¿El Magdalena ha sido gobernado por un pedófilo y abusador sexual?

¿La sociedad magdalenense y la samaria —y los progresistas— continuarán eligiendo a Caicedo o «al que diga Caicedo»?

¿Existe un pacto de silencio que ha operado tanto en casos de corrupción como en los casos de violencia contra las mujeres?

Por: Jennifer Del Toro Granados

Carlos Caicedo Omar está nuevamente en medio de un escándalo nacional.

Se trata del político más exitoso de la historia reciente del Magdalena. Ha resultado victorioso en tres elecciones a la Alcaldía de Santa Marta y en tres elecciones a la Gobernación, todo ello en un periodo continuo.

La opinión pública no se conmovió esta vez por los hechos de corrupción administrativa relacionados con obras multimillonarias, inconclusas y siniestradas, que permanecen a la vista de todos desde hace años y por las cuales la justicia penal le adelanta varios juicios simultáneos.

No.

Ahora se trata de denuncias por hechos que nos horrorizan, especialmente a las mujeres, a las madres, a las feministas, a los defensores de derechos humanos y a todos aquellos que todavía tenemos un corazón para sentir.

Este año se trata de varias mujeres. Y de una niña.

Mujeres que han dado testimonios, aportado audios, chats e interpuesto denuncias formales ante la justicia por presuntos hechos de acoso y abuso sexual.

El 21 de enero de 2026 fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia formal contra Carlos Caicedo por acoso sexual, actos sexuales abusivos y acceso carnal con incapacidad de resistir.

Según esa denuncia, varias mujeres —funcionarias, contratistas y aspirantes a cargos— relataron haber trabajado bajo su administración como gobernador del Magdalena, entre 2020 y 2023, en un ambiente donde el acceso a ascensos o a la estabilidad laboral habría estado condicionado, según sus testimonios, a aceptar insinuaciones o propuestas sexuales.

Con base en esos hechos, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Fiscalía investigar con celeridad, y la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa.

El 9 de febrero de 2026, en razón del fuero que tenía Caicedo como gobernador al momento de los hechos denunciados, el proceso fue asumido por fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

No obstante, el caso que generó una profunda conmoción pública fue la revelación, el 18 de julio de 2026, de una denuncia distinta: un presunto caso de acceso carnal contra una menor de edad que en 2023 tenía ocho años.

Esa denuncia, presentada por la madre de la niña, fue igualmente trasladada a fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

¿Cómo han reaccionado Carlos Caicedo, Rafael Martínez, Virna Johnson e Ingrid Padilla ante este horror?

Caicedo se limitó a decir que desconoce los hechos, que no ha sido notificado, que se trata de un linchamiento mediático y de una nueva persecución política.

En cuanto a Rafael Martínez y Virna Johnson, no son ajenos a lo que hoy se investiga.

Son el mismo Clan que le ha dado continuidad administrativa y que ha inspirado el modelo de gestión misógino que gobierna al Magdalena desde 2012.

Es también la misma estructura que aparece vinculada, en momentos distintos, a los procesos judiciales por presuntos hechos de corrupción.

Es un hecho que se puede verificar en los expedientes judiciales y en las audiencias públicas de los juicios que se les adelantan, que tanto Caicedo, Martínez y Virna Johnson han sido investigados por el manejo de los mismos contratos y de las mismas obras inconclusas y siniestradas.

En los casos de acoso sexual y violencia contra las mujeres, Rafael Martínez ha calificado públicamente cada denuncia como un montaje.

Virna Johnson, junto con otras lideresas del movimiento, entre ellas Ingrid Padilla, calificó las acusaciones como un «insulto a las mujeres de Fuerza Ciudadana».

Y, en relación con las investigaciones por el caso de la niña, es la propia Virna Johnson quien aparece mencionada en el expediente, según lo reportado por SEMANA, como la persona que contactó a la madre de la menor de edad.

La denuncia, según ese mismo reporte, describe que Johnson le pidió a la madre «aferrarse a Dios».

No sé cuál fue la intención de ese encuentro y no me corresponde juzgarla.

Lo que sí me corresponde decir, como lectura política y no como hecho probado, es que ese episodio, tal como ha sido descrito, no corresponde a la actuación que yo esperaría de quien ejerce el poder con el deber de proteger a las víctimas.

Virna Johnson e Ingrid Padilla están hoy en un momento decisivo. Parecieran enfrentarse a una elección entre la lealtad al liderazgo político al que pertenecen y el deber de escuchar y acompañar a las mujeres que han decidido denunciar.

A su turno, Rafael Martínez es percibido por amplios sectores de la opinión pública como el campeón del cinismo, de la hipocresía y de la ausencia de empatía.

