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Gobernación del Magdalena convoca Tribunal de Arbitramento para resolver líos de la Vía de la Prosperidad

Opinión Caribe

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La gobernadora Rosa Cotes radicó en la Cámara de Comercio de Santa Marta la solicitud para la conformación de un comité de jueces que resuelvan las diferencias con el consorcio Ribera Este y el Invías.

En medio de la polémica que ha desatado la decisión del consorcio Ribera Este de paralizar las obras de la Vía de la Prosperidad porque asegura que se quedó sin recursos para trabajar, la Gobernación del Magdalena dio a conocer que radicó formalmente una solicitud en el centro de conciliación de la Cámara de Comercio de Santa Marta para que se convoque un Tribunal de Arbitramento que resuelva las diferencias jurídicas que tienen enredado el proyecto de infraestructura vial más importante de los últimos tiempos para el departamento.

Las razones que entregó Ribera Este para paralizar las obras es que desde el año 2016 el Instituto Nacional de Vías – Invías- suspendió el giro de recursos y  el consorcio ya se quedó sin dinero para seguir avanzando en la construcción de ese proyecto que actualmente ha intervenido 19 kilómetros en terraplenes y solo 4 kilómetros en pavimentación de los 52 que inicialmente contemplaba la Vía de la Prosperidad pero que tras una rectificación topográfica quedó en solo 48 kilómetros de carretera entre Palermo (Sitionuevo) y Guáimaro (Salamina)

“Hemos hecho hasta lo imposible para no paralizar, recurrimos a créditos bancarios y todo tipo de préstamos pero ya no estamos trabajando porque no tenemos con que trabajar. Le debemos a los obreros, proveedores y a todo el mundo”, fue lo que dijo Juan Pablo Deik, director técnico de la firma contratista Ribera Este.

Según lo descrito por Deik a Caracol Radio, el consorcio ejecutor del proyecto está exigiendo a Invías más de 40 mil millones de pesos que ha usado en la obra sin que se le giren los recursos, mientras que la Gerencia de Proyectos de la Gobernación del Magdalena afirma que Ribera Este no puede detener las obras y ha solicitado a las instancias nacionales que se dé celeridad a los asuntos presupuestales mientras que se ha iniciado la articulación de un plan de contingencia para superar el impase en lo que resta del año 2017.

Lo cierto es que la obra está paralizada y avanza en la Cámara de Comercio de Santa Marta el proceso para constituir el Tribunal de Arbitramento que resuelva los conflictos de la Vía de la Prosperidad y se espera que esta misma semana notifiquen a las partes sobre cuándo será la cita ante los jueces que determine el centro de conciliación para decidir el futuro del proyecto que completa nueve meses de altibajos y conciliaciones sin resultado.

Entre tanto, la Gobernación del Magdalena ha dicho a través de su gerente de Proyectos, Fabio Manjarrez Pinzón, que “no puede ser que la Vía de la Prosperidad quede en un lio jurídico y no constructivo por lo que se agotaran todas las herramientas para que se resuelvan los inconvenientes y se haga realidad el proyecto que tanto esperan los habitantes de la región Caribe”.

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