¿Y DÓNDE ESTÁ BRANDO?

Un camión en llamas vuelve a poner a Tasajera frente a un riesgo conocido. Los 107 cierres documentados, las fallas del agua y las denuncias de cobros ilegales exigen algo más que respuestas de emergencia. Después de casi tres años de gobierno, Brando Márquez debe mostrar qué ha cambiado en Puebloviejo.

Por: Arnol Sarmiento  |  29 de octubre de 2026

Las imágenes difundidas el 28 de octubre desde Tasajera muestran a varias personas retirando guineos de un camión en llamas y huyendo después de una detonación. La escena estremece a una población marcada por la explosión del camión cisterna del 6 de julio de 2020, que dejó 45 muertos. También devuelve una pregunta al despacho del alcalde de Puebloviejo: ¿qué ha hecho su gobierno para prevenir estos riesgos y proteger a quienes viven y transitan por el corredor?

El registro muestra una exposición grave al peligro; no permite establecer si existía autorización para retirar la carga. La respuesta institucional debe reconstruirse con sus tiempos y actuaciones. Brando tiene que explicar qué medidas de prevención funcionan hoy en el municipio.

Brando Márquez gobierna desde enero de 2024. La recurrencia de bloqueos por servicios públicos, los antecedentes de saqueos y las denuncias de cobros a conductores conforman una agenda que su administración conoce. Cada asunto tiene causas y responsables específicos; juntos plantean una exigencia política ineludible: demostrar qué capacidad ha construido el municipio para atender sus problemas antes de que vuelvan a convertirse en crisis regionales.

Las advertencias tienen fecha. El 11 de octubre cuestioné la gestión frente a los bloqueos; el 14 pedí a la Procuraduría examinar posibles omisiones; y el 23 Opinión Caribe publicó los registros de la concesionaria y la respuesta del alcalde sobre el agua. El episodio del camión se suma a ese seguimiento. Brando tiene una gestión que explicar y una ciudadanía con derecho a evaluarla. ^[1][2][13]

107 cierres y ninguna razón para alegar sorpresa

Ruta Magdalena Sierra Mar respondió a Opinión Caribe el 22 de octubre mediante la comunicación PQR-2026-000217. El consolidado registra 107 eventos de cierre vial en jurisdicción de Puebloviejo: 61 durante 2025 y 46 en 2026, hasta el último evento consignado, el 11 de octubre. Ocurrieron en 77 fechas distintas: 42 en 2025 y 35 en 2026. Son eventos, no jornadas completas de bloqueo; el registro disponible comienza en enero de 2025 y no comprende 2024.

Tasajera concentró 52 eventos. Por causas, 46 estuvieron relacionados con agua o acueducto, 48 con electricidad y 13 con otras reclamaciones. Agua y energía explican, por tanto, el 87,9 % del total. Esa distribución identifica dos frentes prioritarios para la acción municipal y para la coordinación con los prestadores. La carretera termina recibiendo las consecuencias de unas fallas que deben atenderse en los sistemas de servicios públicos.

La afectación a los fines de semana también tiene medida: 24 de los 46 eventos de 2026 comenzaron entre viernes y domingo. Del 9 al 11 de octubre hubo seis interrupciones por agua en Tasajera; cuatro ocurrieron el domingo y sumaron tres horas y 38 minutos de cierre efectivo. Fue el puente festivo que coincidió con el final de la semana de receso escolar.

La administración dispone así de antecedentes para programar abastecimiento, mantenimiento, diálogo comunitario y coordinación institucional antes de las jornadas de mayor circulación. La prevención debe verse en decisiones oportunas y compromisos cumplidos. Convocar una reunión cuando los vehículos ya están detenidos deja sin resolver la pregunta sobre lo que pudo hacerse antes.

Cuando una carretera acumula 107 eventos de cierre, las autoridades ya no pueden seguir presentando cada interrupción como una sorpresa.

Los 800.000 litros no cierran la cuenta del agua

Brando respondió a Opinión Caribe que su administración había distribuido más de 800.000 litros de agua gratuita, recuperado el suministro por tuberías en sectores que llevaban veinte años sin servicio y normalizado el funcionamiento del motor de bombeo. También atribuyó parte de la contingencia a la permisividad del prestador. Su explicación fue incorporada en la investigación del 23 de octubre y debe evaluarse por lo que afirma y por los resultados que permita acreditar.

El volumen anunciado necesita fechas, rutas, sectores beneficiados y planillas de entrega. La recuperación del servicio requiere identificar los hogares que reciben agua y establecer con qué frecuencia, calidad y continuidad. Los veinte años mencionados por el alcalde deben referirse a sectores concretos, con una comparación que permita conocer el alcance real de la mejora. Una cifra de litros, aislada de esas condiciones, describe una atención de emergencia.

La normalización del motor también necesita una fecha. El 12 de octubre, Margarita Guerra sostuvo que persistía el daño y continuaba la contingencia con carrotanques. La captura de la respuesta de Brando publicada por Opinión Caribe no muestra cuándo fue enviada. Por eso, el informe técnico debe establecer cuándo se reparó la avería y desde qué momento se restableció el servicio, para poder contrastar ambas declaraciones.

