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Así están las finanzas de Santa Marta: recaudo, endeudamiento e inversiones
Tras la visita de Fitch Ratings, el secretario de Hacienda de Santa Marta, Gonzalo Gutiérrez, entregó a Opinión Caribe un balance de las finanzas del Distrito. Reconoció dificultades en el recaudo predial, una cartera pendiente superior a $400.000 millones y explicó los avances de más de 100 proyectos de inversión, el endeudamiento autorizado por $407.000 millones y las razones por las que descarta un regreso a la Ley 550.
Por: Arnol Sarmiento
La situación de las finanzas públicas de Santa Marta volvió a estar bajo evaluación tras la reciente visita de la calificadora de riesgo Fitch Ratings, que adelantó una revisión de los ingresos, gastos, compromisos financieros y capacidad de endeudamiento del Distrito. En entrevista con Opinión Caribe, el secretario de Hacienda, Gonzalo Gutiérrez, entregó un balance sobre el comportamiento de las finanzas distritales, las dificultades del recaudo tributario y las inversiones que actualmente ejecuta la administración del alcalde Carlos Pinedo Cuello.
De acuerdo con el funcionario, la visita correspondió al proceso anual de debida diligencia que realiza Fitch Ratings para revisar la calificación de riesgo crediticio de Santa Marta. Durante el encuentro se examinaron las ejecuciones presupuestales, el comportamiento de los ingresos y gastos, las vigencias futuras excepcionales y el cupo de endeudamiento autorizado por el Concejo Distrital, que asciende a $407.000 millones.
Asimismo, la administración presentó información sobre más de 100 proyectos financiados con recursos de crédito interno, así como sobre la operación de crédito externo con CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que ya cuenta con concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y se encuentra en proceso de revisión por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
También se expusieron los mecanismos de financiación previstos para la planta de tratamiento de agua potable de El Curval, entre ellos una operación de crédito proveedor vinculada a la Empresa de Desarrollo Urbano de Santa Marta.
Poder&Gobierno | “El Distrito tiene que recuperar lo que corresponde a los recursos que son necesarios para poder financiar la infraestructura que tanto necesita la comunidad samaria”, sostuvo.
“Si bien el recaudo predial se ha aumentado en porcentaje en la facturación corriente, no es el porcentaje que estamos esperando nosotros a nivel distrital”, manifestó.
“Por lo pronto, el Distrito no está inmerso en una causal para entrar nuevamente a Ley 550”, afirmó.
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— Opinión Caribe (@opinioncaribe) October 15, 2026
Gutiérrez señaló que la evaluación incluyó las estrategias de desarrollo económico y los beneficios tributarios establecidos mediante acuerdos del Concejo Distrital para incentivar la llegada de nuevas empresas.
Sin embargo, la visita de Fitch Ratings no representa por sí misma una ratificación o modificación de la calificación crediticia. El resultado dependerá del análisis que realice la firma sobre la información financiera e institucional suministrada.
Recaudo predial: una de las principales dificultades financieras
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el comportamiento del impuesto predial, un asunto sobre el cual Opinión Caribe ya había advertido dificultades en septiembre, cuando el secretario de Hacienda reconoció que una proporción importante de la facturación corriente permanecía sin pagarse.
En esta nueva actualización, Gutiérrez confirmó que el Distrito ha recaudado más de $105.000 millones por concepto de impuesto predial, aunque admitió que los resultados continúan por debajo de las expectativas de la administración.
“Si bien el recaudo predial se ha aumentado en porcentaje en la facturación corriente, no es el porcentaje que estamos esperando nosotros a nivel distrital”, manifestó.
La meta de Hacienda es alcanzar una cifra cercana a los $150.000 millones al cierre del 31 de diciembre de 2026. Con el balance entregado por el funcionario, todavía falta recaudar alrededor de $45.000 millones para cumplir ese propósito.
La situación resulta especialmente significativa al considerar que la cartera de obligaciones tributarias no prescritas supera los $400.000 millones, de los cuales, según Gutiérrez, se ha recuperado menos del 8 %.
Esta cartera acumulada constituye un desafío para la administración, debido a que representa recursos pendientes de recuperación que podrían contribuir a la financiación de obras y programas distritales.
Embargos y beneficios tributarios para recuperar la cartera
Ante este escenario, la Secretaría de Hacienda viene implementando una estrategia que combina procesos de cobro coactivo con propuestas de incentivos para los contribuyentes morosos.
