Las cuentas de la transformación: el desafío financiero que acompaña las grandes obras de Santa Marta

Aunque las advertencias de la Procuraduría, Fitch Ratings y la Contraloría Distrital fueron emitidas antes del mayor despliegue contractual de la Edus -que a corte junio de 2026 había contratado más de un billón de pesos- sus conclusiones sobre costos financieros, dependencia de transferencias, liquidez limitada y deuda ajustada, ofrecen un marco de referencia para evaluar la nueva etapa de inversión pública. La pregunta ya no es solo si El Curval y los demás proyectos estratégicos son necesarios, sino si el Distrito podrá financiarlos sin comprometer su estabilidad fiscal ni desplazar inversión social en los próximos años.

Por: José D. Pacheco Martínez

Durante el primer semestre de 2026, la Empresa Distrital de Desarrollo y Renovación Urbano Sostenible (Edus) superó el billón de pesos en contratación, una cifra que, en el tiempo reciente, ninguna otra entidad descentralizada de Santa Marta había concentrado en tan corto plazo, asumiendo la gerencia de los proyectos: El Curval, Transformando Mi Barrio, Camino al Río y la modernización del alumbrado público; consolidándose como el principal vehículo de inversión de la administración actual.

Este despliegue contractual se inscribe en el marco presupuestal aprobado mediante el Acuerdo 014 del 25 de noviembre de 2025, que fijó el Presupuesto General para la vigencia 2026 en $1.7 billones. Los ingresos corrientes, que suman $1.4 billones, provienen en su mayoría de transferencias nacionales del Sistema General de Participaciones y la Adres para el régimen subsidiado de salud, mientras que los tributarios propios alcanzan $496.840 millones.

El mismo Acuerdo autorizó nuevas operaciones de crédito interno por $250.000 millones con banca comercial, y destinó $65.076 millones al servicio de la deuda pública. A fecha de hoy, la contratación de Edus, cuyo único accionista es la Alcaldía de Santa Marta, supera en más de cuatro veces el monto del nuevo crédito autorizado.

En ese contexto, la Procuraduría General de la Nación, la firma calificadora Fitch Ratings y la Contraloría Distrital, han emitido en diferentes momentos y desde sus respectivas competencias, informes sobre la viabilidad financiera del Distrito y los riesgos asociados a su nivel de endeudamiento y capacidad de pago.

Aunque los documentos liberados por las entidades anteceden al período de expansión de la Edus y no incorporan el impacto de su contratación en 2026, sus conclusiones sobre la estructura de ingresos, la dependencia de transferencias y la carga financiera acumulada constituyen un referente objetivo para contextualizar el escenario en el que se desarrolla el actual ciclo de inversión pública.

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 Procuraduría cuestionó la estructura financiera de El Curval

Entre todos los proyectos administrados por la Edus, ninguno concentra tanta atención como El Curval, iniciativa que busca incrementar la oferta de agua potable para una ciudad cuyo déficit histórico de abastecimiento ha condicionado durante décadas su crecimiento urbano y económico. Su ejecución representa, además, el contrato de mayor cuantía actualmente bajo responsabilidad de la empresa y coincide con el momento de mayor expansión contractual registrado por la entidad.

Precisamente por ello, la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública emitió el 28 de mayo de 2026 una advertencia preventiva sobre el contrato interadministrativo mediante el cual el Distrito encargó a la entidad descentralizada la gerencia integral del proyecto. Antes de examinar su estructura financiera, el Ministerio Público recordó que el régimen especial de contratación no excluye el cumplimiento de los principios constitucionales que gobiernan la función administrativa.

En la advertencia preventiva precisó que «las entidades de régimen especial administran recursos públicos» y, por esa razón, sus manuales de contratación deben garantizar reglas que protejan la transparencia, la selección objetiva y el interés general. Más adelante enfatizó que «la totalidad de las actuaciones administrativas y contractuales financiadas con recursos públicos debe adelantarse bajo la estricta observancia de los principios de la función administrativa», aun cuando la contratación no se rija por la Ley 80 de 1993.

A partir de esa premisa jurídica, el análisis del organismo de control se concentró en la estructura económica del proyecto, especialmente en la composición de sus costos y en el mecanismo escogido para financiar la obra. Según la revisión de los estudios previos, «los costos físicos y de gerencia del proyecto ascienden a $441.936 millones, mientras que los gastos financieros alcanzan $239.770 millones», proporción que llevó al organismo a advertir que el componente financiero representa un porcentaje significativo del costo total de la infraestructura.