A Servipueblo le corresponde explicar la operación del sistema, los trabajos efectuados y las condiciones de mantenimiento. A la Alcaldía le corresponde mostrar qué exigió, qué financió y qué seguimiento realizó. El artículo 5.1 de la Ley 142 de 1994 asigna al municipio la obligación de asegurar una prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios. La existencia de un operador hace necesaria la coordinación y el control; no convierte al alcalde en espectador.

También existe una referencia contractual concreta: el proceso LP-MPV-003-2025, identificado en SECOP I con el código 25-1-244237, por $1.487.688.401, para captación, almacenamiento y tratamiento de agua en Bocas de Aracataca e Isla de Cataquita. La publicación de Opinión Caribe identificó esa ficha; su adjudicación, ejecución y entrada en funcionamiento siguen pendientes de acreditación. Ese valor corresponde al proceso registrado y no se presenta aquí como dinero pagado o como obra terminada.

El expediente debe permitir conocer el estado del proceso, el responsable de ejecutar lo contratado, los pagos y el beneficio efectivo para los usuarios. Además, esas intervenciones corresponden a sectores distintos de Tasajera: la administración debe precisar cuál es la solución prevista para este corregimiento y la cabecera. La rendición de cuentas pierde valor cuando se anuncian inversiones sin explicar dónde operan y a quiénes mejoran el servicio.

La medida de la gestión será la continuidad del agua en las casas. Mientras las comunidades dependan del reparto de emergencia, seguirá abierta la distancia entre la solución anunciada y la vida cotidiana de sus habitantes. Los carrotanques alivian la urgencia; después de que se retiran, el gobierno tiene que demostrar qué dejó funcionando.

La carretera tampoco puede convertirse en un cobro por pasar

Los antecedentes de apropiación de mercancías preceden al episodio reciente. Opinión Caribe documentó que, en diciembre de 2022, algunas personas sustrajeron carga de un camión accidentado en Tasajera mientras otras auxiliaban al conductor. En diciembre de 2024 se registró el retiro de productos de un vehículo averiado en Isla del Rosario. Son hechos específicos que muestran la persistencia del riesgo y requieren medidas de protección para conductores, mercancías y población.

A ello se agregan las denuncias de cobros durante cierres. El 19 de mayo de 2025, El Callejero registró exigencias de hasta $20.000 por vehículo en una protesta en Tasajera. Quienes participaban alegaban que reunían dinero para comprar un transformador. La necesidad de electricidad exige una respuesta del prestador y de las autoridades; no otorga a particulares facultad para imponer pagos a los viajeros.

El 5 de enero de 2026, Opinión Caribe publicó «El negocio criminal que se tomó la vía Ciénaga–Barranquilla», a partir de denuncias de conductores retenidos y presionados para entregar dinero. Entre los denunciantes figuró el abogado José Humberto Torres. El punto señalado cerca del peaje de Tasajera corresponde a jurisdicción de Sitionuevo: ese episodio exige respuesta de sus autoridades y no puede trasladarse administrativamente a Brando por proximidad geográfica.

La precisión territorial permite exigir a cada autoridad lo suyo. En Puebloviejo, el gobierno municipal debe presentar su actuación frente a los casos ocurridos dentro de su jurisdicción y la coordinación con los municipios vecinos para proteger el corredor. Las denuncias sobre cobros en rutas alternas también requieren identificación del lugar, seguimiento policial y protección de quienes las reportan.

Las conductas individuales no comprometen a toda Tasajera ni convierten cada protesta en una extorsión. La comunidad tiene derecho a reclamar servicios; los conductores tienen derecho a transitar sin intimidaciones. Garantizar ambos exige atender las carencias y actuar frente a quienes se aprovechan de ellas. La Secretaría de Gobierno debe mostrar qué alertas tramitó, qué medidas promovió y qué resultados puede presentar.

El relevo policial no releva al alcalde de gobernar

El bloqueo de Tasajera del 11 de octubre llegó hasta la Presidencia. Al día siguiente, Abelardo de la Espriella anunció el llamado a calificar servicios del entonces comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jeyson López. Según el pronunciamiento recogido por Opinión Caribe, la decisión se relacionó con la fuga de 41 detenidos, la falta de información oportuna y la respuesta policial al cierre vial. El coronel Jimmy Arley Belalcázar Oñate asumió posteriormente la comandancia.

El anuncio se dirigió a la actuación policial y no estableció una responsabilidad del alcalde. Pero el relevo de un comandante tampoco responde qué hizo el gobierno municipal frente al abastecimiento de agua, las alertas comunitarias y la coordinación del 11 de octubre. Cada autoridad conserva sus obligaciones. La explicación de Brando debe incluir las decisiones adoptadas antes del cierre y los compromisos ejecutados después.

Los artículos 204 y 205 de la Ley 1801 de 2016 sitúan al alcalde como primera autoridad de Policía del municipio y le asignan funciones de dirección y coordinación, además de la elaboración e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. El artículo 14 de la Ley 1523 de 2012 lo hace responsable directo de implementar los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo de desastres en su jurisdicción.

