Laberinto sin salida: Construcción desbordada en Bellavista

El crecimiento urbanístico es una corriente predominante en la capital del Magdalena desde hace 15 años. Las edificaciones nuevas han duplicado el número de pisos permitidos y la densificación comienza a resolver asuntos de vivienda, pero agudiza otros aspectos como la movilidad, servicios públicos y la identidad cultural. OPINIÓN CARIBE consultó a expertos en urbanismo sobre este fenómeno, quienes llaman la atención acerca de los desafíos que implica este proceso de desarrollo.

Por Éver José Cantillo F.

El motor urbanista de población escasa que durante los años 50 se observaba en las ciudades del Caribe colombiano y que apenas iniciaba su expansión, era un modelo que no demandaba mayores técnicas de construcción de vivienda, lo que le permitía al propietario de un predio ocupar grandes extensiones de metros cuadrados.

Con el crecimiento de la población, desde principios del siglo XXI el concepto de vivienda urbana cambió a un modelo más simplificado, los edificios comenzaron a construirse, y a la necesidad de albergar más habitantes a las urbes le nacieron otro tipo de problemas que van en creciente.

Santa Marta, por su vocación turística, durante los últimos 15 años ha despertado en el sector de la construcción un modelo de vivienda orientado a conquistar no solo el interés de la población de estrato medio y alto local, sino personas de sectores socioeconómicos de iguales niveles que han llegado a la ciudad para habitar en ella.

La muestra más clara de que la ciudad crece de manera exorbitante son las propiedades verticales que se levantan en sectores como Bavaria, Playa Salguero y Bellavista, siendo esta última la de mayor aceleración en su crecimiento por su cercanía con la zona comercial del Centro Histórico y vista al mar.

PROBLEMAS QUE GENERAN LAS CONSTRUCCIONES

El arquitecto Carlos Bell Lemus explica, desde su teoría urbanista, los problemas de ciudad que seguirán enfrentando capitales como Santa Marta si las construcciones de bienes no se complementan con otros aspectos como el buen funcionamiento de los servicios públicos, no solo de un nuevo edificio, sino también de todas las propiedades antiguas ya existentes alrededor del que se levanta.

“Hay que densificar pensando en resolver el problema urbano. Eso no ha sucedido en Colombia. Digamos que ha habido una tendencia más a la simple densificación, pero se ha descuidado un poco el problema del espacio público en el primer piso. Esta situación pasa no solo en Santa Marta, sino en casi todas las ciudades colombianas donde ha aumentado la clase media”, afirma Bell Lemus.

Aunque Barranquilla podría considerarse ejemplo de construcciones amigables con espacios públicos y servicios domiciliarios en la región Caribe por los proyectos que en algunas zonas del norte de esa ciudad existen, y que a diferencia de los que hay en Bellavista en Santa Marta, donde es casi que limitado el lugar de tránsito de vehículos y el peatón, Bell reconoce que la problemática de la densificación también es evidente en la capital del Atlántico.

“La densificación no es mala, pero tampoco es buena, es un factor que se debe tener en cuenta ligado a mejores diseños de espacios públicos. En Barranquilla pasa igual. Ciudad Jardín era un barrio de viviendas unifamiliares con amplios antejardines y hoy se densificó, y se tiene ese problema. La economía del tercer mundo no logra propiciar cambios urbanos”, advierte.

Si bien los planes de ordenamiento territorial son la base que tiene el gobierno de una ciudad en cuanto a la construcción de torres y edificios, en Santa Marta la normatividad parece no hacer eco en la acción. Según cifras de la Secretaría de Planeación, en el año 2000 Bellavista solo contaba con un edificio que no superaba los 12 pisos de altura, el Bahía Centro.

En la actualidad, en el sector se han construido aproximadamente 14 nuevos proyectos de propiedad horizontal desarrollados verticalmente, que, además, hacen parte del plan parcial de ordenamiento territorial establecido en 2002. Aunque esos planes especiales deben garantizar el adecuado uso del suelo y servicios públicos también, el Distrito reconoce que esa norma no le trajo ningún beneficio a la ciudad en Bellavista.

“Se desarrolló la zona, es decir, se pasaron de alturas de 12 pisos a 20 y 21, adicional, se dio sin ordenamiento porque se dejaron las mismas vías. Hay edificios que no tienen un retiro adecuado con respecto a los ejes viales, donde se piden hasta cinco metros o seis de retiros, ahí no llegamos a dos metros. Ese Plan Parcial, aunque ayudó al desarrollo inmobiliario, no ayudó al progreso de la ciudad”, manifiesta el secretario de Planeación Distrital, Francisco García Rentería.

