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Turismo social

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Los gremios turísticos en la ciudad de Santa Marta coinciden en que a los vendedores ambulantes deben impartírseles talleres de formación para brindar un mejor servicio a los visitantes y locales.

 Paola Murillo García

Los gremios responsables del turismo en la ciudad de Santa Marta respaldan las medidas radicales que se han tomado en el gobierno de Rafael Martínez, hacia el turismo a bajo costo o turismo sostenible. Decomisos de comidas ambulantes en las playas de la ciudad y comparendos a los vendedores estacionarios en balnearios como El Rodadero, cuestionan acerca de la viabilidad de este tipo de turismo y en sí se ha convertido en un problema social para la administración y las autoridades turísticas de la ciudad.

Paola Narváez, directora de Acodres Magdalena, afirma, que el turismo en Santa Marta ha crecido en gran medida, pero, sin contar con un gran respaldo en la formación académica y práctica adecuada. Además, el incremento del trabajo informal ha traído consigo una gran cantidad de consecuencias impositivas para la región, entre esas, el aumento de ventas de comidas ambulantes y hospedajes improvisados que afectan de manera directa al turismo formal.

Del mismo modo, Narváez explicó sobre la importancia de invertirle a un turismo incluyente. “El turismo no debe ser discriminatorio, todos tienen derecho al descanso, es ahí cundo las cajas de compensación y la administración deben trabajar para fomentar programas de recreación y turismo social a bajo costo y con buena calidad”.

Según la Organización Internacional de Turismo Social, Oits, “El turismo social o turismo sostenible se puede definir como los efectos y fenómenos resultantes de la participación en el turismo, más específicamente la participación de grupos de bajos ingresos.

El director de Cotelco capítulo Magdalena, Omar García, sostiene,  que el turismo si debe ser incluyente, sin embargo, es tarea del Estado impulsar oportunidades en pro de la recreación a bajo costo. “El turismo sostenible es un servicio público promovido por el Estado con el propósito de que las personas de recursos económicos limitados puedan acceder al ejercicio de su derecho al descanso y al aprovechamiento del tiempo libre, mediante programas que les permitan realizar actividades de sano esparcimiento, recreación, deporte y desarrollo cultural en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad”.

Andrés Labarcés, experto en turismo, desde hace unos 35 años e instructor del Sena, manifestó no estar de acuerdo con las medidas de la administración y señala a los representantes de los gremios importantes del turismo en la ciudad de presionar para realizar este tipo de operativos. “No estoy de acuerdo, esos operativos son presionados por los gremios, quienes tienen que pagar impuestos, locales y otros permisos exigidos, estoy de acuerdo con que el turismo debe organizarse, los vendedores ambulantes deben estar regulados en cuanto al tratamiento de sus productos, tener un control sanitario más exigente, pero no es el modo de acabar con el el trabajo de una persona y quitarle la posibilidad a otra de que tenga acceso al turismo y al esparcimiento”.

Para el Director de Cotelco en el Magdalena, el turismo social debería beneficiar a las personas de bajos ingresos no solo facilitando las oportunidades de viaje, sino también extendiendo los beneficios del desarrollo turístico a personas de bajos ingresos a nivel de destino. “La Oits había adoptado diferentes términos para las dos interpretaciones: la primera interpretación del turismo social se conoce como «Turismo para todos» y la segunda como «Turismo solidario”.

Los cientos de turistas que llegan a diario a la ciudad no encuentran un turismo cien por ciento viable.

PERO, ¿SE ESTÁ CUMPLIENDO EN SANTA MARTA?

De acuerdo con la definición señalada en la Ley 300 de 1996 o Ley General de Turismo, “el turismo de interés social es un servicio público promovido por el Estado con el propósito de que las personas de recursos económicos limitados puedan acceder al ejercicio de su derecho al descanso y al aprovechamiento del tiempo libre, mediante programas que les permitan realizar actividades de sano esparcimiento, recreación, deporte y desarrollo cultural en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad”.

Pero, Omar García afirma, que en Santa Marta es más frecuente de lo pensado el turismo social o sostenible, especialmente cuando hay puentes festivos en balnearios como El Rodadero, La Bahía, Taganga y Playa Grande tienen el mayor flujo de visitantes en la ciudad. García señala, que “Santa Marta es tal vez el lugar de Colombia donde hay más alternativas para el turismo social, tenemos hoteles pequeños, medianos y grandes de acuerdo con la disponibilidad, aunque por lo general utilizan hostales, desde nuestro gremio se está haciendo un esfuerzo por construir una política de turismo, el turismo es parte de la industria”.