Estas obligaciones se examinan mediante decisiones, recursos y actuaciones, sin atribuirle automáticamente cada accidente o delito. En seguridad, el balance debe identificar las medidas aplicadas a los riesgos conocidos del corredor y el seguimiento a los consejos de seguridad. En emergencias, debe mostrar los protocolos de alerta, aislamiento, apoyo y atención, así como la capacidad disponible para ponerlos en práctica.

El camión en llamas exige esa reconstrucción. Conocer cuánto tiempo transcurrió entre la alerta y la respuesta, quién coordinó la atención y qué se hizo para alejar a las personas del peligro permite identificar aciertos y fallas. La administración tiene que explicar también cómo incorporó a sus acciones preventivas las lecciones que dejó la tragedia de 2020.

Gobernar requiere convertir la experiencia acumulada en capacidad de respuesta. Después de una emergencia, el parte institucional debería permitir saber qué funcionó y qué se corrige. Dejar que las imágenes ocupen todo el debate, sin un balance verificable de las actuaciones, impide evaluar si el municipio está mejor preparado.

La cuenta regional y los respaldos políticos

La Troncal del Caribe conecta a Magdalena y Atlántico y sostiene desplazamientos de trabajadores, turistas, transportadores y comerciantes. Sus interrupciones trasladan los conflictos locales a personas que dependen de la carretera para llegar a un empleo, entregar mercancías o regresar a casa. La incertidumbre se incorpora a sus decisiones y a la organización de las actividades económicas.

Ese es el alcance de la advertencia que he planteado: «La mediocridad de una gestión se vuelve un problema regional cuando sus consecuencias las pagamos todos». Las horas de cierre documentadas muestran el costo en movilidad que soportan quienes circulan por la vía. Resolver las carencias de Puebloviejo y proteger la conectividad forman parte de una misma exigencia de gobierno.

Puebloviejo también pierde oportunidades. La pesca, el comercio y el turismo comunitario necesitan agua, seguridad e infraestructura confiable. La ubicación entre el mar, la Ciénaga Grande y un corredor de viajeros puede generar ingresos para sus habitantes. Convertir esa posibilidad en actividad económica exige una gestión capaz de asegurar condiciones básicas para trabajar, invertir y recibir visitantes.

La obra vial enfrenta, además, advertencias que requieren actuación territorial. En septiembre, Opinión Caribe publicó la comunicación del 31 de agosto de Ruta Magdalena Sierra Mar al alcalde y otros despachos sobre cerramientos, rellenos y construcciones que, según su censo predial, aparecieron después de anunciarse el proyecto. Esa alerta exige un balance de inspecciones, medidas y garantías para la ejecución. La administración debe explicar cómo la atendió.

La Procuraduría debe informar qué actuaciones preventivas o disciplinarias comunicables ha adelantado frente a posibles incumplimientos de los funcionarios. Las denuncias de amenazas, cobros y apropiaciones corresponden a la investigación penal; los contratos y recursos, al control fiscal que resulte competente. Esta exigencia editorial de rendición de cuentas no sustituye esas determinaciones.

La Gobernación también debe mostrar el seguimiento a las mesas técnicas y los compromisos asumidos, y el Concejo Municipal debe ejercer control sobre las metas y la ejecución del gobierno local. Repartir competencias entre entidades solo tiene sentido si permite identificar quién debía actuar, qué hizo y qué resultado produjo. La ciudadanía necesita una respuesta articulada que pueda comprobar.

La responsabilidad política alcanza al representante Franklin Lozano por el respaldo a la administración de Brando que he cuestionado públicamente. Corresponde al congresista mostrar qué ha gestionado para Puebloviejo y qué resultados exige a su aliado. Acompañar un gobierno implica responder políticamente por esa apuesta: la cercanía debe servir también para reclamar soluciones, no solo para compartir campañas.

Brando debe dar la cara

Opinión Caribe exige una rendición de cuentas pública sobre el agua, la seguridad del corredor y la prevención de emergencias. Brando debe presentar las decisiones de su administración, los recursos ejecutados y los resultados obtenidos, con responsables y fechas para los compromisos que siguen abiertos. Su respuesta sobre los carrotanques está incorporada; la gestión municipal abarca obligaciones mucho mayores.

El alcalde tiene que responder por lo que depende de su gobierno, explicar los obstáculos que enfrenta y demostrar qué ha hecho para superarlos. Puebloviejo necesita que la autoridad se traduzca en servicios y protección. Los viajeros necesitan una conexión confiable, y la región tiene derecho a exigir que los problemas conocidos reciban una atención que reduzca su repetición.

¿Y dónde está Brando? Después de casi tres años de gobierno, la respuesta debe encontrarse en el agua que llega a las casas, en la seguridad del corredor y en una administración preparada para actuar. Dar la cara es mostrar resultados. Puebloviejo no puede esperar a la próxima emergencia para volver a preguntar quién está gobernando.