Yendo más allá, concluyó que «por cada peso invertido en infraestructura hidráulica para Santa Marta, el erario asume casi otro peso adicional en margen de intermediación y costo financiero». La alerta también cuestionó el proceso mediante el cual se escogió el esquema de financiación.

En particular, señaló que la entidad descentralizada «no acreditó haber realizado una compulsa pública de tasas ni una modelación de alternativas de endeudamiento público directo más competitivas que el esquema de crédito a proveedor finalmente seleccionado».

Esa observación fue complementada con otra igualmente relevante: «en los estudios previos no se observa una justificación suficiente sobre la imposibilidad de acudir a mecanismos de crédito público más eficientes y menos onerosos para la entidad», pese al impacto presupuestal que tendría la carga financiera proyectada.

Más allá de la discusión contractual, estos análisis introducen un elemento de política fiscal que luego aparecerá también en los informes de Fitch Ratings y de la Contraloría: la necesidad de evaluar no únicamente el costo de construir las obras, sino el impacto que su financiación puede ejercer sobre la sostenibilidad financiera del Distrito durante los próximos años.

Fitch proyectó un escenario que hoy enfrenta nuevas variables

A diferencia de la Procuraduría, que analizó directamente el contrato de El Curval y su esquema de financiación, Fitch Ratings evaluó la sostenibilidad financiera del Distrito desde una perspectiva macrofiscal. Su informe, publicado el 17 de octubre de 2025, fue elaborado antes de la aprobación del presupuesto de 2026, antes de la adjudicación del proyecto El Curval y antes de que la Edus superara el billón de pesos en contratación durante el primer semestre de 2026.

En consecuencia, las proyecciones de la calificadora no incorporan el impacto financiero de esos nuevos compromisos, aunque varias de sus advertencias adquieren una dimensión distinta a la luz del escenario actual. En aquella evaluación, Fitch confirmó la calificación nacional de largo plazo de Santa Marta en A-(col) con perspectiva estable.

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Sin embargo, la decisión estuvo acompañada de una advertencia sobre el efecto que tendría la solución definitiva al problema del agua potable sobre las finanzas distritales. El informe señala que «las calificaciones siguen limitadas debido a la incertidumbre generada por la problemática de suministro de agua potable de la ciudad, que ejercería presión sobre los niveles de endeudamiento ajustado del Distrito en el mediano plazo».

La observación fue formulada cuando el proyecto El Curval aún no hacía parte de la realidad contractual del Distrito, lo que la convierte en un antecedente relevante frente al escenario que hoy enfrenta la administración. Si bien la agencia no evaluó el impacto de las decisiones adoptadas durante 2026, sí anticipó que una solución estructural al abastecimiento de agua exigiría mayores esfuerzos financieros para el Distrito.

Fitch desarrolló igualmente un escenario prospectivo sobre el comportamiento de la deuda pública y, según sus estimaciones, «la administración espera un incremento bruto de la deuda de aproximadamente COP408.000 millones a partir de 2025». Como resultado, la entidad estimó que el saldo de la deuda neta ajustada del Distrito podría aproximarse a un billón de pesos hacia 2029, acompañado de una razón de repago cercana a 6,9 veces, indicadores que reflejan una mayor presión sobre la capacidad financiera de la ciudad durante los próximos años.

Asimismo, considera que una proporción significativa de los recursos operacionales sigue proveniendo del Sistema General de Participaciones y otras fuentes nacionales, circunstancia que limita el margen de maniobra fiscal para absorber incrementos sustanciales del endeudamiento sin afectar otros componentes del presupuesto. Ese diagnóstico guarda relación con la estructura presupuestal aprobada para 2026, en la que buena parte de los ingresos corrientes continúa dependiendo de transferencias nacionales, mientras los ingresos tributarios propios ascienden a $496.840 millones.

Uno de los puntos más relevantes del documento tiene que ver con el tratamiento que la calificadora otorga a la deuda de la Edus. Fitch explica que, aunque varias de las obligaciones son asumidas formalmente por la empresa descentralizada, estas son incorporadas dentro del cálculo de la deuda ajustada del Distrito porque su pago depende, en última instancia, de rentas territoriales.

