La guerra en Guaviare y el precio insoportable de los menores reclutados

La identificación de 11 niños, niñas y adolescentes entre los 48 cuerpos recuperados tras los combates entre disidencias en San José del Guaviare obliga a revisar la protección de la infancia, los límites de la Paz Total y la respuesta del Estado en los territorios más golpeados por la violencia.

Por: Alexandra Martínez. 

Once menores de edad entre los muertos no pueden convertirse en una cifra más del conflicto armado colombiano. No deberían quedar reducidos a un dato dentro de un informe forense, ni a un episodio más en la larga cadena de violencias que golpean al Guaviare. Su muerte obliga a mirar de frente una realidad incómoda: la guerra sigue alcanzando a quienes deberían estar más lejos de ella.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló que, entre los 48 cuerpos hallados en Barranco Colorado, zona rural de San José del Guaviare, 11 correspondían a menores de edad: ocho de sexo masculino y tres de sexo femenino. Los cuerpos estarían relacionados con los combates entre disidencias asociadas a alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá”.

La información estremeció al país y abrió nuevamente el debate sobre el reclutamiento, uso y vinculación de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar rechazó cualquier forma de vinculación de menores al conflicto armado y recordó que ningún niño o niña debería morir en una guerra. La entidad informó, además, que en los últimos cuatro años 1.305 niños, niñas y adolescentes han ingresado a su programa especializado para desvinculados del conflicto armado.

La Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Gregorio Eljach, condenó los hechos y los calificó como una grave violación al Derecho Internacional Humanitario. El Ministerio Público pidió a las autoridades actuar frente a los responsables y reforzar las políticas de protección de la infancia y la adolescencia.

Pero lo ocurrido en Guaviare no puede leerse como un hecho aislado ni como una sorpresa absoluta. Desde enero de 2025, la Defensoría del Pueblo había advertido, mediante la Alerta Temprana 001-25, sobre los graves riesgos para la población civil derivados de la expansión y posible confrontación armada entre estructuras disidentes bajo el mando de alias “Calarcá Córdoba” y alias “Iván Mordisco”. Esa alerta incluyó municipios del Guaviare como San José del Guaviare, El Retorno y Calamar.

La misma alerta señaló que los niños, niñas y adolescentes hacían parte de los grupos sociales vulnerables en riesgo y advirtió sobre dinámicas de reclutamiento, uso y utilización de menores, con especial énfasis en comunidades étnicas e indígenas.

Es decir: las señales estaban sobre la mesa. Lo que falló, o al menos resultó insuficiente, fue la capacidad institucional para prevenir que esas advertencias terminaran convertidas en tragedia.

La confrontación entre las facciones de “Calarcá” e “Iván Mordisco” refleja la fragmentación del antiguo Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc. Mientras las estructuras asociadas a “Calarcá” han mantenido participación en escenarios de diálogo con el Gobierno, las de “Iván Mordisco” se apartaron de ese proceso tras la ruptura de 2024. La Defensoría ya había advertido que esa división podía abrir nuevos escenarios de riesgo en la Amazonía colombiana.

El Guaviare, además, es un territorio estratégico para los grupos armados por sus corredores de movilidad, sus economías ilegales y su conexión con zonas selváticas y fronterizas. En ese contexto, la disputa armada no solo afecta a combatientes: también golpea a comunidades rurales, pueblos indígenas, líderes sociales, docentes, familias campesinas y menores de edad.

A la gravedad de las muertes se suma otro elemento perturbador. De acuerdo con información reportada por autoridades y medios nacionales, durante los procedimientos posteriores a los combates fueron encontrados explosivos y minas ocultos en la indumentaria de tres de los cuerpos trasladados a San José del Guaviare. Según esos reportes, se trataba de cuatro minas antipersonal y dos artefactos explosivos improvisados, lo que obligó a activar protocolos especiales de seguridad para el personal forense y judicial.

Ese hallazgo evidencia el nivel de degradación de la confrontación. Cuando incluso las labores de recuperación e identificación de cuerpos se convierten en escenario de riesgo, el mensaje es devastador: la guerra no solo mata, también busca prolongar el daño después de la muerte.

El caso también interpela directamente la política de Paz Total. Alias “Calarcá”, identificado como Alexander Díaz Mendoza, ha sido uno de los voceros de las estructuras que permanecen en diálogo con el Gobierno. Sus órdenes de captura han estado suspendidas en el marco de ese proceso, aunque la Fiscalía ha pedido revisar esa condición y reactivar las órdenes, al señalar que habría continuado delinquiendo. Esa afirmación corresponde al ente acusador y deberá ser probada en los escenarios judiciales correspondientes.

La pregunta, entonces, no es si Colombia debe insistir en la paz. Debe hacerlo. La pregunta es bajo qué condiciones se negocia, con qué controles, con qué consecuencias ante los incumplimientos y con qué garantías reales para la población civil.

Ningún proceso de paz puede avanzar de espaldas a los territorios. Ningún diálogo puede convertirse en una zona gris donde los actores armados conservan beneficios mientras las comunidades siguen confinadas, amenazadas o expuestas al reclutamiento de sus hijos. La paz no puede ser solo una mesa en Bogotá; tiene que sentirse como protección concreta en Barranco Colorado, en Calamar, en El Retorno, en Miraflores y en cada vereda donde la guerra sigue imponiendo sus reglas.

El país también enfrenta un panorama nacional preocupante. Indepaz reportó que, hacia mediados de mayo de 2026, Colombia registraba 58 masacres y 238 víctimas, una cifra que confirma el recrudecimiento de la violencia en distintas regiones.

Por eso, lo ocurrido en Guaviare no admite respuestas de rutina. No basta con condenar los hechos. No basta con publicar comunicados. No basta con prometer investigaciones que luego se diluyen en el tiempo. Se necesitan medidas verificables: prevención del reclutamiento, presencia institucional permanente, rutas de protección para menores en riesgo, atención a familias, acción judicial contra los responsables y reglas claras en cualquier negociación con estructuras armadas.

Los niños, niñas y adolescentes no pertenecen a la guerra. No son instrumentos de presión, no son piezas de una estrategia criminal, no son daños colaterales aceptables. Pertenecen a sus familias, a sus comunidades, a la escuela, al juego, a la vida.

Desde Guaviare queda una pregunta que el país no puede esquivar: ¿de qué sirve hablar de paz si los menores siguen apareciendo entre los muertos del conflicto?

La respuesta no puede quedarse en la indignación. Tiene que traducirse en protección, justicia y presencia real del Estado. Porque cada niño que pierde la vida en la guerra es una derrota colectiva, una advertencia ignorada y una deuda que Colombia no puede seguir acumulando.