El Estado que se rinde a sí mismo

Por Víctor Rodríguez | Man del Sombrero

Hay decretos que se firman para que el Estado actúe. Y hay decretos que se firman para enseñarle al Estado a retirarse.

El Decreto 0603 de 2026 pertenece a la segunda categoría.

No hace falta exagerarlo. Basta leerlo. Firmado el 13 de junio, el decreto crea un Mecanismo de Monitoreo y Verificación para la Zona de Ubicación Temporal de Valle del Guamuez, en Putumayo, y ordena suspender operaciones militares ofensivas y operaciones especiales de Policía contra integrantes de Comandos de Frontera-EB, hoy parte de la autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, mientras se desplazan hacia esa zona. La suspensión va desde las 00:00 horas del 14 de junio hasta las 23:59 horas del 19. El Gobierno la llama “temporal y focalizada”. Técnicamente lo es. Pero la gravedad política no desaparece porque el decreto haya aprendido a usar buenos adjetivos.

El propio texto dice que la suspensión aplicará solo en lugares y rutas acordadas para el desplazamiento, preagrupamiento y llegada de integrantes incluidos en un listado reconocido “de buena fe” mediante una resolución reservada. También declara reservada la información sobre rutas y lugares de ubicación. Y el mecanismo entregará informes confidenciales a la Mesa de Diálogos.

Es decir: el país debe confiar en un operativo armado-político cuya geografía no conoce, cuyos beneficiarios no conoce y cuyos informes tampoco conocerá. Eso no es un detalle administrativo. Es el corazón del problema.

El Gobierno dirá que no se trata de una zona de despeje. El decreto invoca normas que prohíben considerarla como tal y afirma que la Fuerza Pública conserva sus competencias constitucionales. Pero la pregunta de fondo no es si el documento trae salvavidas jurídicos para defenderse en una demanda. La pregunta es por qué, en la antesala de una segunda vuelta presidencial, el Estado decide suspender operaciones ofensivas en un corredor donde confluyen armas, economías ilegales, control territorial, negociación política y votación atípica.

La segunda vuelta está prevista para el 21 de junio. El decreto vence la noche del 19. En términos electorales, eso no es una eternidad: es la víspera. (Registraduría Nacional del Estado Civil)

La paz puede exigir medidas extraordinarias: protocolos, garantías, verificación y movimientos controlados. Pero una democracia seria sabe que esas medidas necesitan vigilancia extraordinaria. Más aún cuando ocurren en campaña, en territorios con presencia armada y en municipios donde los resultados ya venían mostrando señales que merecen auditoría, no burlas ni silencios.

La Silla Vacía identificó 334 mesas en las que Iván Cepeda obtuvo el 100 % de los votos válidos; ese universo suma cerca de 25.000 votos, apenas el 0,3 % de su votación de primera vuelta. El Colombiano, por su parte, reportó 218 mesas con 100 % para Cepeda en zonas rojas o municipios PDET, con alta abstención y concentración territorial. Esos datos no prueban, por sí solos, intervención electoral. No se trata de gritar fraude sin pruebas. Se trata de reconocer que una mesa completa sin un solo voto adverso puede tener explicaciones comunitarias o históricas. También puede tener explicaciones menos nobles. La obligación del Estado es despejar la duda, no ridiculizar a quien la formula. (La Silla Vacía)

Putumayo no aparece por accidente. La Zona de Ubicación Temporal de Valle del Guamuez es una de las más avanzadas dentro de la Paz Total. En cuatro de los cinco municipios donde se prevén zonas de ubicación para estructuras armadas ganó Cepeda en primera vuelta; en Valle del Guamuez obtuvo el 80,43 %. Eso no prueba una operación electoral. Pero sí concentra tres elementos explosivos: presencia armada, negociación gubernamental y rendimiento electoral favorable al candidato que defiende la continuidad de esas negociaciones. (ELESPECTADOR.COM)

El problema del Decreto 0603 no es solo lo que ordena. Es lo que normaliza. Normaliza que el Estado suspenda operaciones ofensivas contra una estructura armada activa en plena recta final electoral. Normaliza que los listados sean reservados. Normaliza que las rutas sean reservadas. Normaliza que los informes de seguimiento sean confidenciales. Normaliza que la ciudadanía vote sin saber quién manda realmente en el territorio.

