LA SIERRA DESPUÉS DEL DIÁLOGO: ¿EL ESTADO O EL CLAN DEL GOLFO?

Celebramos toda acción que restablezca la autoridad legítima. El temor es que el Estado debilite a las ACSN, pero no tenga capacidad para impedir que el Clan del Golfo ocupe sus territorios.

Por: Víctor Rodríguez Fajardo
Análisis de Opinión Caribe, en articulación con El Callejero

El Gobierno de Abelardo de la Espriella terminó los acercamientos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y abrió una etapa de presión militar. La noticia verdaderamente importante para el Magdalena no está en la resolución firmada en Bogotá, sino en lo que suceda después en la Sierra Nevada, la Troncal del Caribe, Ciénaga y Zona Bananera.

Quienes vivimos y producimos aquí no podemos aceptar que organizaciones ilegales administren justicia, impongan horarios, cobren extorsiones o decidan quién puede trabajar. Los gobernados exigimos que se haga efectivo el principio de autoridad legítimamente constituida y que podamos ejercer nuestros derechos humanos sin miedo.

No pedimos contemplaciones para ninguna estructura criminal. Queremos que sea el Estado, y solamente el Estado, quien mande. La duda es si tiene capacidad para sacar a las ACSN y al Clan del Golfo, recuperar sus corredores y permanecer en ellos.

EL ELEFANTE ARMADO EN LA SIERRA

El Clan del Golfo no es un actor distante. La Defensoría del Pueblo ha documentado enfrentamientos con las ACSN en Palmor, Aracataca y otros puntos de la vertiente occidental de la Sierra Nevada.

Entre febrero y marzo de 2026, los combates en la zona rural de Aracataca provocaron desplazamientos y obligaron a realizar misiones humanitarias. Organizaciones sociales reportaron alrededor de 275 desplazados, pertenecientes a 55 familias de Fuente Alta, Fuente Baja, Cerro Azul, Las Margaritas y Chimborazo.

Una crónica de Colombia+20 documentó videos grabados por habitantes mientras las ráfagas los obligaban a encerrarse o abandonar sus viviendas. En los caminos permanecieron cadáveres sin que las autoridades pudieran ingresar oportunamente. Una mujer embarazada habría perdido a su bebé sin recibir atención médica inmediata.

No sería exacto afirmar que el Clan del Golfo nunca ha entrado. Ha penetrado corredores, combatido y establecido presencia en algunos puntos. Lo que no ha conseguido es desplazar completamente a las ACSN ni consolidar el predominio alcanzado en otras regiones.

La Sierra Nevada y la Troncal del Caribe continúan siendo su gran conquista inconclusa.

DOS FUERZAS DESIGUALES

El Clan del Golfo es considerado la estructura armada ilegal de mayor alcance nacional. Las estimaciones divulgadas durante el proceso adelantado por el Gobierno anterior situaban su fuerza alrededor de los 9.000 integrantes y su operación en aproximadamente 130 municipios.

Las ACSN tienen una dimensión menor y una concentración predominantemente regional. Su poder no se mide solamente contando hombres y fusiles.

Heredaron redes construidas por el Frente Resistencia Tayrona, la Oficina del Caribe, Los Pachenca y las estructuras históricamente vinculadas con Hernán Giraldo. Esa genealogía criminal les dejó conocimiento de las montañas, relaciones locales, mecanismos de control social y acceso a economías ilegales.

Ese arraigo explica por qué el Clan del Golfo no ha podido entrar como Pedro por su casa. También permite entender el riesgo: cada repliegue de las ACSN podría convertirse en una oportunidad para su enemigo si el Estado no ocupa inmediatamente el espacio.

ABELARDO PROMETIÓ RECUPERAR EL TERRITORIO

La seguridad fue el eje de la campaña de De la Espriella. Prometió terminar la “paz total”, recuperar el monopolio estatal de las armas, desplegar la Fuerza Pública, reanudar bombardeos, extraditar cabecillas y capturar durante sus primeros 90 días a diez jefes de organizaciones ilegales.

