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Análisis

‘Operación Lezo’, corrupción a gran escala

Opinión Caribe

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El Canal de Isabel II es una de las empresas públicas más rentables de España, se encarga del manejo de aguas de la capital del país. En Colombia estaban a cargo de Triple A de Barranquilla, Metroagua de Santa Marta, Asaa de Riohacha y Recaudos y Tributos.

El último gran escándalo de corrupción en España sale a la luz con la ‘Operación Lezo’. El caso cuenta con ramificaciones en América Latina, que las respectivas fiscalías deberán aclarar junto a la Justicia española.

Desde hace años, los españoles viven con el repicar diario de la corrupción de políticos del Partido Popular. El último bombazo mediático es el conocido como ‘Operación Lezo’ y la detención el pasado 21 de abril de 2017 de uno de los hombres fuertes del Partido Popular en Madrid en los últimos años, Ignacio González, y su testaferro en América Latina, Edmundo Rodríguez Sobrino, entre otras personas.

Este caso seguramente tendrá repercusiones en toda América Latina. Incluso, ha sido comparado con el caso Odebrecht, que salpicó a varios países latinoamericanos.

¿QUÉ ES LA ‘OPERACIÓN LEZO’?

La ‘Operación Lezo’ investiga la supuesta corrupción en la empresa pública de aguas Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid, y se centra en el presunto desvío de fondos públicos para beneficiar a personas vinculadas al anterior Gobierno regional del Partido Popular. La investigación está coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

¿EN QUÉ CONSISTE LA INVESTIGACIÓN?

Cuando Ignacio González era presidente de la Comunidad en Madrid, el Canal Isabel II, la mayor empresa pública de la Administración autonómica, compró sociedades en Latinoamérica por un precio superior al de mercado. Una de ellas fue la empresa brasileña Emissao. La empresa madrileña abonó 21.5 millones en 2013 por esta compra. Al mes Emissao valía la mitad de ese importe (10.2 millones); y al año, una cuarta parte (5.1). Ahora está en pérdidas.

De acuerdo con versiones de los diarios españoles El País, El Confidencial y La Vanguardia de Barcelona, además de Semana.com el Canal de Isabel II es la empresa pública que gestiona el ciclo del agua en la Comunidad de Madrid. La empresa es socia mayoritaria de la Triple A de Barranquilla, Metroagua de Santa Marta, y Recaudos y Tributos, la organización encargada de la gestión de cartera, hasta hace dos años concesionaria del recaudo de los impuestos en Santa Marta. Desde 2015 operan en consorcio la concesión del acueducto de Riohacha, a través de la empresa Asaa.

Aunque desde hace varios años se ha denunciado la corrupción en Canal de Isabel II y sus empresas filiales en América Latina, los medios españoles solo le han dado un gran despliegue a la captura de sus representantes.

Otras fuentes indican que la Audiencia Nacional investiga una supuesta financiación ilegal a través del Partido Popular, partido político que se encuentra en el poder en España desde hace más de una década. Según las autoridades judiciales españolas el inicio de esta historia tiene lugar en Cartagena de Indias. A través de un video publicado por la periodista Pilar Velazco, de la Cadena Ser, se observa lo que parecieran ser bolsas cargadas de dinero entregadas en una casa de la ciudad amurallada. En el video se ve claramente a Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino, la cabeza de la empresa en América Latina, y a funcionarios de la Ciudad Heroica entrando a una vivienda cargados de bolsas y saliendo con las manos vacías.

El material audiovisual desató polémicas en el país ibérico. González intentó, por vías judiciales, archivar el video y frenar la especulación del contenido de esas bolsas. Pero para las autoridades españolas los altos funcionarios de dicho país llegaron a Colombia a pagar comisiones. Todo parece indicar que el contenido de las bolsas entregadas en una vivienda de Cartagena era dinero en efectivo.