De acuerdo con lo citado el Artículo 7 de la Ley 300 en conjunto con la OMT, Código de Ética del Turismo, “el derecho al turismo para todos debe entenderse como consecuencia del derecho al descanso y al ocio, y en particular a la limitación razonable de la duración del trabajo y a las vacaciones pagadas periódicas, que se garantiza en el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Artículo 7. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Por tanto, todos los ciudadanos tienen derecho al turismo incluyendo a las personas de bajo poder adquisitivo, derecho al descanso teniendo en cuenta las horas de trabajo. ¿Le está brindando el Distrito espacios al turismo sostenible o se está vulnerando esta orden reglamentaria? sin contar con el derecho al trabajo que podría estar constreñido hacia los vendedores estacionarios que se sitúan en las principales zonas turísticas de la ciudad.

Paola Narváez, directora de Acodres, aseguró, que dentro de su gremio tienen como propósito brindar un servicio de calidad a los visitantes y locales con la intención de fortalecer la marca turística de la ciudad, “el gremio lo que quiere es tener un servicio competitivo, de calidad y brindar una asistencia de este tamaño tiene unos costos elevados por la gran carga impositiva de este negocio para contratar legalmente personal que cumpla con todas las normatividades, todos esos factores inclinan la balanza en contra del turismo formal, debido a que, el costo de sus productos no va a ser igual al de un producto que no tenga esa calidad.

VENTAS ILEGALES O VULNERACIÓN DEL DERECHO AL TRABAJO

Como un ‘duro golpe’ catalogó en su momento la exsecretaria de Gobierno, Ingris Padilla, sobre los decomisos de almuerzos que iban a ser comercializadas como comidas ambulantes en el sector de El Rodadero.

Las autoridades distritales le apuntan a que cada día lleguen más cruceros a la ciudad.

Según Padilla, estos decomisos se hacen con el propósito de frenar las ventas informales que incrementaron de manera importante en El Rodadero y otros balnearios turísticos durante la época de vacaciones. Los operativos estuvieron liderados por la Alcaldía Distrital de Santa Marta a través de la Secretaría de Gobierno y la Udep, quienes lograron decomisar un total de 186 almuerzos en el mes de diciembre.

Las acciones del Gobierno Nacional contra la informalidad en el turismo arrojan un resultado de 1.192 establecimientos que han sido cerrados en el país por estar prestando servicios turísticos por fuera de la normativa vigente.

De estos, 1.129 son alojamientos, 42 agencias de viajes, 14 restaurantes, 4 empresas alquiladoras de vehículos, 1 centro recreacional, 1 empresa de transporte especial y 1 parque temático.

La Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, destacó, que en año 2016 hicimos 8 cierres y este año llegamos a 1.192 con el apoyo de la Policía Nacional de Turismo gracias al Nuevo Código de Policía y las brigadas del Ministerio.

Los operativos realizados, 105 en total, han permitido la apertura de 3.035 investigaciones preliminares a los prestadores de servicios turísticos que incumplían las normas.

El objetivo fundamental de estas brigadas es lograr que todos los prestadores de servicios turísticos del país se acojan al marco normativo vigente y ejerzan su actividad formalmente.

Las empresas colombianas que prestan sus servicios turísticos de forma legal, formalmente establecidas, tienen la posibilidad de generar desarrollo y equidad en una cancha con reglas claras e iguales para todos.

Además, ser beneficiarios de los incentivos tributarios y fiscales consagrados a su favor en disposiciones de orden nacional, departamental, distrital o municipal, que tengan por fin estimular, apoyar o promover la actividad referida.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo les proporciona a los empresarios del sector herramientas de fortalecimiento empresarial a través de sus entidades adscritas y vinculadas.

Dentro del grupo de incentivos a los que pueden acceder las empresas del sector turístico que están en el RNT se encuentran:

  • Acceso a recursos del Fondo Nacional de Turismo, Fontur.
  • Exención de la renta por 20 años, que rige desde enero de 2003 para servicios ecoturísticos.
  • Exención de la renta por 30 años para los servicios hoteleros, que igualmente rige desde enero de 2003.
  • Exención del impuesto de renta por 20 años para las empresas que construyan establecimientos hoteleros en los municipios con menos de 200.000 habitantes.
  • Menor cuantía en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Avisos (ICA).
  • Beneficios de los créditos de Findeter.
  • Derecho a las líneas de crédito de Bancóldex.
  • Participación en programas de ProColombia y el Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
  • Convocatorias de INNpulsa.

