Ciénaga entre ‘nenadas’ y ‘chocoritos’

Aunque se han desembolsado más de mil millones al consorcio Nuevo Milenio, los recursos recibidos no concuerdan con el avance de obras.

La Contraloría Departamental del Magdalena adelanta un proceso de investigación a la Alcaldía de Ciénaga en cabeza de Edgardo ‘Nene’ Pérez por cuenta de los presuntos hallazgos fiscales que arrojó una indagación preliminar que el ente de control ejecutó sobre el contrato que suscribió el municipio con el Consorcio Nuevo Milenio.

Las presuntas irregularidades de carácter contable se estiman en más de $1.200 millones de pesos que se han desembolsado al ejecutante sin que haya avances significativos en las obras.

Inicialmente se hizo un estudio meticuloso a la concesión 01 de 2015 efectuada entre la Alcaldía de Ciénaga, Magdalena, y el consorcio Nuevo Milenio, que repercutió en la apertura de una indagación preliminar en la que se endilgaron ciertas responsabilidades de índole fiscal después de establecer cómo se desarrolla la concesión que se dividió en varios módulos

El Consorcio tiene dentro del contrato el arreglo de ocho parques, varias canchas y para ejecutar las obras los recursos le son girados por la Fiduciaria de Occidente, recaudos de la Secretaria de Hacienda.

Estos recaudos, según estableció la Contraloría, alcanzan hasta el momento los cuatro mil millones de pesos, pero la fiducia ha hecho giros a favor de la concesión por un valor aproximado de 1.200 millones de pesos.

El ingeniero civil adscrito a la Contraloría hizo una visita a las obras adelantadas hasta el momento para verificarlas, además de trazar un cuadro comparativo entre lo ejecutado y lo girado. Estudio que demostró que las obras no avanzan acordes con los recursos que ha recibido el consorcio.

Ante esta situación, el ente de control estableció que las cuantías no están soportadas por la ejecución del contrato y para que sean estudiados, profundizados y evaluados los resultados de esta indagación preliminar, pasarán ahora a manos de la oficina de responsabilidad fiscal de la Contraloría del Magdalena para que, dentro de su competencia, pero con el respeto al debido proceso se analice a fondo la actuación del alcalde actual del municipio Edgardo Pérez Díaz, lo miso que el anterior, Luís Ernesto Tete Samper, quien lo suscribió.

Además, para establecer la presunta incidencia penal y disciplinaria ya se encuentran para su competencia e investigación notificadas por parte de la Contraloría, la Procuraduría provincial y la Fiscalía desde el diez de mayo de 2017. La Contraloría por ahora pretende probar si hay o no actuaciones que constituyan detrimento de los recursos del Estado.

La visita técnica del ingeniero de la Contraloría encontró, por ejemplo, que en ninguno de los ocho parques se han ejecutado obras, que las calles no se han intervenido para pavimentación, pero que si se adelantan obras en el coliseo cubierto, cuyo objetivo es que esté en óptimas condiciones para la realización de los Juegos Bolivarianos que se llevarán a cabo en noviembre de 2017.

Los giros a Nuevo Milenio se hicieron entre 2016 y 2017 cuando la administración digital pasó a manos de Edgardo Pérez, por lo que los presuntos hallazgos de responsabilidad fiscal darían pie a una investigación a las actuaciones del Mandatario, quien dentro del proceso podría defenderse y justificar sus actuaciones.

Entre los investigados estaría la interventoría del contrato puesto que para que se efectúe un desembolso se necesita un acta de avance de ejecución avalada por esta, lo que la convierte en garante de los avances y los cuestiona en este momento cuando el estudio muestra desembolsos por encima de lo ejecutado.

LOS HALLAZGOS

Según reseña el informe de la Contraloría Departamental como resultado de la presente visita técnica se concluye que el contrato de Concesión número 001 de 2015 celebrado entre el municipio y el consorcio Nuevo Milenio presenta un exagerado retraso en su cronograma de ejecución, retraso que según el ente de control es de 16 meses.

El organismo asegura que las razones entregadas por los involucrados para dicho retraso tienen que ver con presuntas deficiencias en la etapa de planeación y en la etapa de la elaboración de diseños y presupuestos hechos, los cuales han retardado demasiado el inicio de las obras, tanto, que a la fecha de la visita no se había construido ni un solo metro cuadrado de pavimento ni de parques ni en el malecón, a pesar de que el municipio había desembolsado $4.510.816.536 a la Fiduciaria de Occidente.

Dentro del proceso indagatorio se pudieron constatar los pagos realizados por la Fiduciaria de Occidente a favor de la concesión Nuevo Milenio, los cuales ascienden a la suma de $1.204 millones. Así las cosas y según lo manifestado en el informe técnico por el ingeniero civil, existe un presunto detrimento patrimonial al Estado, estimado en la suma de $1.204. 744. 801.

Durante el desarrollo de la presente indagación la Secretaria Administrativa y la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Económico Sostenible Municipal aportaron documentación que justifica la exclusión del Parque El Carmen argumentando que, este será interceptado por el trazado de la variante de la carretera Troncal del Caribe en su paso por la ciudad de Ciénaga y se incluye en el proyecto la adecuación del Coliseo municipal de Ciénaga, argumentando que Coldeportes escogió este escenario deportivo para realizar los Juegos Bolivarianos 2017.

