La Comisión de Acusaciones o el arte de no decidir

El Pacto Histórico no puede blindar solo a Gustavo Petro, pero tampoco existe una mayoría estable para juzgarlo. Entre ambos extremos quedan nueve votos bisagra y una Comisión especializada en dejar que el tiempo haga el trabajo sucio.

 Por Víctor Rodríguez Fajardo — El Man del Sombrero

“Pica pollo, que la noche es larga”. Así dicen en las cantinas del Caribe cuando la verdadera fiesta apenas comienza.

La elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado fue apenas el primer trago. En agosto vendrá la Contraloría. El designado ministro del Interior ya parece perder altura antes de despegar. Y mientras algunos celebran la llegada de una nueva derecha que cree haber descubierto la pólvora, Álvaro Uribe sigue sentado en la hamaca recordando que el poder no siempre lo ejerce quien gana las elecciones, sino quien entiende cómo funciona el Congreso.

La lección de la semana es sencilla: cuando llega la hora de distribuir el poder institucional, la polarización ideológica deja de ser una religión y se convierte en una herramienta negociable.

Ver al Pacto Histórico y al Centro Democrático votando del mismo lado sorprendió a muchos. A mí no. En política, los enemigos permanentes existen en los discursos; los aliados circunstanciales aparecen cuando se cuentan los votos.

Y precisamente ahí comienza la verdadera historia.

Porque mientras el país discutía quién se quedaba con la presidencia del Senado, casi nadie prestó atención a otra elección mucho más silenciosa: la conformación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Puede parecer una comisión más, pero no lo es. Es el lugar donde los procesos contra Gustavo Petro empezarán a entenderse menos desde el derecho y más desde la geopolítica parroquial de los congresistas.

No porque la ley deje de importar, sino porque en Colombia la ley casi siempre necesita votos para caminar.

La comisión que aprendió a domesticar el tiempo

La Comisión de Acusaciones carga desde hace décadas un apodo tan injusto como merecido: la “comisión de absoluciones”.

No porque absuelva formalmente a todos, sino porque descubrió un mecanismo mucho más eficiente: administrar el tiempo.

Un expediente puede sobrevivir años entre impedimentos, recusaciones, solicitudes de pruebas, cambios de investigador, nuevos ponentes y discusiones procedimentales. Cuando finalmente alguien vuelve a hablar de él, el país ya está pendiente de otro escándalo, otro gobierno o una nueva campaña presidencial.

En política, archivar es una decisión. Pero aplazar suele ser una decisión todavía más inteligente.

La Comisión no siempre necesita declarar inocente a nadie. Le basta con conseguir que el expediente envejezca.

El verdadero mapa del poder

La nueva composición explica por qué.

Cinco representantes pertenecen al Pacto Histórico. Tres al Centro Democrático. Los nueve restantes se distribuyen entre liberales, conservadores, Cambio Radical, La U y las circunscripciones especiales de paz.

La lectura superficial diría que el petrismo quedó lejos de controlar la Comisión.

La lectura política dice otra cosa: tampoco existe una mayoría estable para derrotarlo.

Ese detalle cambia por completo el tablero.

El Pacto no necesita dominar la Comisión. Le basta con impedir que los demás construyan una mayoría consistente. Y en un organismo donde cada voto carga compromisos regionales, ambiciones personales y relaciones con el poder, fragmentar a la mayoría contraria puede ser más útil que tener la propia.

Ahí aparece la primera protección indirecta para Gustavo Petro.

No porque tenga garantizada la absolución, sino porque nadie tiene garantizada la acusación.

Una noche de rumba no es un matrimonio

Muchos interpretan la elección de Honorio Henríquez como el nacimiento de una gran alianza entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático.

No necesariamente.

Fue un acuerdo. Y los acuerdos tienen fecha de vencimiento.

Una cosa es unirse para derrotar al candidato respaldado por el presidente electo. Otra muy distinta es asumir juntos el costo político de impulsar un proceso contra un expresidente.

Trasladar automáticamente esa alianza a la Comisión de Acusaciones sería confundir una noche de rumba con un matrimonio católico.

Allí no se elige una mesa directiva ni se reparten honores ceremoniales. Se tramitan procesos que pueden atravesar la Cámara, llegar al Senado y producir consecuencias políticas o jurídicas. También se construyen precedentes que mañana pueden afectar al mandatario de turno.