Ha descalificado sistemáticamente a las mujeres víctimas violentadas que han presentado hechos, evidencias y testimonios, que a muchísimas personas del país le han resultado desgarradoras.

Para Martínez, el dolor expuesto por las mujeres víctimas, solo se trata del resultado de una supuesta manipulación de testigos.

Este comportamiento resulta particularmente grave porque él conoce a varias de esas mujeres. Compartió con ellas espacios de trabajo en distintas administraciones e, incluso, espacios de militancia dentro del mismo proyecto político.

En los últimos días, los principales dirigentes de esa organización política han promovido una estrategia de legitimación espúrea, basada, entre otras cosas, en la movilización pública de mujeres cercanas a su entorno político, contratistas o personas que mantienen relaciones de subordinación laboral.

Y que se soporta en un entorno político de Caicedo en el que se encuentra a quienes siempre callaron por cálculo o por conveniencia.

Se trata de una estrategia que, hasta ahora, les ha resultado políticamente eficaz.

¿Cuántas otras víctimas reales habrán quedado invisibilizadas, ocultas detrás de esa cultura de silencio, de ocultamiento y de desinformación?

Pero esto no es algo nuevo.

Desde que Carlos Caicedo era rector de la Universidad del Magdalena circulaban versiones que lo asociaban con el acoso sexual y el maltrato hacia las mujeres.

Hay víctimas que han declarado que en los pasillos de la Universidad del Magdalena se decía que las «chicas de protocolo» constituían el harén personal de Caicedo.

Incluso, algunas personas las llamaban las «Chicas de PROTOCULO» y sostenían que una de sus funciones era estar disponibles sexualmente para el entonces rector.

Más allá de la veracidad de esas versiones —que hoy corresponde esclarecer a la justicia cuando sea procedente—, lo que sí resulta revelador es que una comunidad universitaria hubiera normalizado ese tipo de relatos hasta convertirlos en parte de su lenguaje cotidiano.

Esa sola circunstancia ya constituye una señal de alarma.

Una señal grosera de la instrumentalización de las mujeres.

Pero también de algo más profundo: la naturalización de un orden donde el poder masculino parecía ejercerse sobre los cuerpos de mujeres jóvenes y, muchas veces, en condiciones de vulnerabilidad.

Se trata de una cultura tolerante con este tipo de abusos que, en lugar de nombrarlos, terminó convirtiéndolos en motivo de burla.

Un síntoma que durante años fue ignorado y que, en mi opinión, terminó trasladándose como parte del ADN político de Fuerza Ciudadana.

Me refiero a una cultura marcada por la misoginia, por prácticas patriarcales y por una lógica de silencio y encubrimiento como condición para permanecer, ascender o conservar espacios de poder.

¿Cómo podemos entender el comportamiento de algunas mujeres que hoy respaldan a un dirigente señalado por estos hechos?

Seguirá existiendo un sector de mujeres que respalde y encubra políticamente a Carlos Caicedo.

Algunas lo harán por lealtad.

Otras porque les resulta demasiado difícil aceptar que un dirigente al que han admirado durante tantos años pudiera haber cometido delitos de semejante gravedad.

Otras por admiración personal.

Y también existen casos de misoginia internalizada: esa forma de violencia cultural en la que algunas mujeres terminan reproduciendo discursos o comportamientos que perjudican a otras mujeres.

También, por supuesto, algunas seguirán apoyándolo por incentivos materiales o por razones de poder.

En cualquier caso, a partir de ahora nadie podrá alegar desconocimiento de estas denuncias.

Expreso mi solidaridad con las mujeres que han tenido el valor de denunciar y con la familia que hoy busca justicia para una niña.

Expreso también mi respeto por el trabajo periodístico que ha documentado estos hechos con rigor, incluyendo a quienes han enfrentado amenazas de acciones legales por informar.

A la gente de Santa Marta no le pido que condene a nadie antes de que la justicia se pronuncie.

Le pido que no olvide.

Y que exija que estos procesos avancen con garantías para todas las partes, incluidas las personas investigadas y, sobre todo, las víctimas que esperan ser escuchadas.

Por el bien del país y por la dignidad de las mujeres, lo más urgente es que existan garantías reales para las víctimas y una justicia efectiva y oportuna.

Y les digo a todas las mujeres que han sido víctimas de cualquier forma de violencia: no permitan que les arrebaten también la voz.

Denunciar nunca debería ser un acto de valentía extraordinaria. Debería ser un derecho ejercido con garantías.

Porque solo cuando una mujer denuncia, la vergüenza empieza a cambiar de lugar.

Deja de estar sobre quien sufrió la violencia y pasa a quien la ejerció.