El POT debe acercar a los samarios a la ciudad que necesitan

Para una familia que busca comprar su primera vivienda, el ordenamiento territorial puede parecer un asunto distante. Hasta que descubre que el proyecto que puede pagar no avanza, que el suelo disponible carece de servicios o que vivir más lejos significa gastar más tiempo y dinero en transporte. Allí, en esas decisiones cotidianas, se siente lo que un Plan de Ordenamiento Territorial logra resolver y lo que todavía deja pendiente.

La modificación excepcional del POT que se encuentra en trámite en Santa Marta representa una oportunidad para atender parte de esas dificultades. Desde Camacol Magdalena valoramos que la Administración Distrital haya abierto esta discusión y que el agua y el saneamiento básico ocupen un lugar central en la propuesta. Es una prioridad que compartimos y que merece el respaldo de la ciudad.

La incorporación de las Zonas de Gestión del Agua, conocidas como ZOGA, plantea una forma de organizar territorialmente las necesidades de abastecimiento, alcantarillado, tratamiento y drenaje. Bien estructurada y acompañada de inversiones, esta herramienta puede contribuir a relacionar las decisiones sobre el crecimiento urbano con la capacidad de prestar los servicios.

Ese esfuerzo debe traducirse en respuestas concretas: qué obras necesita cada zona, quién las ejecutará, cómo se financiarán y en qué plazo estarán disponibles. Para los hogares que ya viven allí y para quienes esperan acceder a una vivienda, la certeza sobre esas inversiones resulta fundamental.

Celebramos ese enfoque. Al mismo tiempo, consideramos que esta discusión debe ayudar a enfrentar otros rezagos del ordenamiento y de su puesta en marcha. Santa Marta también necesita más oportunidades de vivienda formal, mejores conexiones entre sus barrios, espacio público útil y equipamientos sociales cercanos a la gente.

La vivienda merece un lugar especialmente visible en esta agenda. Para ampliar las posibilidades de acceso, sobre todo a vivienda de interés social y prioritario, se necesita suelo con servicios, reglas comprensibles y condiciones que permitan desarrollar proyectos viables. Cada exigencia debe tener una justificación y guardar relación con la infraestructura y las condiciones del territorio. También debe evaluarse su efecto sobre el costo final de las viviendas.

Conviene revisar, con soporte técnico, cómo se articulan las densidades, la edificabilidad, las plataformas de estacionamiento, los usos y las obligaciones urbanísticas. Cuando esas reglas no conversan entre sí, pueden dificultar incluso los proyectos que la ciudad necesita. La claridad normativa le sirve al constructor que invierte, al funcionario que decide y, finalmente, a la familia que espera comprar.

También debemos mirar dónde estamos ofreciendo las oportunidades de vivienda. Aprovechar mejor los sectores con infraestructura y acceso al transporte puede acercar a las personas al empleo, al estudio y a los servicios. Esa posibilidad exige evaluar la capacidad de las redes, mejorar la movilidad y asegurar espacios públicos suficientes. La calidad de un barrio se construye con todos esos elementos.

Sabemos que una modificación excepcional tiene un alcance definido y requiere justificaciones técnicas y jurídicas. Por eso, la tarea consiste en identificar qué debe corregirse mediante este trámite, qué necesita reglamentación y qué depende de ejecutar decisiones que ya están previstas en el POT. Esa distinción permitirá avanzar con seriedad y evitar que cada dificultad termine aplazada hasta una futura revisión.

Desde el gremio insistimos en la importancia de acordar una agenda de implementación. Los instrumentos pendientes deben tener responsables y fechas; las inversiones, fuentes de financiación; y los compromisos, un mecanismo público de seguimiento. Una cartografía confiable y criterios consistentes entre las entidades también son indispensables para que las decisiones puedan aplicarse.

El seguimiento debe permitir conocer qué se ha cumplido, dónde persisten los obstáculos y qué ajustes de gestión hacen falta. A los ciudadanos les interesa saber si mejoró el servicio de agua, si se habilitaron oportunidades de vivienda, si se construyó el parque previsto o si una vía finalmente conectó su barrio.

Camacol Magdalena quiere aportar a ese trabajo con propuestas y diálogo técnico. Reconocemos la voluntad de avanzar en las soluciones de acueducto y alcantarillado y esperamos que este proceso permita ordenar también las tareas pendientes en vivienda y desarrollo urbano.

La oportunidad que tenemos merece aprovecharse hasta el final: desde la discusión de las normas hasta la ejecución de las obras. El resultado deberá sentirse en la vida de los samarios, especialmente en la de quienes llevan años esperando una vivienda y un barrio con mejores condiciones.