, no se recuperan y tampoco se administran con la eficiencia que exige el interés público.

La SAE sostiene que el inmueble acumuló una deuda superior a los $2.227 millones por cánones de arrendamiento entre 2020 y abril de 2026, recursos que deberían entrar al FRISCO. La iglesia, por su parte, ha alegado debido proceso, inversiones realizadas y función social del culto.

Pero el punto de fondo es incómodo: la fe no puede convertirse en título de propiedad, ni la función social en excusa para ocupar gratuitamente un activo estatal. Un bien público no deja de ser público porque tenga feligreses adentro.

La diligencia del 7 de mayo marcó el punto de quiebre. La SAE entró al antiguo predio de Titos Bolos, inspeccionó locales y zonas comunes, mientras miembros de la congregación retiraban elementos del lugar. Lo que estaba en juego no era solo una edificación: era la autoridad real del Estado sobre sus propios activos.

El predio, ubicado en una de las zonas de mayor valorización de Barranquilla, ya tiene horizonte de subasta. La SAE ha insistido en que el proceso sigue en firme y que el inmueble debe quedar libre de ocupantes para avanzar en su enajenación.

Ahí empieza la otra historia: la urbana.

Porque el norte de Barranquilla no está discutiendo únicamente el cierre de una iglesia en un viejo edificio. Está presenciando el fin de una anomalía administrativa en un lote estratégico. Donde hubo bolera, litigio y altar, mañana puede levantarse un proyecto de uso mixto, comercio, oficinas, vivienda o servicios.

La pregunta no es si la ciudad necesita culto. La pregunta es si un activo estatal puede permanecer indefinidamente ocupado, sin pago pleno, mientras su valorización duerme bajo una disputa procesal.

Titos Bolos es el símbolo perfecto de una era que se acaba: la de los bienes públicos convertidos en territorios de nadie. La SAE no solo está recuperando un inmueble; está cerrando una página incómoda de la administración patrimonial del Estado.

En Barranquilla, el altar de los bolos cayó sobre una verdad sencilla: ningún discurso social, religioso o comunitario puede reemplazar la obligación básica de responder por el uso de lo público.