MALA COPIA NORTEAMERICANA

Críticos de asuntos de urbanismos como Carmen Patricia Caicedo, aseguran, que la situación inmobiliaria registra una compleja acumulación de problemas y debilidades; son inversiones que están enfocadas a jalonar el progreso de Santa Marta, pero, que, al momento de hacerlo, no se tiene en cuenta el imaginario de ciudad.

Afirma, por tanto, Carmen Caicedo, que el papel de las curadurías no se cumple como debe ser, porque considera que estos entes no regulan bien sobre los terrenos y su expansión.

“Las curadurías se convirtieron en un súper poder en todo el país, una cosa es lo que dice Planeación; otra, lo que dice la autoridad en temas de construcción, Cuando las curadurías dan las licencias, de inmediato comienzan con el levantamiento y no se tiene en cuenta la comunidad circundante ni el trazado vial adecuado a 20 o 30 años, solo lo que es en la actualidad”, asegura.

Caicedo analiza la problemática como la consecuencia de un afán de las constructoras de copiar un modelo de ciudad urbana igual al de Miami, “acá han cometido el error las constructoras de plagiar lo peor urbanísticamente hablando, de Miami. En Santa Marta se dio la ‘miamización’ en términos negativos de la construcción a orillas de la playa. Es momento de reflexionar sobre cómo densificamos la ciudad para los próximos 20, 30 o 40 años”.

Coinciden con ella académicos que durante el desarrollo de su profesión han analizado el tema de densificación. Natalia Ospina Medina, investigadora y docente de la cátedra Problemáticas Urbanas del programa de Antropología de la Universidad del Magdalena, observa la situación de Bellavista más allá de las variables de vías y servicios públicos el problema, además, generaría segregación socio-espacial.

Define como segregación socio-espacial las condiciones de desigualdad identificadas en sectores en donde nuevos modelos urbanísticos son planeados y desarrollados sin tener en cuenta a la población circunvecina de esos lugares, es decir, a aquellos que prácticamente han fundado y determinado barrio con viviendas tradicionales.

“Hay cantidad de construcciones que convocan a las personas que tienen un estrato socioeconómico privilegiado y que de la misma manera hay una desigualdad en relación con lo que era lo tradicional de ese sector. Se analiza, por tanto, que en esa zona hay desde las construcciones óptimas a las de invasión, por lo cual se genera fragmentación socio-espacial”, explica Ospina.

Quien también lanza una voz de alerta sobre ese aspecto es el docente e investigador de esa Alma Mater, Álvaro Acevedo Acevedo. Desde su punto de vista señala, que la ciudad carece de agentes capaces de regular y hacer cumplir la norma en materia de construcción en su totalidad.

“Se nota que no hay dolientes de la ciudad, toda esa área es muy bonita, pero uno se pregunta si tiene la infraestructura suficiente para eso, ¿Santa Marta tiene con qué responder a problemas de agua acueducto, alcantarillado y luz? Uno puede responder: no, no tiene dolientes, ¿qué tanto se beneficia la ciudad con esas nuevas construcciones?

DENSIFICACIÓN ELIMINA LA IDENTIDAD CULTURAL

A las fallas en servicios públicos, afectación en movilidad, falta de zonas verdes, producto de la densificación, se le suma la pérdida de sentido de pertenencia que los actuales modelos de construcciones han ocasionado en los colombianos y que se evidencia en poblaciones de mayor arraigo cultural como las ciudades de la Costa, especialmente Santa Marta y Barranquilla.

Wilson Annicchiarico Bonett, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Atlántico, lamenta que literalmente los muros de concretos sean barreras que separan al ciudadano de sus raíces, de su idiosincrasia y como resultado se obtienen relaciones de amistad que se ven limitadas por las condiciones de seguridad y del nuevo modelo urbano que se impone.

“Hemos perdido identidad, no se construye vecindad. Las relaciones proxémicas, se han visto afectadas por la arquitectura, la cual no contribuye a la identidad ni a la forma de expresión costeña. El sueño de la gente consiste en vivir en los modelos de asentamiento urbano de moda de identidades culturales de otras partes. Nos traemos esos modelos y la gente cree que sube de estrato por vivir en una edificación alta”, explica.