Las cámaras ocultas en el viaje hecho por González al Caribe Colombiano, tenían como objetivo relacionarlo con irregularidades en el manejo de Canal de Isabel II. Tal y como lo detalla un informe publicado el pasado fin de semana por el diario El Mundo, de España, el expresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid saqueó una de las empresas más emblemáticas de ese país, y que estaba a cargo del manejo de aguas en la capital, además de diversas filiales en América Latina.

Un hermano de Ignacio González fue otro de los capturados por ser presuntamente testaferro de la operación. También fueron citados a declarar e imputados por el presunto delito de coacción, el director del periódico La Razón, Francisco Marhuendas y Mauricio Casals, presidente de la junta directiva del mismo diario. Al parecer Marhuendas y Casals, habrían presionado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para evitar que denunciara las irregularidades en el seno del Canal de Isabel II en la que estaba implicado Ignacio Rodríguez Sobrino.

A finales de la década de los años 90 unos directivos de Aguas de Barcelona, socia de Triple A de Barranquilla, crearon Interamericana de Aguas, Inassa, que terminó como socia mayoritaria de la triple A de Barranquilla, luego ingresaron en 2002 como socios de Metroagua de Santa Marta, la más antigua concesión de servicios públicos, la cual entregó las redes a la ciudad en el mes de abril del año en curso, al vencerse el último otrosí, tras una puja de cuatro años con el exalcalde Carlos Caicedo, quien denunciaba la nula inversión y el mal servicio prestado durante 26 años.

La otra sociedad subordinada a Inassa es la firma Recaudos & Tributos S.A., con sede en Barranquilla, que se dedica al cobro de cartera y durante 13 años fue la concesionaria de los recaudos en Santa Marta, contrato que terminó por una pelea jurídica instaurada también por el exalcalde Carlos Caicedo, a quien la Corte Constitucional le dio la razón.

El procurador Fernando Carrillo ya había advertido sobre la necesidad de poner lupa en la ejecución de la empresa en Colombia. El alto funcionario asistió a la entrega de las redes de agua y alcantarillado por parte de Metroagua al distrito de Santa Marta, que fue posible luego de un complejo y largo pleito judicial. “Ojalá lo que ha ocurrido en Santa Marta sea tenido en cuenta por el resto del territorio nacional, se constituya en un buen ejemplo y sea un escenario replicable para Colombia”, dijo. Pidió estar ‘vigilantes’ sobre lo que viene.

El año pasado Semana.com publicó los debates que en la Asamblea de Madrid realizaron los partidos de oposición contra el manejo de Canal de Isabel II, entre los citados estuvo el actual presidente de Canal de Isabel II, y vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, dijo que en América Latina durante 15 años no habían invertido un duro, pero habían obtenido ganancias por 65 millones de euros.

La situación judicial que comenzará a enfrentar la empresa en España tendrá repercusiones en el país y es posible que muy pronto se comience a conocer cómo esa cadena de corrupción pudo llegar a Colombia y quiénes en el país tuvieron que ver con esto. Se prenderá un nuevo ventilador.

LOS DETENIDOS DE LA ‘OPERACIÓN LEZO’

Ignacio González fue detenido el pasado 19 de abril por supuesto desvío de fondos del Canal de Isabel II. La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción lanzaron una operación a primera hora de la mañana en la que el expresidente y otras once personas se pusieron a disposición judicial. En cuanto se conoció la noticia, el Partido Popular suspendió de militancia al presunto cerebro del desfalco y Podemos aprovechó la ocasión para actualizar la apariencia de su ‘Tramabús’ con la cara de González.