A eso algunos lo llaman paz.

Yo lo llamo una democracia obligada a votar con los ojos vendados.

El Gobierno tiene derecho a buscar la desmovilización de grupos armados. Lo que no tiene es derecho a pedirle al país que suspenda la sospecha. La confianza pública no se decreta. Se gana. Y no se gana firmando excepciones operativas en territorios vulnerables, con información reservada y con efectos que terminan menos de 48 horas antes de que Colombia vote.

Esa es la verdadera rendición: no la de un batallón que entrega sus armas, sino la de un Estado que empieza a pedir permiso para existir.

Y aquí aparece Iván Cepeda.

No como caricatura. No como insulto. Como actor político central de esta coyuntura.

Cepeda tiene derecho a defender la paz negociada y a proponer continuidad de las mesas con grupos armados. Pero precisamente por eso tiene una obligación superior de transparencia. Quien ha construido autoridad moral alrededor de las víctimas, la paz y los derechos humanos no puede escoger la lupa según la conveniencia electoral. No puede exigir verdad para unos expedientes y silencio para otros.

La coherencia no consiste en defender siempre al propio bando. Consiste en exigirle más al propio bando.

Cepeda debería ser el primero en pedir auditoría sobre las mesas atípicas; el primero en exigir que la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral revisen los puestos de votación en zonas de presencia armada; el primero en reclamar que el Gobierno explique por qué esta suspensión fue firmada el 13 de junio, por qué debía regir entre el 14 y el 19, por qué las rutas y los listados son reservados, y qué garantías existen para que una ventana humanitaria no se convierta en ventaja territorial.

Eso no sería traicionar la paz. Sería salvarla de la sospecha. Porque la paz que necesita secretos para cruzar una elección queda herida antes de nacer.

Tampoco sirve responder que la suspensión es “focalizada”. La focalización no elimina el riesgo: lo concentra. Si el Estado sabe dónde no va a operar ofensivamente, si los beneficiarios saben por dónde se moverán, si las comunidades saben quién manda en la zona y si los votantes saben que el grupo armado seguirá allí cuando pase la urna, entonces el problema no es el tamaño del territorio. Es la relación de poder dentro de él.

La democracia no se defiende únicamente contando votos. Se defiende garantizando que cada voto haya sido libre antes de ser contado.

Por eso el Congreso debe citar un debate de control político sobre el Decreto 0603. La Registraduría y el Consejo Nacional Electoral deben auditar las mesas atípicas en municipios con riesgo armado. La Procuraduría debe vigilar la ejecución del decreto. La Contraloría debe revisar sus recursos. Y la MAPP-OEA debe explicar qué garantías efectivas existen contra cualquier interferencia electoral.

Aquí nadie está pidiendo sabotear una desmovilización real. Lo que se exige es impedir que la palabra paz se convierta en contraseña para suspender controles, reservar información y blindar políticamente decisiones que afectan el equilibrio electoral.

El Decreto 0603 no prueba por sí solo una operación electoral. Pero sí abre una pregunta que ningún demócrata honesto puede esquivar: ¿qué ocurre cuando el mismo Gobierno que negocia con grupos armados suspende operaciones contra uno de ellos, en un territorio electoralmente sensible, justo antes de una segunda vuelta en la que compite el candidato que promete continuar esa política?

Esa pregunta no es de derecha ni de izquierda.

Es republicana.

Y si el 21 de junio Colombia vota mientras una parte del país siente que el Estado negocia más de lo que protege, reserva más de lo que explica y suspende más de lo que garantiza, nadie podrá decir que no lo vio venir.

Nadie.

Excepto los que prefirieron no mirar.

Y los que confundieron paz con obediencia.

Adjunto DECRETO No. 0603 DEL 13 DE JUNIO DE 2026: https://drive.google.com/file/d/1-IObygIQ55zaHUMXmqjQXuRjQRx8qawq/view?usp=sharing