El derecho penal frente a la gobernanza criminal

Por Ricardo Villa Sánchez

El recrudecimiento del conflicto armado en la Sierra Nevada de Santa Marta y la Ciénaga Grande, deja una discusión que el derecho penal colombiano no puede aplazar: el crimen organizado ya no actúa solo como banda armada. En varios territorios opera como poder de facto. Cobra, ordena, desplaza, recluta, regula mercados, controla rutas, impone silencio y sustituye al Estado en la vida cotidiana. A veces las normas van a un ritmo y la criminalidad a otro.

La Alerta Temprana de Inminencia 014-2026 de la Defensoría del Pueblo, muestra que la disputa entre el EGC y las ACSN, se proyecta sobre el sistema hídrico que conecta la Sierra Nevada, el río Magdalena, la Ciénaga Grande y el mar Caribe, poblaciones que aparecen bajo presión armada.

No se trata de una zona marginal. El complejo lagunar abarca cerca de 528.600 hectáreas, compromete a 26 entidades territoriales y concentra el 98,5 % de su extensión en el Magdalena. Allí viven comunidades anfibias, con necesidades básicas insatisfechas del 47,15 % en cabecera y del 50,04 % en zona rural.

El dato social agrava el dato penal. Sitionuevo registra 25.668 víctimas en el Registro Único de Víctimas; el 82 % corresponde a desplazamiento forzado. Con una perversa memoria de violencias, daño, miedo acumulado y presencia institucional insuficiente. Esa combinación permite que el delito deje de ser hecho aislado y se convierta en forma de gobierno.

El informe Control total, de la Fundación Ideas para la Paz, completa el panorama. Las ACSN aparecen como estructura armada organizada de crimen de alto impacto, con raíces en ciclos paramilitares, Bacrim, narcotráfico y extorsión. El Bloque Resistencia Tayrona se desmovilizó en 2006 con 1.166 integrantes y 597 armas entregadas. Cambió la sigla, pero varias rentas, mandos y prácticas sobrevivieron o se heredaron.

Las cifras revelan la escala del problema. La extorsión produciría entre 6.000 y 7.000 millones de pesos mensuales. Los cobros van de 30.000 pesos a 30 millones. Cerca del 95 % de prestadores turísticos pagaría algún tipo de exacción. La plaza de mercado de Santa Marta podría generar más de 10.000 millones de pesos al año en extorsiones. En 2025 se incautaron 35 toneladas de cocaína en Magdalena y La Guajira; el 85 % se concentró en Santa Marta y Uribia. Entre 2020 y 2025, Santa Marta registró 81 toneladas incautadas.

El Código Penal permite perseguir homicidio, desaparición forzada, desplazamiento, concierto para delinquir, extorsión, narcotráfico, lavado de activos y reclutamiento. Pero una suma de expedientes no desmonta una gobernanza criminal. Colombia necesita una ley de sometimiento para organizaciones armadas de crimen de alto impacto que se adapte a los nuevos tiempos y conductas punibles.

Ese piso jurídico debe incluir beneficios judiciales condicionados, verdad plena, entrega de bienes, reparación a víctimas, desmonte de redes económicas, colaboración contra testaferros, financiadores y lavadores, restricción efectiva de libertades, control de reincidencia, protección comunitaria y enfoque territorial.

La paz, sin embargo, no puede resolver los problemas del grupo armado y olvidar los de la gente. Debe abrir igualdad de oportunidades para quien cumpla la ley y regrese a la vida civil: educación, trabajo, salud mental, inclusión productiva, bancarización, vivienda, subsistencia digna y acompañamiento institucional. La habilitación política podría examinarse bajo condiciones estrictas, sin impunidad y con límites frente a delitos graves.

A quinientos años de Santa Marta, cruzar la página no significa celebrar postales. Significa recuperar agua, montaña, mercado, turismo y ciudadanía. Sin justicia no hay paz. Pero sin oportunidades, la cárcel sola recicla el crimen. En la Sierra Nevada y la Ciénaga Grande, someter al crimen exige quitarle rentas, mando y futuro, sometiendolos a las reglas del Estado social de derecho y de la democracia.

Ricardo Villa Sánchez – @rvillasanchez