Otros once colaboradores del exdirigente regional también fueron arrestados, entre ellos,Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa, la filial del Canal de Isabel II en Colombia; y María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del mismo ente del agua. Además, según pudo confirmar El Confidencial, fue detenido un hermano del expresidente madrileño, Pablo González, director de Operaciones y Estrategia de la empresa pública Mercasa; y su cuñado, Juan José Caballero. Entre los investigados también estaría la secretaria de Edmundo Rodríguez y el exdirectivo del Canal Ildefonso de Miguel. Javier López Madrid –CEO del Grupo Villar Mir y consejero de OHL– también fue detenido.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco también imputó al director del diario La Razón, Francisco Marhuenda –pocos días después fue desimputado–, y al presidente de la sociedad editora del periódico, Mauricio Casals, por presuntas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habrían interceptado llamadas en las que los directivos de La Razón confesaban que habían presionado a Cifuentes para que no denunciara ante la Justicia las irregularidades que había detectado su Gobierno en el Canal de Isabel II.

Se da la circunstancia de que uno de los principales responsables del desvío de fondos de la empresa pública del agua fue presuntamente el presidente de su filial en Sudamérica, Edmundo Rodríguez, con un asiento también en el Consejo de La Razón.

En abril de 2016, Cristina Cifuentes cesó al director del Canal Rodríguez Sobrino por los papeles de Panamá. El presidente de Inassa –filial del Canal en Colombia– era el hombre fuerte de González en esta compañía, y estaba relacionado con tres empresas radicadas en Hong Kong. Fuentes del Ejecutivo regional aseguraron que el cese se había producido por «pérdida de confianza» y porque los negocios de Rodríguez Sobrino eran incompatibles con lo que esperaba la presidenta de un directivo de una empresa pública.

En el marco de la ‘Operación Lezo’ se procedió a investigar a otros miembros del Partido Popular y nombres destacados del panorama nacional español. Así, entre los demás investigados por el juez Velasco aparecen los siguientes nombres.

  •  Eduardo Zaplana: expresidente de la Generalitat Valenciana, ministro de Trabajo y portavoz del Grupo Popular.
  •  Juan Miguel Villar Mir: dueño del Grupo Villar Mir.
  •  Alberto López Viejo: exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid.
  •  Lourdes Cavero: esposa de Ignacio González.
  •  Joaquín Molpeceres: responsable de Licuas.
  •  Carlos Turró: dueño de la constructora Celop.
  •  Santiago Barreno Sevillano: presidente de la empresa editora de La Razón.
  •  Pedro Antonio Martín Marín: exsecretario de Estado para el Deporte.
  •  Ignasi Maestre Canasanovas: asesor fiscal que colaboró con Xabi Alonso.

En septiembre del año pasado, Cristina Cifuentes fichó a Alberto Muguiro –exdirectivo de Prosegur– para sustituir al destituido Edmundo Rodríguez Sobrino al frente de Inassa. A él se le asignó la obligación de poner orden al otro lado del Atlántico y culminar el cierre de algunas empresas que el Canal tenía en Latinoamérica. La iniciativa llegó después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid echara el candado a empresas en México y Venezuela por su poco volumen de negocio y la escasa plantilla.

Tras conocerse la detención de Ignacio González, Esperanza Aguirre presentó su dimisión el pasado 24 de abril. De esta manera, la expresidenta de la Comunidad de Madrid abandonaba su acta de concejal después de que el que fuera su mano derecha entrara en prisión. Visiblemente afectada, Aguirre confesó en una rueda de prensa sin preguntas sentirse “engañada y traicionada”.

“Si se confirma lo de Ignacio González será un palo muy fuerte”, dijo la expresidenta regional ante los medios de comunicación. El que fuera su número dos, es investigado por cohecho, asociación criminal, corrupción y otro buen número de delitos recogidos en la ‘Operación Lezo’. “Los ciudadanos tienen derecho a pedir que los políticos asuman todas las responsabilidades, sin más”, señaló Aguirre, quien no seguirá vinculada a los cargos públicos después de dejar ser portavoz popular en el Ayuntamiento de Madrid.

MOCIÓN DE CENSURA CONTRA RAJOY

Pablo Iglesias, líder de Podemos, emplazó al Psoe a unir fuerzas para apartar al presidente del Gobierno de su cargo. Arropado por Garzón, Montero y Doménech –entre otros–, Iglesias lanzó duras acusaciones al Partido Popular. “Iniciamos el trabajo con las fuerzas políticas y sociales para presentar una moción de censura y echar a los parásitos de las instituciones. Este país no se merece más escándalos de corrupción vergonzosos”, afirmó.