Entre sus objetivos incluyó a Jobanis de Jesús Ávila, alias “Chiquito Malo”, jefe del Clan del Golfo, y a Naín Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, señalado como mando de las ACSN. Por tanto, no puede afirmarse que haya excluido al Clan de sus prioridades.

La promesa tiene respaldo político, aunque no completamente propio. Salvación Nacional, colectividad que avaló su candidatura, representa una fracción pequeña del Congreso. Su gobernabilidad depende del Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical y otros sectores tradicionales.

Abelardo tiene discurso, aliados y mando constitucional. Ahora debe mostrar capacidad operativa.

¿CON QUÉ FUERZA?

En abril, la Gobernación y el Ministerio de Defensa anunciaron operativos permanentes en la Ciénaga Grande y la Sierra Nevada. Después se informaron refuerzos policiales y militares en algunos corredores.

Los anuncios conocidos no permiten establecer cuántos uniformados quedarán asignados permanentemente, cómo serán distribuidos, qué capacidad aérea y de inteligencia tendrán ni durante cuánto tiempo permanecerán.

Tampoco existe información pública consolidada sobre el número de fiscales e investigadores dedicados exclusivamente a extorsiones, homicidios y estructuras armadas en los municipios afectados.

Esa opacidad impide medir la distancia entre la promesa y la capacidad real.

Una organización ilegal puede reemplazar rápidamente a un hombre capturado. El Estado necesita identificar sus redes financieras, judicializar a los responsables, proteger a los testigos y controlar una geografía montañosa con numerosos accesos.

El dirigente bananero José Francisco Zúñiga recordó que el Gobierno anterior anunció la creación del Distrito Quinto de Policía para Zona Bananera, pero, según el gremio, la iniciativa no llegó a concretarse. Es un antecedente que obliga a mirar con cautela los nuevos anuncios.

LA VOZ DE QUIENES PONEN EL PECHO

El 28 de agosto, hombres armados habrían ingresado a fincas de Portón de Morán, Río Frío y Orihueca para intimidar trabajadores, interrumpir el corte y empaque del banano e imponer exigencias extorsivas.

José Francisco Zúñiga, presidente de Asbama, advirtió que no se trataba de una situación aislada:

“Esto ha venido recurrentemente pasando y ayer me llamaron ya con una alerta por la forma y todo como había sido el accionar de uno de estos grupos al margen de la ley, intimidando a la gente que pone el pecho, a quienes producen, a quienes generan empleo formal”.

La gobernadora Margarita Guerra reclamó una respuesta conjunta de la Nación, el departamento y la Fuerza Pública. La alcaldesa Clareth Olaya pidió militarizar los puntos críticos.

Las autoridades deberán establecer quiénes participaron. Atribuir los hechos sin pruebas sería irresponsable; investigarlos como episodios desconectados también lo sería.

EL DÍA SIGUIENTE

La recuperación territorial no se mide únicamente por capturas, muertos en operaciones o armas incautadas. El indicador definitivo será si un campesino puede denunciar, un bananero puede negarse a pagar y una comunidad indígena puede transitar sin autorización de hombres armados.

El Gobierno debe informar cuántos uniformados e investigadores asignará, qué corredores priorizará y cómo protegerá a las comunidades. Tampoco basta con capturar a “Chiquito Malo” o a “Bendito Menor”: si no se desmantelan sus redes financieras y territoriales, otros ocuparán sus lugares.

Opinión Caribe y El Callejero harán seguimiento a capturas, amenazas, extorsiones, desplazamientos y movimientos territoriales para establecer si forman parte de un reacomodo criminal.

Queremos que las acciones del Gobierno tengan resultados y que el Estado recupere plenamente su autoridad. Lo que no aceptaremos es que la salida de una organización se convierta en la puerta de entrada de otra.

Porque si retroceden los Conquistadores y avanza el Clan del Golfo, no habremos recuperado la Sierra.

Simplemente le habrán cambiado el letrero al miedo.