Gobierno radicó la nueva ley de sometimiento ante el Congreso

El proyecto, presentado por el ministro de Justicia, Iván Cancino, establece nuevas condiciones para el sometimiento de organizaciones criminales. La iniciativa responde a la política de seguridad del presidente Abelardo De La Espriella y contempla el desarme, la entrega de bienes ilícitos, la judicialización y la recuperación del control territorial.

El Gobierno nacional radicó este martes 13 de octubre ante el Congreso de la República el proyecto de ley de sometimiento a la justicia, una iniciativa con la que el presidente Abelardo De La Espriella busca establecer un nuevo marco jurídico para enfrentar a las organizaciones armadas ilegales y facilitar su desmantelamiento bajo condiciones definidas por el Estado.

El documento, presentado por el ministro de Justicia, Iván Cancino, junto con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, propone modificar, adicionar y prorrogar la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, para establecer una política estatal permanente de seguridad y sometimiento.

Uno de los aspectos más relevantes es el tratamiento jurídico de las organizaciones armadas ilegales y terroristas, en concordancia con la directriz del presidente De La Espriella de considerar terroristas a los grupos criminales que operan en el territorio nacional.

El artículo 3 del proyecto establece una definición de Actores Armados Ilegales o Terroristas, que comprende organizaciones, grupos o estructuras que, independientemente de su tamaño, capacidad militar o incidencia frente a la Fuerza Pública, participen de manera relevante en economías ilícitas y tengan capacidad de cometer actos terroristas, afectar gravemente el orden público, comprometer la seguridad ciudadana o vulnerar los derechos de la población civil.

La propuesta también señala que el Consejo de Seguridad Nacional asesorará al presidente de la República en la calificación de estas organizaciones, conforme a la reglamentación correspondiente. Esto significa que el articulado establece criterios y mecanismos para su clasificación, sin que la radicación de la iniciativa implique automáticamente la declaratoria de todos los grupos como terroristas.

Sometimiento sin negociación política

El proyecto plantea que las organizaciones ilegales podrán acogerse voluntariamente a las condiciones fijadas por el Estado para abandonar las actividades criminales, entregar sus armas y avanzar hacia la legalidad.

A diferencia de los esquemas de negociación política, la iniciativa establece un procedimiento jurídico dividido en dos etapas.

La primera será administrativa y estará a cargo del Gobierno nacional. En ella, los representantes de las estructuras deberán presentar información sobre su organización, integrantes, armamento, zonas de influencia, bienes y economías ilícitas, así como datos relacionados con personas desaparecidas o secuestradas.

También deberán acordar una hoja de ruta que contemple el desarme, la entrega de bienes, la reincorporación de menores reclutados y las condiciones necesarias para facilitar la judicialización de sus integrantes.

La segunda fase corresponderá a las autoridades judiciales, que asumirán los procedimientos respectivos una vez recibida el acta de sometimiento.

De acuerdo con lo explicado por los ministros durante la presentación de la iniciativa, se contemplan reducciones de penas de hasta el 30 % para cabecillas y hasta el 50 % para otros integrantes, sujetas al cumplimiento de las condiciones legales y a sus aportes verificables a la justicia.

La Fuerza Pública mantendrá sus facultades

Otro punto relevante aparece en el artículo 2, que establece que los actos preparatorios para el sometimiento no suspenderán ni disminuirán las facultades de las autoridades civiles, militares y policiales para prevenir o intervenir.

Tampoco se verán afectadas las competencias de las autoridades judiciales, fiscales y disciplinarias para investigar, juzgar y sancionar conductas contrarias a la ley.

De esta manera, el Gobierno busca que los procesos de sometimiento no se conviertan en mecanismos que impidan las acciones institucionales contra las organizaciones criminales.

Recuperación del control territorial

La iniciativa incorpora el concepto de Intervención Territorial Integral (ITI), una estrategia que busca recuperar la presencia del Estado en los territorios afectados por las economías ilegales y la violencia.

Este modelo contempla acciones articuladas en materia de seguridad, justicia, desarrollo social y economía, encaminadas a sustituir las actividades criminales por alternativas productivas legales y sostenibles.

La propuesta adquiere especial relevancia para territorios como el Magdalena y la Sierra Nevada de Santa Marta, donde persiste la presencia de estructuras armadas ilegales y donde el Gobierno nacional dio por terminado el espacio de conversación sociojurídico con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Con la radicación del proyecto, el Ejecutivo abre un nuevo debate en el Congreso sobre el alcance de la política de sometimiento, los mecanismos de clasificación de organizaciones terroristas, los beneficios judiciales y las garantías para las víctimas.

La iniciativa fue presentada con mensaje de urgencia y deberá superar el trámite legislativo antes de convertirse en ley. Su discusión definirá el alcance de una de las principales apuestas del Gobierno nacional en materia de seguridad y lucha contra las estructuras criminales.