Por un lado, la administración adelanta procedimientos de embargo contra quienes registran mayores obligaciones pendientes, mediante un análisis orientado a identificar a los contribuyentes con deudas más elevadas y facturaciones corrientes significativas.
Por otro, el Concejo Distrital estudia una propuesta de beneficios tributarios que busca facilitar la normalización de las obligaciones fiscales y estimular el pago de impuestos.
El secretario explicó que los ciudadanos también pueden acceder a acuerdos de pago, mediante los cuales se establece un abono inicial equivalente al 30 % de la obligación y la posibilidad de distribuir el saldo restante en 11 cuotas mensuales.
No obstante, advirtió que quienes no regularicen sus obligaciones podrían enfrentar procedimientos de embargo y secuestro de bienes, con la posibilidad de llegar hasta su remate, de acuerdo con las etapas legales correspondientes.
“El Distrito tiene que recuperar lo que corresponde a los recursos que son necesarios para poder financiar la infraestructura que tanto necesita la comunidad samaria”, sostuvo.
¿Santa Marta está en riesgo de regresar a la Ley 550?
Frente a las inquietudes sobre la sostenibilidad fiscal de Santa Marta y la posibilidad de que la ciudad deba acogerse nuevamente a un proceso de reestructuración de pasivos bajo la Ley 550, Gutiérrez aseguró que actualmente no identifica circunstancias que hagan necesario ese escenario.
El funcionario reconoció que existen acreencias pendientes y procesos judiciales contra el Distrito, pero indicó que la administración ha logrado atender parte de esas obligaciones mediante el fortalecimiento del recaudo y la suscripción de acuerdos de pago.
“Por lo pronto, el Distrito no está inmerso en una causal para entrar nuevamente a Ley 550”, afirmó.
Explicó que algunas obligaciones continúan incorporadas al programa de saneamiento fiscal y financiero, mientras otras permanecen en revisión para determinar su procedencia.
Sin embargo, su declaración estuvo acompañada de una salvedad: la aparición de obligaciones extraordinarias no contempladas en las proyecciones financieras podría modificar el panorama.
De esta manera, la Secretaría de Hacienda descarta por ahora la necesidad de acogerse a la Ley 550, aunque reconoce la existencia de compromisos financieros y obligaciones pendientes. Esta valoración corresponde al balance presentado por el funcionario y no sustituye la evaluación independiente de la situación fiscal.
Inversiones y compromisos de endeudamiento
Sobre la capacidad del Distrito para continuar desarrollando proyectos de infraestructura, Gutiérrez explicó que la administración ha recurrido al cupo de crédito autorizado por el Concejo Distrital, cuyo límite es de $407.000 millones.
Estos recursos respaldan diferentes intervenciones que se ejecutan en la ciudad, entre ellas proyectos de infraestructura educativa, obras viales, colectores pluviales y trabajos asociados al programa Transformando Mi Barrio.
Uno de los proyectos más importantes es la planta de tratamiento de agua potable de El Curval, contemplada dentro de las estrategias para enfrentar las dificultades de abastecimiento que afectan a Santa Marta.
El secretario precisó que esta iniciativa tiene un horizonte de ejecución aproximado de 44 meses, por lo que su desarrollo no representa una solución inmediata a la problemática del agua.
En ese sentido, señaló que la administración deberá continuar adelantando medidas complementarias para mitigar las dificultades de abastecimiento mientras avanzan las obras estructurales.
El desafío: aumentar los ingresos sin comprometer la estabilidad fiscal
Las declaraciones del secretario de Hacienda permiten identificar dos realidades que enfrenta Santa Marta: por un lado, la administración sostiene que cuenta con condiciones para responder a sus compromisos y continuar ejecutando inversiones; por otro, persisten dificultades para recuperar la cartera tributaria y alcanzar las metas de ingresos proyectadas.
La revisión de Fitch Ratings cobra relevancia en este contexto, pues permitirá evaluar la capacidad crediticia del Distrito frente a sus obligaciones financieras, su comportamiento presupuestal y las perspectivas de sostenibilidad de sus finanzas.
Aunque Hacienda descarta actualmente un escenario de reestructuración bajo la Ley 550, el cumplimiento de las metas de recaudo, la evolución de los compromisos de deuda y la ejecución de los proyectos financiados con crédito seguirán siendo determinantes para las finanzas de Santa Marta.
El principal interrogante es cuánto margen financiero conservará el Distrito para atender nuevas necesidades de inversión, mientras debe responder por obligaciones existentes y recuperar una cartera tributaria que supera los $400.000 millones.