Connect with us

La Firma

El futuro del juego en Colombia: regular antes que prohibir

Published

on

El sector de los juegos de suerte y azar en Colombia atraviesa una transformación que probablemente será mucho más profunda de lo que hoy imaginamos. Las apuestas deportivas en línea fueron apenas el comienzo. La inteligencia artificial, los mercados de predicción, los nuevos medios de pago y la aparición constante de productos digitales están desdibujando las fronteras tradicionales entre juego, apuesta, entretenimiento y tecnología.

Colombia tiene una ventaja importante: cuenta con un mercado regulado que ha permitido formalizar buena parte de la actividad y generar recursos significativos para el sistema de salud. Sin embargo, esa fortaleza también supone una responsabilidad. El modelo regulatorio debe evolucionar al mismo ritmo que una industria en permanente transformación.

El problema es que la innovación tecnológica avanza mucho más rápido que las normas. Mientras una ley puede tardar años en ser discutida, aprobada y reglamentada, una plataforma digital puede alcanzar millones de usuarios en pocos meses. Esa diferencia obliga a pensar en una regulación más flexible, técnica y capaz de anticiparse a los cambios.

Un ejemplo son los mercados de predicción como Kalshi o Polymarket. Más allá de la discusión jurídica sobre su naturaleza y de las restricciones que puedan existir en determinados países, su crecimiento internacional demuestra la aparición de una modalidad que merece ser estudiada con detenimiento.

La pregunta para Colombia no debería limitarse a decidir si estas plataformas deben permitirse o prohibirse. Lo razonable sería analizar cuáles de estas nuevas modalidades podrían incorporarse de manera responsable al mercado regulado, bajo qué condiciones, qué riesgos generan y qué beneficios podrían representar para el país.

La prohibición siempre será necesaria frente a actividades incompatibles con el ordenamiento jurídico o que generen riesgos inaceptables. Pero utilizarla como respuesta automática frente a toda innovación puede resultar contraproducente. Cuando existe demanda por un producto digital, una prohibición que no pueda hacerse efectiva puede simplemente desplazar esa actividad hacia operadores ilegales que no pagan impuestos, no protegen al consumidor y están fuera del alcance efectivo de las autoridades.

Por eso Colombia debería considerar herramientas como los sandboxes regulatorios. Estos permiten probar nuevos productos en ambientes controlados, durante un periodo limitado y bajo reglas previamente definidas por la autoridad. No se trata de desregular, sino precisamente de regular mejor: experimentar, recopilar información, identificar riesgos y tomar decisiones basadas en evidencia antes de autorizar definitivamente una modalidad.

Otro desafío esencial es el juego ilegal. Internet hace cada vez menos eficaz una estrategia basada exclusivamente en bloquear páginas web. Los operadores pueden cambiar dominios, utilizar nuevos canales de acceso o modificar rápidamente su infraestructura tecnológica.

La supervisión del futuro deberá apoyarse en analítica de datos, inteligencia artificial, trazabilidad financiera y cooperación con entidades financieras, proveedores tecnológicos y plataformas digitales. El regulador debe tener capacidad para identificar patrones, anticipar riesgos y actuar con mayor velocidad.

También será necesario fortalecer la cooperación internacional. Los mercados digitales no reconocen fronteras con la misma facilidad que lo hacen las normas nacionales. Un operador puede estar constituido en un país, utilizar infraestructura tecnológica ubicada en otro y ofrecer servicios a jugadores colombianos desde cualquier lugar del mundo. Intercambiar información y experiencias con otros reguladores será cada vez más importante.

A esto se suma un debate inevitable: la tributación. Un mercado legal excesivamente gravado puede perder competitividad frente al mercado ilegal. Pero una carga demasiado baja puede desaprovechar una fuente importante de recursos públicos. El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre recaudo, competitividad, protección del consumidor y sostenibilidad de los operadores legales.

Colombia tiene una oportunidad importante: dejar de reaccionar frente a cada nueva modalidad cuando ya está masificada y comenzar a anticipar hacia dónde se dirige el mercado.

El debate no debería ser entre permitirlo todo o prohibirlo todo. El verdadero desafío es construir una regulación inteligente: suficientemente flexible para permitir la innovación, suficientemente rigurosa para proteger al consumidor y suficientemente técnica para distinguir qué productos pueden incorporarse responsablemente, cuáles requieren límites especiales y cuáles definitivamente no deberían tener cabida.

En un mercado que cambia a enorme velocidad, llegar tarde también tiene un costo. Regular antes que prohibir no significa debilitar el control del Estado. Significa hacerlo más moderno, efectivo e inteligente.