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Gobiernos locales y seguridad

Opinión Caribe

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Por: Rubén Darío Ceballos

Es bien y mejor sabido, en lo que respecta a seguridad, que los niveles de demanda no ceden sino que se mantienen y en algunos casos aumentan, lo que traducido a políticas públicas significa que los gobiernos municipales deben redefinir el alcance y hacer un balance de sus capacidades económicas, organizativas, comunicacionales y decisionales. Esto es, redefinir sus capacidades reales de hacerlo, lo cual es complejo porque los gobiernos municipales son complejos, ya que brindan al ciudadano servicios disímiles en cantidad, que para mantenerlos cuentan con las opciones de generar más recursos, lo cual tiene un elevado costo político porque implica aumentar la recaudación por la vía de tasas e impuestos o recortar alcance en otras funciones, responsabilidades o servicios, definiendo prioridades.

Una tercera opción es mejorar la eficiencia. Sin embargo, es más costoso e implica procesos que demoran más y por lo tanto es una opción acotada para dar respuesta a problemas cotidianos. Los municipios han asumido este compromiso y ante este estado de la cuestión vale preguntarse ¿cómo gestionar este nuevo servicio?

Pues bien, una primera aproximación al tema pone en evidencia que la gestión individual de cada municipio sobre la seguridad debería enmarcarse en acciones colectivas; esto es, articular con otros municipios y niveles de gobierno. Igualmente, crear regiones entre municipios vecinos.

La falta de esa necesaria articulación genera medidas que son recibidas en forma confusa en el seno de la sociedad y muchas veces provocan la neutralización de acciones que puedan resultar efectivas como forma de control social.

Herramienta fundamental de los gobiernos locales a la hora de diseñar o planificar políticas públicas es el ordenamiento urbano y territorial, mediante las cuales se hace una fuerte intervención respecto de la prevención situacional, a fin de definir la recuperación de los espacios públicos e impactar directamente en las condiciones y escenarios que posibilitan la comisión de delitos.

Necesario es entonces, garantizar la articulación entre políticas a través de la planificación, debido a que la cercanía gobierno local con la ciudadanía y la descentralización, es oportunidad para el municipio o un problema para quien gestiona, si no cuenta con un diagnóstico sobre las prioridades, una planificación articulada para prever y atender la demanda, o si no atiende las señales, está frente a una escalada y no a una demanda organizada. Es en síntesis, encarar un proceso de reconocimiento, diagnóstico y planificación estratégica que permitirá construir indicadores a corto, mediano y largo plazo, que se constituirán en directrices de una gestión por resultados, en lo que clave resulta, avanzar en la realización de entrevistas a actores comunales que tienen relevancia específica a nivel político, técnico, social y comunitarios, que de hecho aportan un marco referencial indispensable.

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