Lo que se viene, lo que está pasando

Con refuerzo militar se anticipa al restablecimiento de grupos al margen de la ley

A Santa Marta se aproxima la llegada de 21 desmovilizados que operaron en la región, Colombia está en búsqueda de la firma de un proceso de paz, ante la aparente calma en este territorio influenciado por los grupos armados, las administraciones se preparan para blindarse y evitar un futuro ascenso de violencia.

El Magdalena, y su capital Santa Marta durante años han sido epicentros de grupos armados, la dinámica económica, social, la expansión poblacional y las características geográficas de la Troncal del Caribe y la Sierra Nevada hicieron de estos territorios fértiles para las actividades ilícitas; la disputa entre actores armados por zonas de narcotráfico ha afectado a la población civil por sus violentos modus operandi que atentan contra los Derechos Humanos.

Los grupos que han operado en esta región surgieron por una parte en cabeza de Hernán Giraldo Serna, alias ‘El Patrón’, quien fundó en los años 80 el grupo antiguerrillero Los Chamizos, se extendió al mercado público y al noroccidente de la Sierra Nevada, este primer grupo después integró las Autodefensas Campesinas del Mamey, luego, las Autodefensas Campesinas del Magdalena y la Guajira (ACMG), y finalmente, el Frente Resistencia Tayrona.

La familia Rojas consolidó al Centro Occidente del Departamento la estructura conocida como ‘El Clan Rojas’ o las Autodefensas Campesinas del Magdalena, ACM, quienes para los años 80 potencializaron dominio en la parte media de la Sierra Nevada de Santa Marta.

En los 90 la Casa Castaño creó el Bloque Norte de las AUC, tomó el mando de las estructuras anteriores y reconfiguró el dominio paramilitar en el Magdalena Grande, se crearon nuevos frentes bajo el mandato de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. También tuvieron influencia el Frente William Rivas (Frente Adalvis Santana y Frente Bernardo Escobar); el Grupo Tomas Guillén, el Frente Guerrero de Baltazar, Frente Héctor Julio Peinado Becerra, el Frente José Pablo Días.

Luego de la desmovilización de 2006 se crearon las bandas criminales –Bacrim–. En 2008 se dan a la luz pública con el nombre de Águilas Negras, aparecen ‘Los Nevados’; en la familia Giraldo hubo divisiones y alianzas con otras estructuras paramilitares, en ese entonces se crean la Oficina de Envigado, los Paisas, el bloque Cacique Arahuaco, la Banda de los 40, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los Rastrojos y la Oficina Caribe o clan Giraldos.

En Santa Marta aún tienen presencia las bandas criminales, los Urabeños, nombre que se le dio a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, para no estigmatizar a la población de Urabá se le denominó clan Úsuga y los Pachencas.

Los Pachencas se encuentran bajo el mando de Jesús María Aguirre Pacheco alias ‘Chucho Mercancía’, quien sería el responsable del 80 por ciento del cobro de extorsiones en el Distrito, según la información que maneja la Consejería de Seguridad y Convivencia.

En el primer semestre del 2015, 48 de sus integrantes fueron capturados, “la Alcaldía gastó 450 millones en recompensas para que desestructuraran a Los Pachencas, esa plata se invirtió para la Policía y el Ejército y todavía no han entregado a ‘Chucho’. Sí, se hicieron unas capturas importantes que hizo Alta Montaña, fueron 21 que estuvieron presos y en algún momento logramos desarticular un poco el impacto que estaban teniendo en la Troncal del Caribe, pero hasta que no capturen a Chucho les va a ser más difícil”, manifestó Priscilla Zúñiga, Consejera de seguridad y convivencia del Distrito.

El 2015 cerró con una baja de hurtos en los últimos tres meses, los homicidios en comparación al 2014 aumentaron un 54 por ciento, a causa de la disputas del territorio para lograr las rutas de narcotráfico.

A raíz del seguimiento que le han hecho las autoridades a los grupos ilícitos que operan en la región del Magdalena, han podido determinar que la violencia es cíclica, está sistematizada, “uno dice que está en tranquilidad, pero no es que esté en tranquilidad es que hay un grupo que está dominando, los picos de violencia los tenemos cuando entran a querer disputar el territorio, cuando logran una alianza o consolidan el poder inmediatamente nosotros volvemos a sentir la tranquilidad que tenemos, pero no quiere decir que no están, solamente que no están en disputa con nadie más”, puntualizó la Consejera.

Este año saldrán a reintegrarse a la sociedad civil 21 desmovilizados que en su momento se acogieron a la ley 975 de 2005, muchos de sus familiares se encuentran en zonas tanto urbana como rural del Departamento, y se estima que su retorno a la libertad a pesar de las medias restrictivas que tienen podría afectar la seguridad y convivencia en el Distrito y la región por la presunta reestructuración de grupos al margen de la ley, ajuste de cuentas pendientes o represalias en contra de quienes están vinculados al proceso de paz, entre otras posibles consecuencias.

Los territorios de disputa siempre serán los mismos, los que facilitan el narcotráfico por su cercanía al mar, la Consejería de Seguridad estima que los desmovilizados podrían llegar a asentarse en la zona de la Troncal del Caribe, Bonda, barrio 11 de noviembre, Ondas del Caribe, sectores donde tienen núcleo familiar.

