La Ley Sara Sofía es una realidad: Colombia tendrá su propia ‘Alerta Ámber’

La Ley Estatutaria 2584 de 2026 crea la Alerta Colombia, un mecanismo que obliga a los operadores móviles a enviar notificaciones masivas y gratuitas ante la desaparición de cualquier menor de 18 años, sin tiempos de espera y con apoyo de reconocimiento facial. En el Caribe, su implementación enfrenta el reto adicional de la brecha digital.

El Gobierno Nacional sancionó el 1 de junio la Ley Estatutaria 2584 de 2026, conocida como Ley Sara Sofía, una iniciativa que crea y reglamenta la Alerta Colombia. Este mecanismo, inspirado en las alertas tipo «Ámber» internacionales, permitirá difundir de manera masiva e inmediata información sobre niños, niñas y adolescentes desaparecidos en el país.

La iniciativa recibe el nombre de Sara Sofía, en memoria de la niña bogotana víctima de homicidio y desaparición a manos de su propia madre y su pareja, un caso que conmocionó al país y evidenció la carencia de un sistema unificado y veloz. Hoy, con la sanción de esta ley, Colombia apuesta por la tecnología y la participación ciudadana como aliados fundamentales para la protección integral de la niñez.

El proyecto —radicado bajo los números 266 de 2023 en Cámara y 285 de 2024 en Senado, y cuyo principal ponente fue el senador Alejandro Carlos Chacón— busca fortalecer la capacidad de respuesta del Estado. Según lo estipulado en la nueva ley, los proveedores de redes de telecomunicaciones móviles tienen ahora la obligación de enviar estas notificaciones de forma gratuita y masiva a la ciudadanía, agilizando así la búsqueda y recuperación de los menores.

De acuerdo con el texto sancionado, y tras la revisión previa de la Corte Constitucional, la Alerta Colombia cobijará sin excepción a todos los menores de 18 años, ajustando la propuesta inicial que limitaba el rango de edad. Además, la norma elimina cualquier tiempo de espera burocrático: exige el reporte de forma inmediata, facultando para activar el mecanismo a los padres, representantes legales, cuidadores o al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ya sea por canales digitales o de manera presencial.

Para facilitar la identificación, el Artículo 2 de la ley contempla explícitamente el uso de datos biométricos, permitiendo la individualización del menor a través de reconocimiento facial mediante fotografías u otros rasgos físicos únicos, siempre y cuando se justifique como estrictamente necesario para su ubicación.

El reto del Caribe: urgencia y brecha digital

La implementación de la Alerta Colombia plantea un escenario de grandes contrastes para la región Caribe. Durante los debates legislativos se expuso que, en la última década, Colombia ha registrado más de 28.000 menores desaparecidos. En zonas con alta población flotante y turismo, como Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, la inmediatez de estas notificaciones es vital.

Por ello, la ley establece que la alerta debe coordinarse rápidamente con Migración Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las autoridades en puertos y aeropuertos, con el fin de bloquear la salida del país de la víctima y frenar la acción de redes de trata o de explotación sexual infantil.

Sin embargo, el mecanismo también evidencia el desafío de la brecha digital en la región. En territorios como la Alta Guajira, las estribaciones de la Sierra Nevada o los Montes de María, donde la señal de telecomunicaciones es intermitente o nula, las autoridades tendrán el reto de integrar esta alerta tecnológica con los líderes sociales y las redes de comunicación comunitarias, para garantizar que ningún reporte quede en el vacío.

Con esta ley, Colombia se suma a países de Latinoamérica como México, Argentina y Brasil, que ya cuentan con sistemas de alerta temprana para menores desaparecidos, dando un paso decisivo hacia la construcción de un Estado más ágil, conectado y comprometido con la protección de sus niños y adolescentes.