LAS CURADURÍAS SIGUEN LICENCIANDO

Para estas entidades, que dentro de su concepto de existencia deben establecer control y cumplimiento de las normas urbanísticas desde el otorgamiento de licencias, las dos primeras funciones parecen estar olvidadas. La oferta de construcción en Santa Marta es vista como una forma de crecimiento de ciudad, pero se olvidan del resto de consecuencias descritas por los especialistas urbanos en cuanto a las implicaciones de construir un edificio.

En una ciudad como Santa Marta en la que el metro cuadrado oscila entre los 2 y 5 millones de pesos, a diferencia de otras ciudades del Caribe en donde los costos son mayores, los constructores se sienten atraídos, aunque las garantías en servicios públicos para esas edificaciones a futuro no sean las mejores, teniendo en cuenta la crisis que en servicios públicos y en especial, en suministro de agua, atraviesa Santa Marta.

Sin embargo, Jorge Tamayo Callejas, curador urbano número 1 de Santa Marta, afirma, que las construcciones cuentan con todas las garantías, pero responsabiliza de fallas en el servicio de acueducto a la Alcaldía Distrital, aunque se siguen expidiendo licencias en esa entidad.

“Los proyectos cumplen con todas las condiciones. La situación de servicios públicos es complicada teniendo en cuenta el problema con la empresa Metroagua. El Distrito debe empezar por darle soluciones definitivas a la ciudad en acueducto y alcantarillado, es un problema de ciudad y debe resolverse a fondo”, afirma Tamayo.

Para el secretario de Planeación, Francisco Rentería, es clara la afectación de Bellavista, aún se siguen otorgando licencias por parte de las curadurías para nuevos proyectos. No existe una solución definitiva por el lado del ente territorial, únicamente las medidas que se dictarán en el nuevo POT, las cuales no están vigentes.

El Distrito no contempla correctivos regresivos, y solo comienza a darse la etapa inicial de un estudio en el que se analice el desembotellamiento de la zona. “El plan parcial está vigente hasta que no promulguemos el nuevo, es decir, se seguirán otorgando licencias”, afirma.

Al respecto Annicchiarico manifiesta, que “las curadurías carecen de conciencia acerca de que el espacio público es un bien de todos”, además, advierte sobre la “falta de control de Planeación”.

MÁS PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA

Con sus teorías planteadas, cada uno de los especialistas consultados explicó, desde su punto de vista, las acciones que deberían aplicarse en la búsqueda de soluciones a problemáticas que van en aumento a raíz del levantamiento de propiedades verticales.

La oficina de Planeación Distrital, en cabeza del Distrito, en ese sentido, reconoce que las consecuencias de una equivocada estructuración de planes en el pasado repercuten en la actualidad.

“La solución en Bellavista es seguir conservando el modelo de desarrollo urbano para ese sector, pero mejorar las vías, las redes de servicios públicos, ya hay una solución. Tenemos la responsabilidad de establecer sentidos viales que desembotellen, propiciar un manejo responsable de los parqueaderos, se debe reglamentar cargue y descargue de vehículos en almacenes de cadena, hay vías interrumpidas y se requiere hacer gestión predial para terminar vías”.

Para tomar decisiones al respecto, el Distrito ha contratado un estudio con la Universidad Nacional. La investigación será adelantada por el departamento de Tránsito y Transporte de esa Institución educativa y en los próximos días comenzará a llevarse a cabo.

El arquitecto Carlos Bell Lemus propone que se tomen ejemplos de ciudades como Medellín, en donde la densificación va conectada con soluciones de transporte público y la armonía urbanística de modelos tradicionales y nuevos de construcción.

“Antioquia tiene problemas de densificación, sobre todo en Envigado, pero hay soluciones muy interesantes como la Unidad ‘Carlos E. Restrepo’ que es una unidad que da un equilibrio entre en el espacio público y la vivienda construida. Mal se hace en toda Colombia, que sobre la malla urbana que está afectada y hecha para casas individuales, se construyan viviendas multifamiliares que va a generar problemas de tráfico en casi todas las ciudades. También debe tenerse en cuenta las voces de la comunidad en estos asuntos”, explica Bell Lemus.

Suena inaceptable para los investigadores de temas urbanos que, aunque se conozca la problemática, sus causas y consecuencias, no se tomen medidas radicales en la búsqueda de una solución.