25 MILLONES DE DÓLARES EN PARAÍSOS FISCALES

La sospechosa compra que Inassa, la filial suramericana del Canal de Isabel II, realizó en el año 2013 para adquirir el 75% de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes S.A. Ltda costó «25 millones de dólares» (23.3 millones de euros) de dinero público a las arcas de la Comunidad de Madrid, asegura el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en sus primeros autos de prisión de dos de los detenidos de la ‘Operación Lezo’ a los que tuvo acceso el periódico El Confidencial.

Las principales irregularidades detectadas, destaca el auto, son que la operación no contaba con autorización del Consejo de Gobierno ni existían razones económicas para llevarla a cabo. También que la empresa se adquirió a través de un entramado societario opaco y que se modificó el porcentaje de compra prevista inicialmente sin autorización, del 40% al 75% de Emissao.

«Se renunció a un aval de tres millones de euros para contingencias sin justificación alguna y sin autorización», agrega el juez. Tampoco hubo valoración independiente, permiso de la Consejería de Hacienda y existía un informe de la auditora KPMG «que debió llevar a la paralización inmediata» de la operación. Los pagos se realizaron en cuentas corrientes bancarias no autorizadas y en paraísos fiscales. El auto destaca la especial «formación» de Richmond en asuntos económicos que apunta a su conocimiento del contenido de la operación.

«El informe de KPMG debería haberla obligado a tomar algún tipo de decisión respecto a plantear las deficiencias del proyecto de compra de Emissao», dice.

Agrega, que llevó a cabo una duplicidad de funciones y solicitó a Canal Extensia, en representación de Soluciones Andinas, el desembolso de 12 millones y medio de dólares mientras autorizaba la compra. Canal de Isabel II creó en diciembre de 2001 Canal Extensia, que a su vez adquirió el 81.24% de Inassa (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios SA), con sede en Barranquilla (Colombia). En 2013, Canal Extensia e Inassa «constituyeron la Sociedad Soluciones Andinas de Aguas SRL», con domicilio social en Montevideo, Uruguay.

CANAL PAGÓ 1.5 MILLONES EN COMISIONES

Los tentáculos del caso Lezo que salpican de lleno al Canal de Isabel II, se entrelazan peligrosamente con el caso Odebrecht, el gran escándalo de corrupción que implica a la constructora brasileña en el pago de sobornos en varios países suramericanos. La UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción creen que el Canal utilizó para pagar también comisiones a cambio de contratos al mismo empresario investigado por intermediar en las mordidas de Odebrecht.

Según el auto del juez Eloy Velasco que mandó a prisión a Ignacio González, «el pago de las comisiones habría sido articulado a través de Ángel Rondón Rijo».

Como ya publicó El Confidencial a principios de febrero, antes de que se destapara la operación Lezo, Ángel Rondón Rijo es socio del Canal en la empresa Triple A Dominicana y montó una firma ‘offshore’ en Panamá utilizando las dos mismas sociedades que sirvieron a su vez para crear la empresa que fue dueña del dúplex que hoy pertenece al expresidente regional Ignacio González, imputado también por esta operación de compraventa en un juzgado de Estepona. Ángel Rondón es accionista de la Triple A Dominicana desde que esta se constituyó en abril de 2000 (aunque el Canal no compró parte de las acciones hasta febrero de 2002).

La Audiencia Nacional está investigando varias operaciones del Canal al otro lado del Atlántico en una doble vertiente. La primera, el desvío de dinero a los bolsillos de los implicados después de que el Canal comprara en Suramérica varias empresas a precios bastante inflados, como pasó con la adquisición de la firma brasileña Emissao. Y la segunda, el pago de comisiones por parte de la filial suramericana del Canal (Inassa) a funcionarios a cambio de contratos públicos, comisiones que luego podrían revertir en parte a los directivos de Inassa.

