LA VÍA DE LOS $14.236 MILLONES QUE NO PASÓ LA PRUEBA DEL ZAPATO

La diputada Ángela Cedeño denunció hundimientos, parches y deterioro prematuro en el corredor entre San Sebastián de Buenavista y La Pacha. La inspección política encendió las alarmas, pero será una evaluación técnica la que determine la calidad de la obra y las posibles responsabilidades.

Por Víctor Rodríguez Fajardo

Las carreteras rurales tienen una auditoría que no necesita corbata: el zapato del campesino, la llanta de la motocicleta y el camión que intenta sacar la cosecha.

La vía entre San Sebastián de Buenavista y el corregimiento de La Pacha acaba de reprobar esa primera inspección popular.

La diputada Ángela Cedeño recorrió el corredor y mostró hundimientos, parches y desprendimientos en una obra cuya inversión reportada asciende a $14.236 millones. Según su denuncia, los recursos no se reflejan en una infraestructura con la calidad esperada.

“Cuando dijimos que veníamos para La Pacha, vinieron a hacerle parcheo. Vean el parcheo, la reparación, el mantenimiento”, manifestó la diputada mientras enseñaba el estado de varios tramos.

MEJORAMIENTO EN EL PAPEL, PARCHEO EN LA CARRETERA

El cuestionamiento central no consiste únicamente en que la vía presente daños. Lo grave sería que estos aparecieran poco tiempo después de una intervención contratada precisamente para mejorarla.

Cedeño señaló al exgobernador Rafael Martínez, al entonces secretario de Infraestructura y supervisor del proyecto, Efraín Vargas Corbacho, y al Consorcio Vías Terciarias 2024, contratista encargado de la ejecución.

Esas son atribuciones formuladas dentro de un ejercicio de control político, no responsabilidades administrativas, fiscales, disciplinarias o penales establecidas por autoridad competente. Los señalados tienen derecho a explicar el alcance de la obra, su estado de recibo, las garantías vigentes y las obligaciones de mantenimiento.

La publicación de la denuncia exige escuchar esas respuestas. También debe conocerse el pronunciamiento de la Gobernación actual y de la interventoría, porque un video puede mostrar el daño, pero no determina por sí solo su origen.

LAS PREGUNTAS DE LOS $14.236 MILLONES

Para pasar del escándalo a la investigación se necesita abrir el contrato completo.

¿Cuántos kilómetros fueron contratados? ¿Cuál era la solución técnica prevista? ¿Se utilizó pavimento, placa huella, tratamiento superficial o emulsión asfáltica? ¿Quién aprobó los materiales? ¿La obra fue recibida a satisfacción? ¿Existen pólizas de estabilidad? ¿Se han presentado informes de incumplimiento?

También debe establecerse si los deterioros obedecen a deficiencias constructivas, fallas en los diseños, problemas de drenaje, tránsito de vehículos con cargas superiores a las previstas o ausencia de mantenimiento.

Sin esas respuestas, la discusión puede terminar convertida en otra pelea entre gobierno y oposición mientras la comunidad sigue cayendo en los mismos huecos.

UNA REGIÓN ACOSTUMBRADA A PAGAR DOS VECES

En el Magdalena conocemos bien el ciclo: se anuncia la obra, se inaugura, aparecen las fallas y luego se solicitan nuevos recursos para reparar lo que supuestamente ya había sido mejorado.

La propia Asamblea aprobó recientemente financiación para nuevas intervenciones viales en San Sebastián de Buenavista. Antes de comprometer más dinero, el departamento debería explicar qué ocurrió con los $14.236 millones anteriores.

Si la obra tiene garantías, deben hacerse efectivas. Si hubo deficiencias, deben individualizarse las responsabilidades. Y si el contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, corresponde explicar por qué una carretera “mejorada” luce como si apenas hubiese recibido maquillaje.

Porque el control fiscal no puede comenzar cuando desaparece la carretera. Debe comenzar cuando aparece el primer parche.