Cirugía estética sin ley: el Congreso archivó la regulación y los pacientes siguen pagando el precio

Mientras crecen los centros improvisados y los procedimientos de alto riesgo, el país sigue sin una norma robusta que proteja a los pacientes. El silencio legislativo también tiene víctimas.

Por: Redacción Opinión Caribe

La desaparición de Yulixa Consuelo Toloza, una mujer de 52 años que, según reportes periodísticos, ingresó a un centro estético en el barrio Venecia de Bogotá para someterse a una lipólisis láser, no puede leerse como un hecho aislado. Es una advertencia dolorosa sobre un problema que Colombia lleva años aplazando: la ausencia de una regulación clara, estricta y eficaz sobre los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos.

La indignación pública suele dirigirse, con razón, contra los centros improvisados: locales sin condiciones, consultorios habilitados a medias, ofertas engañosas y procedimientos invasivos practicados en espacios que no deberían acercarse jamás a un quirófano. Pero quedarse ahí es mirar solo una parte del problema. La otra parte está en el Capitolio Nacional, donde un proyecto de ley destinado a regular esta actividad avanzó por varios debates, estuvo a un paso de convertirse en norma y terminó archivado por vencimiento del trámite legislativo.

El Proyecto de Ley 311 de 2023 Cámara / 237 de 2024 Senado tenía un propósito concreto: proteger la salud y la vida de quienes se someten a estas intervenciones, exigir condiciones de idoneidad profesional, salubridad y habilitación, y establecer controles sobre publicidad, insumos y medicamentos. La ficha legislativa de la Cámara lo registra hoy como archivado. Congreso Visible precisa que esa decisión se produjo el 20 de junio de 2025 por tránsito de legislatura.

La trampa del reloj legislativo

En Colombia, muchas leyes no mueren porque alguien las vote en contra. Mueren porque nadie las vota a tiempo.

La Ley 5 de 1992, Reglamento del Congreso, permite que ciertos proyectos continúen su trámite en la siguiente legislatura, pero fija un límite: ningún proyecto puede ser considerado en más de dos legislaturas. Ese diseño, pensado para ordenar el proceso, se convierte con frecuencia en una excusa perfecta para la postergación: la iniciativa se aplaza, pierde prioridad y finalmente se archiva sin que quede una votación explícita que permita identificar quién asumió el costo político de frenarla.

Eso fue exactamente lo que ocurrió con la regulación de los procedimientos estéticos. En abril de 2025, el Senado informó que la Comisión Séptima había aprobado el proyecto en tercer debate y que pasaría a plenaria para su discusión final. En ese momento, la iniciativa estaba a un solo paso de convertirse en ley. No lo logró.

El resultado es que el país sigue sin una norma integral que cierre el paso a quienes convierten la necesidad, la vanidad o la inseguridad de miles de pacientes en un negocio de alto riesgo.

No es solo un pleito de gremios

El debate sobre cirugía estética en Colombia ha estado atravesado por tensiones entre especialidades médicas, sociedades científicas, médicos estéticos, cirujanos plásticos, anestesiólogos, clínicas habilitadas y sectores comerciales que se mueven en un mercado en expansión permanente. Esa discusión técnica es necesaria y legítima. Lo irresponsable es que el Congreso la use como excusa para no legislar.

La pregunta de fondo no es qué gremio gana o pierde. La pregunta es quién responde cuando una persona entra caminando a un centro estético y sale desaparecida, lesionada, mutilada o muerta.

El caso de Yulixa Toloza vuelve a poner el dedo en la llaga. Según reportes de prensa, familiares y allegados denunciaron su desaparición tras ingresar a Beauty Laser, en el barrio Venecia, para el procedimiento cosmético. La Secretaría Distrital de Salud habría constatado, además, que el establecimiento no contaba con autorización para prestar ese tipo de servicios.

Ese solo dato debería bastar para que el país deje de tratar estos episodios como noticias de crónica roja. No se trata únicamente de una investigación penal. Se trata de una falla institucional que permite que negocios sin las condiciones mínimas se ofrezcan como centros de salud, que procedimientos invasivos se promocionen como simples tratamientos de belleza y que los pacientes queden expuestos a riesgos que muchas veces no alcanzan a dimensionar.

El Congreso también debe responder

Cada legislatura que deja hundir una regulación de esta naturaleza envía un mensaje peligroso: la salud puede esperar, la vida puede esperar, pero el mercado no espera.

Mientras el Congreso dilata, las redes sociales ofrecen «combos» estéticos. Mientras las plenarias aplazan, los centros sin habilitación siguen captando pacientes. Mientras los proyectos se archivan, familias enteras terminan buscando respuestas en fiscalías, hospitales, funerarias o redes de desaparecidos.

La responsabilidad penal por cada caso concreto deberá establecerla la justicia. Pero la responsabilidad política por el vacío normativo es evidente e indelegable. El Congreso tuvo en sus manos una oportunidad para fijar reglas más claras y controles más fuertes. La dejó perder.

Colombia necesita una ley de cirugía estética segura: una norma que obligue a verificar la idoneidad del personal que realiza procedimientos invasivos; que fortalezca el control sobre centros, consultorios y clínicas; que sancione la publicidad engañosa; que frene la banalización comercial de cirugías de alto riesgo; y que dote a las autoridades sanitarias de herramientas más contundentes para cerrar, sancionar y judicializar a quienes operen por fuera de la ley.

La muerte legislativa del proyecto no puede ser el cierre de esta discusión. Debe convertirse en el punto de partida de una exigencia ciudadana: que el Congreso explique por qué una iniciativa de salud pública llegó tan lejos y aun así terminó archivada.

Porque cada vez que una ley necesaria se hunde por cálculo, desidia o simple falta de prioridad, alguien paga el precio. Y en este caso, el precio no se mide en votos ni en trámites parlamentarios. Se mide en cuerpos, en familias y en vidas puestas en riesgo.

N de la R. El Proyecto de Ley 311 de 2023 Cámara / 237 de 2024 Senado tenía como propósito:

Proteger la salud y la vida de las personas que se someten a procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos, mediante:

• Exigir idoneidad profesional del personal que realiza estos procedimientos.
• Garantizar condiciones de salubridad y habilitación de los establecimientos.
• Establecer controles sobre publicidad, insumos y medicamentos usados en estos procedimientos.

En términos generales, buscaba cerrarle el paso a centros improvisados y prácticas sin regulación en un mercado que opera con alto riesgo para los pacientes.