La Triple A Dominicana «habría estado pagando periódicamente comisiones ilegales relacionadas directamente con contratos públicos adjudicados y ejecutados por esta empresa en República Dominicana», señala el auto de Velasco. Rondón habría canalizado el pago de las comisiones a través de una sociedad suya,Consultores y Contratistas Amiro Santana (Conamsa).

El Canal, a través de Inassa, tiene el 52.81% de la Triple A Dominicana. El auto judicial destaca como la empresa de Rondón facturó a la Triple A en concepto de «asistencia técnica», 1.66 millones de dólares (1.54 millones de euros) en los años 2014 y 2015, «que se corresponderían con determinados porcentajes de los importes ingresados por Triple A provenientes de la ejecución de contratos públicos».

Es decir, los investigadores sospechan que la empresa de Rondón recibía esas comisiones facturando esas asistencias técnicas, comisiones que luego repartía entre los funcionarios dominicanos.

Muy parecido a lo que se hacía en Odebrecht, donde se acusa a la constructora brasileña de pagar entre 2011 y 2016 al menos 788 millones de dólares en sobornos a políticos y funcionarios de doce países, entre los que está República Dominicana. Se cree que en este último país Odebrecht entregó a Rondón a lo largo de varios años 92 millones de dólares (algo más de 85 millones de euros) que presuntamente acabaron convirtiéndose en sobornos.

Rondón es copresidente de la Triple A Dominicana, junto a Diego García Arias, que representa a Inassa (con sede en Colombia). García Arias es uno de los investigados en la ‘Operación Lezo’ y la Audiencia Nacional ha ordenado su detención a las autoridades colombianas.

La empresa dominicana ingresa unos 9 millones de euros al año, aunque en 2015 (últimos datos) solo obtuvo unos beneficios de 54.000 euros. El principal cliente de la compañía sigue siendo la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, es decir, que el Canal gestiona el suministro de agua de la capital dominicana.

El ayuntamiento de Distrito Nacional es el segundo cliente por volumen de facturación. El Canal también gestiona el cobro de tributos en el ayuntamiento de Santiago de los Caballeros. En el año 2013 la compañía también ganó el contrato para instalar y gestionar 45.000 contadores de agua de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de la provincia de la Vega. El mismo tipo de contrato se ganó en junio de 2014 en la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata.

LA CONEXIÓN A TRAVÉS DE MOSSACK FONSECA

El nexo de unión entre Ángel Rondón y el ático de Ignacio González es el bufete panameño de abogados Mossack Fonseca, especializado en la creación de empresas opacas. Ángel Rondón, su mujer Zunilda Marte y la hija de la pareja, Angelina Rondón, son los accionistas de la firma panameña Lashan Corp, creada en noviembre de 2002. La legislación de Panamá establece que para poder crear una nueva sociedad es necesario que dos testigos o suscriptores estén presentes en el acto de inscripción de la compañía en su registro mercantil. Mossack Fonseca eligió para la creación de Lashan a Dulcan Inc. y Winsley Inc. Dulcan estuvo representada por Letizia Montoya, que fue secretaria de Lashan Corp.

En febrero de 2013, Dulcan Inc. y Winsley Inc. son también los suscriptores que utilizó Mossack para montar otra sociedad panameña, Waldford Overseas Investment Ltd.

Esta firma es a su vez es la tenedora de las acciones de Coast Investors, radicada en el paraíso fiscal estadounidense de Delaware. Coast adquirió en el verano de 2008 el ático de lujo que Ignacio González alquiló durante varios años y que luego compró en diciembre de 2012 tras destaparse que disfrutaba de un dúplex de lujo en la urbanización malagueña de Guadalmina.

La justicia investiga si el inmueble siempre perteneció a González y si Waldford y Coast eran en realidad dos sociedades pantalla para ocultar la verdadera identidad del titular del ático.

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