En el contexto del proceso de paz que se está adelantando en el país expertos en el tema de seguridad aseveran que cuando se firman estos acuerdos es una latente que la delincuencia se traslade a las ciudades y la seguridad se altere; en el caso de Santa Marta siempre estará la Sierra Nevada y la Troncal del Caribe, razón por la que será una constante el negocio del narcotráfico y la pelea por el control mientras este sea lucrativo. Hasta el momento la cara de Santa Marta hacia la Sierra Nevada no tiene ni una base militar que respalde su seguridad.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Al iniciar el 2016 el alcalde Rafael Martínez solicitó un Consejo de Seguridad Ministerial con la presencia del Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas; el 21 de enero se hizo el encuentro en el que el Ministro pidió a los mandatarios del Magdalena y comandantes de las fuerzas militares reforzar la institucionalidad para debilitar el crimen organizado en la región.

El alcalde le solicitó la inclusión de Santa Marta de forma prioritaria en la inversión prevista para el postconflicto por el número de víctimas del conflicto armado que data en 238 mil.

En este encuentro el Ministro Luis Villegas, se comprometió con la construcción de la sede de la Policía Metropolitana de Santa Marta y sacar adelante la estación de Ciudad Equidad, los lotes para estos proyectos los donó la alcaldía; así mismo, prometió el apoyo para la construcción de la base militar en Guachaca, exactamente en Buritaca, y reforzar el plan Troya Tayrona extendiéndolo a los corregimientos de Bonda y Minca.

La Consejería afirma que el consejo Ministerial se pidió por la espera de la salida de los postulados de la Ley 975, jefes que ostentaban un nivel importante dentro de una estructura del bloque de Resistencia Tayrona, por garantizar la seguridad de la sociedad civil tanto por la de estos desmovilizados que están protegidos por el Derecho Internacional Humanitario , aseguran que pidieron los lineamientos al gobierno nacional de cuáles van a ser los protocolos de seguridad para esas personas, qué va a pasar si no se han hecho los procesos de reconciliación para que las personas los acepten y se reintegren ejerciendo su ciudadanía.

La administración Distrital se ha propuesto realizar consejos de seguridad cada mes en diferentes zonas, con el fin de no dar cabida a la delincuencia; por las constantes denuncias de extorsión que han hecho habitantes de Minca al iniciar febrero se hizo el segundo consejo porque la situación de Minca está afectando a las veredas aledañas.

De la reunión en la que estuvo la Policía Metropolitana, Ejército Nacional, Gaula, Fiscalía, CTI y Migración Colombia se concluyó: aumentar el pie de fuerza, instalar una base militar en la vereda El Campano con la presencia de dos pelotones de soldados profesionales, dotar con motocicletas a los soldados e instalar retenes en la vía a Minca, implementar 47 nuevos policías en los cuadrantes para generar seguridad en las faldas de la Sierra Nevada, censar las motocicletas para conocer los propietarios y quienes las utilizan, organizar al gremio de mototaxistas y registrarlo en las estaciones de Policía de Minca, Bonda y Guachaca, restringir el parqueo los fines de semana y el acceso de buses con capacidad mayor a 14 pasajeros, exceptuando las dos chivas que prestan el servicio en Minca.

PREVENCIÓN

Se está reforzando el territorio en compañía del Ejército y la Policía, han promovido la presencia militar en los barrios 11 de noviembre, Timayui, en la Paz, la Policía ha hecho operativos con allanamientos y retenes preventivos, se está incentivando un trabajo en conjunto en la Troncal; además de las medidas ordenadas en los consejos de seguridad.

La última alerta temprana que albergó Santa Marta fue en 2012, cuando se presentó el último ciclo de violencia más alto en el segundo semestre de ese año, para esa época se sacó un informe de riesgo de inminencia y riesgo coyuntural.

Tiempo después de la emisión de esa alerta se presentó la masacre de cinco personas en el corregimiento de Bonda, con anterioridad se habían presentado asesinatos a comerciantes en el barrio la Paz, zonas incluidas en la alerta temprana que emitió la Defensoría del Pueblo a través de su Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones a los Derechos Humanos quien advirtió sobre la proliferación de los grupos armados ilegales después de la desmovilización, en medio de la pelea por el territorio se afectó a siete comunas.

La alerta incluyó 30 barrios de Santa Marta, y se extendió a corregimientos como Guachaca, Minca y Bonda. El enfrentamiento entre bandas como ‘Los Urabeños’, ‘Los Giraldo’ y parte de ‘Los Rastrojos’ ocasionó desplazamiento forzado, desapariciones, secuestros, homicidios, extorsiones y atentados contra la integridad de quienes se oponían.

Una alerta temprana es el instrumento con el cual la Defensoría del Pueblo confronta y analiza información relacionada con situaciones de vulnerabilidad y riesgo de la población civil por consecuencia del conflicto armado, y les advierte a las autoridades con deber de protección para que se dé la atención oportuna e integral a las comunidades afectadas.

450 millones ha invertido la alcaldía para desestructurar a ‘Chucho Mercancía’.