Antes de 2025, la calificadora había advertido que «considera[ba] la deuda de Edus como deuda ajustada del Distrito dado que los recursos utilizados para servir la deuda provienen del presupuesto distrital». Incluso añadió que «un incumplimiento financiero de Edus podría limitar el acceso a endeudamiento adicional para el Distrito y/o a sus descentralizadas, o al menos, podría repercutir en la percepción de riesgo distrital y, por ende, incrementar los costos financieros actuales».

Las advertencias adquieren una nueva dimensión al contrastarlas con la realidad presupuestal de 2026, ya que ninguna de esas decisiones hacía parte del escenario analizado por Fitch en octubre de 2025. Por ello, aunque el informe no evaluó el impacto financiero del proyecto El Curval ni de la expansión contractual registrada posteriormente por la empresa descentralizada, sí ofrece un marco técnico para comprender cómo una ciudad con crecientes necesidades de infraestructura, una alta dependencia de recursos nacionales y un mayor recurso al endeudamiento puede enfrentar presiones fiscales adicionales cuando los proyectos de inversión comienzan a ejecutarse.

Una empresa financieramente presionada: 7 centavos por cada peso

La tercera mirada institucional recae directamente sobre la Edus. A diferencia de la Procuraduría, que examinó el contrato de El Curval, y de Fitch Ratings, que proyectó el comportamiento futuro de la deuda distrital, la Contraloría Distrital auditó la situación financiera de la empresa con base en la vigencia 2024.

El informe definitivo fue expedido en diciembre de 2025, varios meses antes de que la entidad asumiera la gerencia de El Curval, de la expansión del alumbrado público, de nuevas etapas de Transformando Mi Barrio y de otros procesos que elevaron su contratación por encima del billón de pesos durante el primer semestre de 2026. En otras palabras, el organismo de control evaluó la capacidad financiera de la entidad antes de que comenzara el mayor crecimiento operativo de su historia.

Aunque la auditoría emitió una opinión limpia sobre los estados financieros, el documento identifica varios indicadores que reflejan una estructura financiera sometida a presión.  Sobre la liquidez corriente concluye que «la razón corriente presenta un indicador de 0,07, lo que significa que por cada peso que la entidad adeuda en el corto plazo solo dispone de siete centavos para respaldar dichas obligaciones».

A renglón seguido, la Contraloría agrega que «este resultado evidencia una limitada capacidad de la entidad para cubrir sus pasivos corrientes con los activos corrientes disponibles», observación que adquiere relevancia si se considera que, pocos meses después, la empresa multiplicó el volumen de recursos bajo su administración.

El deterioro también quedó reflejado en el capital de trabajo. Según la auditoría, este «pasó de un déficit de $15.769 millones en la vigencia 2023 a un déficit de $41.832 millones al cierre de 2024», comportamiento que el organismo interpreta como una señal de presión sobre la disponibilidad de recursos para atender las obligaciones inmediatas.

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A ello se suma otra conclusión relevante: «el 96 % de los activos de la entidad se encuentran representados en anticipos, recursos entregados en administración y activos diferidos», composición que restringe la liquidez efectiva y hace depender la operación del flujo permanente de recursos asociados a los convenios y proyectos en ejecución.

Finalmente, la Contraloría también llamó la atención sobre el comportamiento de los gastos y los pasivos. El informe advierte que «crecieron en una proporción superior al incremento de los ingresos», mientras las cuentas por pagar y otras obligaciones aumentaron durante la vigencia auditada. Como resultado, el organismo concluye que «la entidad debe fortalecer la gestión financiera y el seguimiento a la liquidez para garantizar la sostenibilidad de su operación».

 Posdata:

Más allá de las conclusiones contenidas en cada uno de los informes, el nuevo escenario presupuestal y la acelerada expansión de la contratación, plantean interrogantes que aún no tienen respuesta pública. El presupuesto de 2026 ya fue aprobado, los proyectos estratégicos comenzaron su ejecución y los compromisos financieros del Distrito seguirán desarrollándose durante los próximos años.

En ese contexto, corresponde a la administración distrital, a la gerencia de la Edus, al Concejo Distrital, a los organismos de control y, en general, a la institucionalidad encargada de la gestión, vigilancia y control de los recursos públicos, ejercer sus competencias con transparencia, rendir cuentas a la ciudadanía y facilitar el control social sobre decisiones que comprometen recursos públicos de largo plazo.

Para la redacción de este artículo, contactamos al gerente de la Edus, Jorge Luis Sarmiento Peñaranda, quien hasta el momento de esta publicación no había dado respuesta al breve cuestionario que le fue enviado.