Nación
Contraloría advierte crisis en energía y gas por deuda acumulada del Gobierno
La creciente deuda del Gobierno con empresas del sector energético amenaza la estabilidad del servicio en todo el país.
Una preocupante alerta encendió la Contraloría General de la República al revelar que la deuda del Gobierno Nacional con las compañías encargadas de proveer energía eléctrica y gas asciende a $7,6 billones.
Esta cifra, acumulada por concepto de subsidios y tarifas especiales, pone en riesgo la sostenibilidad del servicio para millones de colombianos, especialmente aquellos de estratos 1, 2 y 3.
Ante la magnitud del problema, la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación crearon una Comisión Especial Interinstitucional del Sector Energético con el objetivo de coordinar acciones urgentes para asegurar la prestación continua de estos servicios esenciales.
En la primera mesa de trabajo fueron citados representantes clave, entre ellos el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y la agente interventora de Air-e, empresa actualmente bajo vigilancia estatal. La comisión busca evaluar las gestiones realizadas para enfrentar las deudas acumuladas y garantizar el funcionamiento del sistema energético nacional.
Los pasivos incluyen $2,7 billones en subsidios de energía, $3,3 billones por opción tarifaria, $1 billón en deudas oficiales y $628 mil millones en subsidios de gas combustible, según datos del Comité Intergremial de Energía y Gas.
Como parte de las acciones de control, se solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos información detallada sobre la operación de Air-e, el uso de los recursos del Fondo Empresarial, las garantías exigidas en los créditos otorgados y la confiabilidad de los datos reportados al Sistema Único de Información (SUI).
El contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra instó al Ministerio de Minas y Energía a implementar sin demora las mejoras necesarias en la gestión de subsidios, advirtiendo que el incumplimiento podría derivar en una crisis de mayores proporciones.
“Estamos ante una situación que no solo afecta la continuidad del servicio, sino también derechos fundamentales como el acceso a una vida digna”, enfatizó.
El llamado de los entes de control es claro: si no se toman medidas urgentes, el país podría enfrentarse a un colapso en la prestación de energía y gas, golpeando de manera directa a las poblaciones más vulnerables.
