La Firma
Con o de optimismo y e de esperanza
Por: José Manuel Herrera Brito
Nos dice optimismo, la tendencia a ver y esperar el lado más favorable de las situaciones o el futuro. Es una actitud de vida que nos impulsa a buscar soluciones ante la adversidad, siendo su más clave aspecto su enfoque cognitivo, que no significa ignorar los problemas, sino focalizarse en las fortalezas y tener confianza en la propia capacidad para mejorar las cosas; nos refiere en tanto esperanza, un estado de ánimo optimista basado en la expectativa de lograr algo deseado o de que ocurra un evento favorable. Es un motor vital que impulsa a las personas a fijar metas, tomar decisiones y perseverar frente a la adversidad. Abrigar un deseo con la confianza que se hará realidad. Influye en lo emocional y psicológico, al funcionar como un mecanismo de resiliencia y motivación, brindando fuerza para superar los momentos difíciles.
Traigo a colación lo cual, dada la propuesta enhorabuena de nuestro electo Presidente de la República, doctor Abelardo de la Espriella, de crear el «Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana», grande iniciativa con la que se busca y procurará frenar en gran medida la extorsión, atracos, hurto y los homicidios que azotados tienen a la comunidad toda a lo largo y ancho del país, para lo que se coordinarán operaciones entre el Gobierno nacional y los alcaldes de sus principales ciudades en lo que será la más grande operación de seguridad ciudadana, muchos de los cuales, los más afectados en sus jurisdicciones, han celebrado como expresado públicamente su respaldado y disposición de trabajo a la iniciativa, destacando de contera la necesidad, urgente por demás, de recibir apoyo desde el nivel central para combatir las estructuras criminales que los acometen; además de manifestar que generará lo cual sin ningún asomo de duda un positivo cambio hacia la autoridad y la tranquilidad de la ciudadanía. Se trata de implantar e implementar medidas efectivas y acordes con las necesidades de las urbes mayormente más afectadas, empezando a cumplir así con lo expuesto respecto de la seguridad ciudadana, uno de los principales ejes de la campaña presidencial, sobre lo que prometió endurecer la respuesta del Estado frente a las organizaciones criminales y fortalecer la articulación Fuerza Pública / autoridades locales.
Pero como siempre sucede en el país en cuanto a los nuevos y mejores deseos e iniciativas, empiezan a surgir opiniones divididas entre quienes reclaman mano dura contra la violencia y la delincuencia de distinta naturaleza, origen, objetivos y propósitos y voces negativas por parte de ciertos sectores políticos de oposición que alertan en cuanto a los derechos humanos y comentan la medida, sin fundamento alguno en mi concepto, al tiempo de comparar la propuesta con estrategias del pasado y advirtiendo sobre el riesgo de paramilitarismo y posibles abusos de autoridad, lo que auguro no tendría cabida, en atención a que serán tenidos en cuenta los aspectos antecedentes que peroran, con disposiciones en esa dirección que precisamente lo eviten.
De igual manera se ha dicho que no habrá nuevas negociaciones con grupos armados, ya que favorecieron en mucho a esas organizaciones criminales, lo que amerita que se revisen los acuerdos alcanzados con ellos y se evalúe la arquitectura jurídica que dio soporte a esa política, que dicho sea de paso no fue de paz total sino de impunidad total y el país necesita conocer cuáles fueron en verdad esos compromisos. Adicionalmente, espera la ciudadanía se reactiven las órdenes de captura que fueron suspendidas en el marco de las negociaciones con grupos armados, con el objetivo de que la Fiscalía y la Fuerza Pública retomen las acciones judiciales correspondientes, anuncios que han sido bien recibidos por la mayoría, que espera se dé un giro a la ineficaz estrategia del Gobierno Petro y se dé inicio al desmonte de la política de paz total, que como todo en su mandato no hizo cosa distinta que profundizar una destrucción institucional en este y demás sentidos administrativos públicos.
No quiere el país más impunidad, ni territorios entregados a la delincuencia, sino que se ejerza la autoridad legítima del Estado, se elimine todo especial beneficio y se les conmine a acogerse a los mecanismos de sometimiento a la justicia previstos en la legislación vigente con los beneficios que la ley actual contempla, en la verdad que es uno de los máximos interés de la población en esta materia es la recuperación del orden público, el control territorial y el fortalecimiento de la presencia del Estado en las regiones afectadas por la acción criminal de los grupos armados. saramara7@gmail.com
