Nación
Embolatados $500.000 millones de concesiones, denuncia Cormagdalena

“Debilidad administrativa dentro de Cormagdalena”. Así resumió el director encargado de esa entidad, Luis Fernando Andrade, la situación encontrada en las concesiones portuarias y fluviales a cargo de esa corporación. Un hallazgo muy grave, si se tiene en cuenta que “de 45 concesiones portuarias, hay 24 que no operan y solo 7 están cumpliendo. La gran mayoría de esos contratos están incumplidos”, agregó el funcionario.
Eso, en otras palabras, quiere decir que “hay más de $500.000 millones en obras de las que no se puede verificar su debida terminación”, sentenció Andrade, a quien le tocó asumir el cargo tras la renuncia de Álvaro Mendoza, líder de la entidad y que, como los anteriores directores de Cormagdalena, los concesionarios, las interventorías –entre las que están la Universidad de Antioquia y la Universidad Militar–, todos aquellos que han tenido algún tipo de relación con dichos contratos, tendrán que responder.
Muchos fueron convenios que se hicieron con municipios y muchos otros fueron directamente hechos por Cormagdalena. Así las cosas, “si no encontramos las obras, hay que devolverle la plata al Fondo Nacional de Regalías”, advirtió Andrade. Lo que se viene entonces es verificar contrato por contrato, buscar a los responsables, pedirles que hagan efectivas las inversiones a las que se habían comprometido. Y si eso no pasa, pues se harían efectivas las cláusulas penales una vez se dé por terminado el contrato y se apliquen los recursos que dice la ley.
En la lista de recursos embolatados están, por ejemplo, nombres conocidos. En palabras del ministerio de Transporte, “el caso más dramático es la operación de Bocas Ceniza por 55 millones de dólares, entregada desde 1998, en donde no se ha puesto ni la primera piedra”, o la terminal de Las Flores, Novo Porto, Marinas del Caribe, la Regional de Barranquilla, Palermo… y la lista es larga. Incluso hay un contrato de 2012 en el que el concesionario es Ecopetrol y se especifican inversiones por más de 17 millones de dólares. Su estado: presuntamente incumplido porque no está operando.
El director del Invías, Carlos García, explicó que el ministro de Transporte, Jorge E. Rojas, al conocer el informe presentado por Andrade, pidió que las entidades de control vean el documento de tal forma que, por ejemplo, la Contraloría y la Procuraduría puedan hacer el debido seguimiento y abrir los procesos que sean necesarios en contra de los implicados. Y no es para menos, son los recursos de los colombianos los que están en juego. “Nuestro compromiso es que los colombianos tengan claro que sus impuestos se invierten no solo transparentemente sino en forma eficaz”, aclaró Rojas.
Andrade, en un tono conciliador, recalcó que “todos los involucrados nos deben explicar, todos son responsables y nos deben dar las razones. Una cosa es poner multas, pero lo que esperamos es que cumplan”. Eso, de cara a estos hallazgos, pero como dijo el mismo Andrade, en el fondo el problema de Cormagdalena es un tema de “debilidad administrativa”. Por eso la junta de la Corporación pidió un plan de mejoramiento en los procesos internos acompañado de una estrategia de largo plazo para fortalecer a la entidad. Una medida urgente porque, como venía funcionando, “no hay garantía para los colombianos” sentenció el director encargado.


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