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Interés ciudadano

Opinión Caribe

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Por: Rubén Darío Ceballos

¿Gastan mal los funcionarios el dinero recabado de los impuestos que paga la ciudadanía? Es esta pregunta recurrente en todos los ámbitos. Casos escandalosos pululan poniendo sobre el tapete una crisis de legitimidad política del sistema político y de decisión, lo que junto con la crisis de seguridad y de la desaceleración económica, hace que vivamos una incertidumbre por su abuso en el manejo y distribución de los  recursos económicos. Detrás de las acusaciones de malversación de fondos públicos, demás desmanes, y de la utilización de dichos fondos para la promoción política de los mandatarios y la compra de voluntades, existe un punto determinante: el conflicto de interés, donde los funcionarios públicos toman decisiones sobre el destino de recursos del presupuesto público en función de su interés político-personal y no en función del interés público, como es obligación que sea.

En todas las esferas, desde lo local a lo nacional los cuestionamientos sobran. Son muchos y más los ejemplos del uso y abuso del presupuesto público por parte de funcionarios, estamos en una crisis de legitimidad genérica del sistema político, en virtud de que no existe estancia que esté exenta de señalamiento de alguna falta en este asunto. ¿Qué hay que hacer entonces frente a una crisis de esta magnitud, a pesar de que se difunden los casos, una y otra vez?

Creo que frente a este hecho, corresponde un despertar ciudadano, donde las redes sociales funjan como puente natural de causas y demandas, una de las manera como la organización ciudadana puede atajar proyectos gubernamentales que responden más a intereses particulares que a los intereses colectivos, siendo hora ya de incluir de manera permanente en las agendas ciudadanas y comunitarias el tema de las obras, licitaciones, negocios particulares de funcionarios, el uso personalísimo de los recursos públicos y demás desfases que afectan o puedan afectar los intereses comunitarios para su difusión, a efecto que la colectividad determine qué hacer y pueda censurar con bases, a quienes hoy o mañana aspiren a algún cargo de elección popular.

Solo la ciudadanía organizada podrá salvar la proterva situación que prevalece. La clase política vive en un limbo, pensando que puede hacer sus maniobras presupuestales sin que sean detectadas por el público. Dentro de ese limbo hay quienes piensan que el tiempo lo cura todo, soportados en que la memoria popular es históricamente corta y le apuestan al olvido, como gran estrategia política. La ciudadanía empieza a cambiar y le apuesta a la memoria histórica, a la reacción y tiene a su disposición las redes sociales, antídoto de la desmemoria. Lo importante es sostener, con información verídica y confiable, una campaña contra la corrupción gubernamental, donde la denuncia juega un papel importante respecto de la pretensión de funcionarios públicos de superar sus circunstancias cuando reciben acusaciones, siendo fundamental en estos casos la decidida resistencia de una ciudadanía que se niega a olvidar.

Junto con la crisis de seguridad y el desánimo de la economía nacional, la corrupción y la falta de legitimidad de la clase política nacional toman su lugar como piezas centrales de la insatisfacción ciudadana que cuestiona con cada vez mayor fuerza la toma de decisiones. Lo que no debiera permitirse es que el desencanto se convierta en desidia frente a los graves problemas que se tienen, ello favorecerá sin duda a las camarillas con mayor capacidad de movilización corporativa. Es pasar de la crítica a la acción, lo que si bien no es sencillo es dable hacerlo en bien de todos. Es un algo más que necesario. Como ciudadanos debemos estar atentos, fijarnos en personas capaces de reflejar el sentir de la ciudadanía más que los intereses personales de líderes y políticos.

El reto es tomar otro rumbo, con una generación de liderazgos políticos que miren nuevos horizontes, exitosa. La ruta no es fácil, pero nadie dice que no podamos pensar en un país mejor, para todos, y no solo para unos cuantos. Es el salvoconducto que nos queda como ciudadanos.

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