La salsa ética del poder

Por Víctor Rodríguez Fajardo — El Man del Sombrero

José Humberto Torres, defensor de derechos humanos, reaccionó al nombramiento de Carol Dau como secretaria de Salud del Magdalena con una pregunta: «¿Será que las funciones de inspección, vigilancia y control de los hospitales pasarán a manos de quienes tienen experiencia en el saqueo de los dineros públicos?».

La pregunta lleva una sospecha adentro. Torres debe precisar a quiénes atribuye esa experiencia, qué hechos invoca y cómo los conecta con la funcionaria. En el mensaje publicado, esa explicación queda pendiente. Los signos de interrogación también pueden servir para instalar una acusación sin identificar a su destinatario.

En nuestra política parroquial, las biografías pesan distinto según quién ocupe el poder y a quién le convenga recordar el pasado. Un aliado puede convertirse en interlocutor respetable mientras otro carga indefinidamente con sus antecedentes. Esa selección de respetabilidades es la salsa ética que merece examen.

Margarita Guerra llegó a la Gobernación desde el proyecto político de Carlos Caicedo y Rafael Martínez. Luego comenzó a ejercer autonomía: reorganizó el gabinete, dejó salir figuras del caicedismo y abrió relaciones con otros sectores. Su origen permanece; la dirección de su gobierno ya no puede darse por subordinada a quienes impulsaron su candidatura.

Torres conoce ese entorno. Fue secretario del Interior de Caicedo y secretario de Gobierno de Virna Johnson. Su intervención debe leerse también desde esa trayectoria política. Mi lectura es que el debate sobre los nombramientos ocurre dentro de una disputa por el mando: Margarita construye una coalición propia y reduce la capacidad de intermediación de su antigua casa política.

Los cambios en la red hospitalaria y en la Secretaría de Salud expresan ese reacomodo. Cada nombramiento comunica quién gana espacio. La obligación de demostrar idoneidad y transparencia alcanza tanto a los que llegan como a quienes estuvieron antes.

En ese escenario aparece Dieb Maloof. Su relación con Abelardo de la Espriella antecede a la Presidencia: el hoy mandatario fue su abogado en el proceso por parapolítica. Esa cercanía puede convertirlo en un puente entre la administración departamental y el Gobierno nacional. Para Margarita, un aliado con acceso a la Presidencia tiene un valor político adicional.

El antecedente de Maloof debe contarse completo: fue condenado por parapolítica y cumplió la pena que le impuso la justicia. La condena permanece en su biografía. También debe contar su cumplimiento. Recordar el delito y borrar de la valoración la pena cumplida deja incompleta la historia.

La reinserción tiene fundamento constitucional: quien cumplió una condena debe poder reconstruir su vida sin exclusiones desproporcionadas. Eso no elimina el escrutinio sobre sus actos actuales ni las restricciones legales aplicables. El pasado tampoco demuestra, por sí solo, nuevas conductas ni permite trasladar responsabilidades a quienes tuvieron una relación profesional con el condenado.

El país ya ha debido afrontar este debate en una escala mayor. El acuerdo firmado con las FARC durante el gobierno Santos abrió su reincorporación a la vida institucional y estableció sanciones propias, sin cárcel ordinaria, para quienes reconocieran responsabilidad y cumplieran las condiciones exigidas. La JEP impuso condenas con trabajos restaurativos y restricciones de derechos. A mi juicio, esas consecuencias resultan insuficientes frente a la gravedad de los crímenes. La existencia de una sentencia deja abierta la discusión sobre la justicia del castigo.

Después, Petro designó antiguos jefes paramilitares como gestores de paz. Esa condición no equivalía a una absolución judicial, pero sí les otorgaba un papel reconocido por el Gobierno. Desde la Presidencia se definían interlocutores con quienes construir una salida política.

Los regímenes judiciales son diferentes. El principio de reinserción debe mantenerse: quien lo reivindica para antiguos responsables de crímenes atroces tiene que reconocer también el valor de la pena cumplida por otros condenados. La posibilidad de reconstruir una vida no puede depender de la orilla política desde la cual se reclame.

Esa exigencia alcanza a Torres. La defensa de los derechos humanos compromete un principio universal: la dignidad se reconoce también en quien resulta incómodo para la propia corriente política. Convertir el pasado de una persona en sospecha sobre otra exige algo más que una asociación de nombres.

También alcanza al gobierno de Abelardo. Su cercanía con Maloof exige coherencia entre los pasados que cuestiona y las relaciones que conserva. La misma medida debe aplicarse a Santos, Petro, Abelardo y a los dirigentes de nuestra parroquia. Ninguna amistad presidencial convierte una trayectoria en intocable.

Carol Dau tiene una trayectoria propia. La información de la Gobernación registra experiencia como directora administrativa y financiera de Saludcoop en Santa Marta y asesora de planeación estratégica de La Misericordia, institución vinculada con Maloof, además de formación de posgrado en administración y experiencia docente. Esos antecedentes permiten reconocer experiencia pertinente en el sector. Le corresponde demostrar su capacidad en el cargo.

Margarita tendrá que mostrar que su autonomía sirve para gobernar y que sus alianzas producen resultados. La atención a los pacientes, el funcionamiento de la red hospitalaria y la transparencia en los recursos serán la medida de esa gestión. Haber cambiado de aliados no la exime de rendir cuentas; tampoco demuestra, por sí mismo, que haya entregado la salud al saqueo.

A Pedro Pueblo le sirve una secretaria capaz de resolver problemas. Para juzgarla hacen falta hechos, resultados y una misma medida. La salsa ética cambia de sabor demasiado fácilmente cuando cambia el dueño del poder.