Por eso los incentivos cambian.

¿Conviene incendiar el Congreso con Petro cuando todos necesitan negociar con Abelardo?

¿Qué precedente se deja para cuando el investigado sea alguien del propio sector?

¿Vale la pena convertir a Petro en víctima política?

¿Es mejor cerrar el expediente o conservarlo abierto como instrumento de presión?

Esas preguntas rara vez se responden leyendo solamente la Constitución.

Se responden leyendo el tablero.

Los nueve votos que nadie controla

La llave está en los nueve integrantes restantes.

Tres liberales, dos conservadores, uno de la U, uno de Cambio Radical y dos representantes de las CITREP.

Nueve votos. Exactamente los necesarios para formar mayoría en una comisión de diecisiete miembros.

Pero esos nueve no son una bancada. No obedecen a una sola jefatura ni comparten un mismo interés.

Los liberales llegarán con sus divisiones internas y sus compromisos cruzados. Los conservadores medirán cuidadosamente su relación con el gobierno entrante. Cambio Radical y La U harán lo que históricamente mejor saben hacer: esperar hasta conocer el verdadero valor político de cada decisión.

Las curules de paz tampoco responden por completo a la lógica tradicional de Bogotá. Sus votos estarán atravesados por relaciones territoriales, demandas de representación, acceso al Estado y supervivencia política.

Nueve votos. Nueve historias. Nueve cálculos distintos.

No forman una mayoría permanente, pero son el territorio donde se negociará cada mayoría posible.

Eso convierte a la Comisión en un espacio ideal para no decidir.

Porque cuando nadie controla por sí solo los votos, el expediente deja de ser solamente un problema jurídico y se convierte en un activo político.

Los expedientes también hacen política

Existe una idea equivocada según la cual un proceso solo sirve cuando termina con una condena.

En política suele ocurrir lo contrario.

Muchas veces un expediente abierto resulta más útil que uno resuelto. Mientras permanece vivo puede convertirse en mecanismo de presión, elemento de negociación, amenaza silenciosa o moneda de cambio.

Cerrarlo elimina ese valor.

Por eso la Comisión de Acusaciones rara vez trabaja bajo la lógica de la urgencia. Trabaja bajo la lógica de la oportunidad.

Y la oportunidad casi nunca coincide con el calendario judicial.

Coincide con el calendario político.

No siempre se requiere corrupción para explicar esa parálisis. Basta con la lógica de supervivencia de cualquier actor que piense más allá de una legislatura.

Y en Colombia casi todos piensan en la siguiente elección.

La nueva geometría del Congreso

La elección de Honorio Henríquez dejó una enseñanza que probablemente acompañará todo el gobierno de Abelardo de la Espriella.

El Congreso acaba de demostrar que la polarización tiene límites.

Cuando se trata de controlar instituciones, repartir dignidades o construir mayorías, los discursos ideológicos pueden guardarse unas horas mientras aparecen las calculadoras.

Eso cambia la lectura de los próximos cuatro años.

Ya no bastará con preguntar quién está en el gobierno y quién está en la oposición. Habrá que preguntar quién necesita a quién en cada votación.

Porque las mayorías ya no serán permanentes.

Serán itinerantes.

Y en una democracia de mayorías itinerantes, cada expediente puede adquirir un precio distinto según el día, el escándalo y la negociación de turno.

El verdadero debate

Por eso el debate no consiste en preguntarse si Gustavo Petro será condenado o absuelto.

La pregunta correcta es otra:

¿Existe hoy una mayoría política con incentivos suficientes para llevar esos procesos hasta el final?

Después de observar la composición de la Comisión, mi respuesta es no.

El Pacto Histórico no tiene votos para blindar por sí solo al expresidente. Pero tampoco existe una mayoría política articulada y estable para juzgarlo.

Entre ambos extremos quedan nueve votos bisagra capaces de abrir la puerta, cerrarla o dejarla entreabierta durante años.

La evidencia aportará los hechos. La Constitución fijará el procedimiento. Pero el ritmo del expediente seguirá marcándolo la política.

Porque esa ha sido siempre la verdadera especialidad de la Comisión de Acusaciones.

No absolver presidentes.

Ni condenarlos.

Administrar el tiempo hasta que el tiempo termine decidiendo por ella.