Se aportaron copias escaneadas del presupuesto oficial y de los planos para la adecuación del Coliseo Monumental de Ciénaga, pero no se entregaron copias de planos de los diseños definitivos de los parques San Rafael, Divino Niño.

Se entregaron copias del plano de diseño definitivo del parque Sagrado Corazón que es prácticamente el mismo al entregado inicialmente; no se aportó contrato adicional con un valor acorde con la reducción de presupuesto presentada como consecuencia del ajuste hecho para incluir en el proyecto al Coliseo municipal de Ciénaga.

El informe de cierre de la indagación preliminar afirma, puntualmente, “el desmedro al patrimonio público tiene su génesis en el informe pericial rendido por el profesional asignado al proceso de auditor dentro del material probatorio adjunto al expediente y el informe técnico entregado por el ingeniero civil adscrito a la contraloría auxiliar para el control fiscal donde se incluyó que: existe presunto sobrecosto en cumplimiento del desarrollo del objeto contractual aparte de los procesos contractuales que no se ajustan a la normatividad aplicable”.

Por tanto, el señor Luís Alberto Tete Samper que desempeñó el cargo de alcalde municipal de Ciénaga por el período 2011 a 2015 y para la época de los hechos, presuntamente hizo unos pagos de favor de la Concesión y no ha habido desarrollo del objeto contractual de los diferentes módulos como se demuestra dentro del informe técnico aparte de los procesos contractuales que no se ajustan a la normatividad aplicable.

Que Edgardo de Jesús Pérez Díaz como se muestran, también realizó pagos por el área financiera a favor de la Fiduciaria de Occidente, que esta, a su vez, ha girado al concesionario en las vigencias 2016 hasta la fecha actual, actuando como ordenadores del gasto público y titular de la disponibilidad del manejo de los recursos en el ente territorial y como primera autoridad, pero ejerciendo actuaciones, según la Contraloría, negligentes y omisivas con las que transgredieron legal y reglamentariamente los principios orientadores de la gestión pública enumeradas en el artículo 3 de la Ley 610 de 2000 y contrarios a los fines del Estado.

ANTECEDENTES

El contrato determina que los recursos se pignoraban en favor de la concesión para el diseño, estudio y ejecución de la obra de parques, que se contempla en cada uno de los siete contratos firmados con la administración.

La concesión Ciénaga Nuevo Milenio tiene tres grupos de contratos divididos en tres módulos: tres contratos en el primero; dos en el segundo; y dos en el tercero, para un total de siete. El dinero de esta Concesión se gira a una fiducia que debe constituir el contratista. La fiducia debe ordenar los pagos.

El contrato, además, contempla dos etapas: la primera consiste en los diseños de la obra a ejecutar y tiene una duración de un año. La segunda, que, para el primer trimestre de 2017, debía haberse empezado a ejecutar.

OPINIÓN CARIBE entrevistó a Alfonso Ramos, funcionario encargado de control fiscal en la Contraloría Departamental, el cual señaló, que a este tema se le adelanta una investigación preliminar, producto de una auditoría y por la denuncia interpuesta por el diputado Álex Velásquez.

Asegura, que cuando se hizo el proceso auditor se encontraron algunas irregularidades con la concesión Nuevo Milenio, pero como no había obras, simplemente se reportaron unos hallazgos disciplinarios y penales, pero no se pudieron configurar daños patrimoniales, porque no hubo elementos de responsabilidad total.

“Cuando se hizo el proceso auditor se cuestionó el porqué se hizo mediante concesión, se pudo determinar, que hubo unas falencias en el proceso de selección del contratista. Pero no se pudo configurar una incidencia fiscal”.

Después la Contraloría, en aras de esclarecer los hechos establecidos en el informe auditor, solicitó información a la Alcaldía, a la Concesión Nuevo Milenio y a la Fiducia. Los entes suministraron los datos sobre la ejecución del contrato y la relación de las actividades contractuales.

“Tanto la Alcaldía como Nuevo Milenio y la Fiducia nos entregaron la información financiera y de ejecución de los contratos, además de explicar la interventoría todos los avances. Acabamos de entregar lo que se nos ha suministrado”, indicó el funcionario.

FUNDAMENTO JURÍDICO

La principal herramienta con la que cuenta el Estado para determinar la responsabilidad Fiscal a través del cual se pretenden recuperar los dineros malversados o extraviados que pueden constituirse en un daño fiscal, como resultado de una inadecuada gestión fiscal, es establecer la existencia de dicho daño objeto de estudio.

Es así como el artículo 14, literal de la Ley 1474 de 2011 señala, que las entidades de Control Fiscal tienen la facultad de adelantar las investigaciones que estimen convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de daño al patrimonio del Estado originados en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento o deterioro de los bienes y recursos públicos producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna.

El proceso de responsabilidad fiscal conduce a la obtención de una declaración jurídica en la cual se precisa con certeza que un determinado servidor público o particular debe cargar con las consecuencias que se derivan de sus actuaciones irregulares en la gestión fiscal que ha realizado y que está obligado a reparar al erario público por su conducta dolosa o culposa.

La Corte constitucional establece en la sentencia 840 de 2001, que el daño patrimonial al Estado puede ser ocasionado por los servidores públicos o los particulares que causen lesión a los bienes y recursos públicos de forma directa o contribuyendo a ello.