Bell propone, por tanto, que los entes territoriales junto con las curadurías detengan el otorgamiento de licencias y se piense en brindar mayor calidad de vida, “lo que se recomienda es que se haga un alto o se plantee la necesidad de rediseñar las estructuras urbanas para dar cabida de manera sustentable a los edificios multifamiliares”.

Hacer un alto en el camino también lo sugiere la urbanista Carmen Patricia Caicedo. Desde su visión de ciudad, cree en la necesidad de que se haga mayor control en el sector de la construcción.

“Que se declare moratoria en el otorgamiento de licencias y sea revisado en el Plan de Desarrollo. Y si está en revisión el que sería el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial no se puede seguir trabajando en el anterior. El mundo y el país están mirando a unos modelos de ciudad distinto, sería importante que se declarara una moratoria y se entrara en una discusión efectiva de cómo debemos urbanizar ese sector”.

Involucrar a la ciudadanía en la toma decisiones está entre los planteamientos hechos desde la academia por la docente de Antropología Natalia Ospina. Para ella es menester la intervención del gobierno local de forma más profunda con acciones viables a hacer valer los intereses colectivos y no los particulares.

“Acá prima el interés particular sobre el interés colectivo, prima sobre la misma vocación de ciudad. Se están generando procesos fragmentarios, procesos de desigualdad social. Por eso se hacen los de la vista gorda. A la clase dirigente y política no les interesa y no se está revisando que en la ciudad no se debe presentar ese tipo de situaciones”, argumenta.

Ante las fallas que han considerado existentes, los consultados Natalia Ospina y Wilson Annicchiarico piensan que es necesario que en estos procesos sean tenidos en cuenta los conceptos de ciudad que desde las cátedras de las universidades se imparten. Coinciden que en el tema urbano el aporte de la academia no tiene ninguna validez.

“Lamentablemente la academia no trasciende en la política. La política debe considerar lo que se está pensando desde el Alma Mater. Debemos generar conciencia para que la Institución piense y comience a pelear por la cuestión territorial. Los habitantes tradicionales de ese sector (Bellavista) deben preguntarse cómo se están construyendo esos edificios con esas características al lado de sus casas y tomar partido en la construcción de ciudad”, afirma Ospina.

Por su parte, Annicchiarico lamenta que los entes territoriales no acudan a las universidades para conocer qué se trabaja en asuntos urbanos, “debe hacerse arquitectura sostenible desde los aspectos económicos, humano y material. Que no se generen problemas de ninguna índole. Me preocupa mucho Santa Marta, porque son administraciones a las que les he presentado propuestas a los gobiernos y Magdalena resulta ser el único Departamento que no solicita nada a la Universidad para el desarrollo de la ciudad”, asegura Annicchiarico.

El control y la mayor responsabilidad de las curadurías también los exige el académico Álvaro Acevedo Acevedo. Como Ospina y Annicchiarico, insiste que las estructuras que se levantan más allá de resolver asuntos de viviendas solo generan producción para los particulares.

“Son bienes raíz que dan producción para unas personas y nada más. Si acá se cumpliera la norma, habría edificios que habría que tumbar, sin embargo, eso nunca se va a hacer. Hay una legalización de lo informal o de lo ilegal. Debe existir un Distrito con dolientes y si eso no se puede tumbar, entonces, empecemos a exigir otras cosas, ¿a las Curadurías y Planeación quien los está manejando? ¿Y el POT sobre el uso del suelo para qué sirve si no está respetando? ¿Quién debe hacer cumplir eso, el Distrito, el Alcalde, su personal? ¿Dónde están los organismos de control?”, manifiesta Acevedo.

El problema está y las alternativas de solución no deben estar direccionadas a resolver la situación del poco espacio público, teniendo en cuenta que las ciudades serán cada vez más compactas y que la tendencia será vivir en apartamentos. Es hora de que todos los entes involucrados asuman mayores responsabilidades y al mismo tiempo tengan la voluntad de articular sectores como la educación y la academia con los procesos urbanísticos.

Intervención de vías, recuperación de la identidad cultural, disminución de la segregación socio-espacial, rediseño de políticas y lo importante, su cumplimiento, hacen parte de los demás aspectos que deben analizarse en aras de garantizar una Santa Marta más amable y capaz de albergar a todos a través de su configuración como metrópolis.