“Es importante el apoyo de las autoridades locales, porque su responsabilidad de acuerdo con el Nuevo Código de Policía (Artículo 85 y 87) es disciplinar a los prestadores que no cuentan con los requisitos legales para operar”, dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez.

Si bien es cierto que un porcentaje de los visitantes que llegan a la ‘Perla de América’, tienen los recursos suficientes para conocer de manera cómoda cada uno de los maravillosos rincones de la ciudad, también se le debe dar cabida al turismo de bajo poder adquisitivo que, por motivos de economía no pueden acceder a los mejores restaurantes y tienen como única opción pagar comidas similares a las decomisadas en los pasados operativos.

Es por esto que, se podría pensar que no solo se le está negando la posibilidad a un porcentaje de visitantes y locales de consumir el turismo a bajo costo; también se le está violando el derecho al trabajo a cada uno de los que con esfuerzo invirtieron sus ahorros en el emprendimiento de un nuevo negocio en pro del turismo de Santa Marta.

Para el experto en turismo Andrés Labarcés, “desde los principales gremios turísticos, no se está haciendo nada, todos giran alrededor del dinero, dejando de lado el derecho de las personas al esparcimiento y el Estado se hace el sordo ante la inminente responsabilidad que tiene por esa situación”.

A lo anterior, Paola Narváez, directora de Acodres enfatizó en lo siguiente, “no pretendemos que estas personas dejen de trabajar, sino que se haga una conversión laboral, que los que están en la calle vendiendo estos productos a bajo costo, que están ocupando el espacio público, que comercializan sus productos sin normatividad, deben crecer, capacitarse y no convertirse en una inseguridad para el turista que está buscando estos servicios”.

Los decomisos de los almuerzos se dieron como importante medida, debido a que según el actual secretario de Gobierno Raúl Pacheco, “se debe tener en cuenta el problema de salubridad que podría darse a   la ciudad, la comercialización en las calles de manera ambulante de este tipo de comidas, que no cuentan con un control sanitario oficial”.

Pero, es el decomiso la vía adecuada para la prevención de este tipo de situaciones o ¿debe la administración y el Estado en general organizar como microempresarios a estos vendedores ambulantes, contrario a dejarlos sin trabajo y sin producido diario?

De acuerdo con el proyecto de a Ley 23 de 2012 del Senado, el ente de gobierno, en este caso el Distrito, debe darles todas las herramientas para cualificar a estos vendedores informales.

“Las autoridades municipales y distritales promoverán capacitaciones para divulgar las normas vigentes sobre ventas informales y los requisitos para el ejercicio de esta actividad, así como los derechos, deberes y obligaciones de los vendedores informales. Así mismo, promoverán campañas, incentivos y desarrollarán políticas, programas y proyectos para que los vendedores informales superen su condición y pasen a vincularse a empleos y actividades económicas formales”, menciona el documento.

De igual manera, “las autoridades municipales y distritales procurarán la vinculación económica del sector privado al fortalecimiento presupuestal del Fondo Especial de Cooperación de Vendedores Informales, de que trata el artículo 14 de la presente ley, y podrán instituir programas de reconocimiento a la responsabilidad social de las empresas, cuando estas vinculen, entre sus empleados, a personas que se encuentren registradas como vendedores informales”.

De acuerdo con lo expresado por Omar García, dentro de los gremios turísticos en Santa Marta se estudia la posibilidad de apoyar ese tipo de turismo dándoles la oportunidad de capacitarse y brindar un servicio de calidad, “con el apoyo de las autoridades públicas se desarrollará el turismo social, en particular, el turismo asociativo, que permite el acceso de la mayoría de los ciudadanos al ocio, a los viajes y a las vacaciones. Se fomentará y se facilitará el turismo de las familias, de los jóvenes y de los estudiantes, de las personas mayores y de las que padecen discapacidades”.

La Directora de Acodres en el Magdalena insistió en que, “estas personas deben hacer una conversión laboral, mientras los formales cumplimos con todos los reglamentos, muchos de ellos venden en muchas ocasiones más que los establecimientos formales y deberían aportarle algo al stream, lo que queremos es tener servicios competitivos, turismo sostenible y amigables con el medio ambiente a lo que ellos no contribuyen”.

Los principales gremios de turismo en la ciudad, respaldan los desalojos y
decomisos al turismo informal en busca de una mejor organización y conversión
laboral de los mismos.

De igual forma, agregó, que, “el sector turístico formal con esta carga impositiva tan grande que tiene, no quiere atacarlos sino llevarlos a trabajar bajo las normas, “claro que, si pueden trabajar, pero trabaje bien”, además invitó a proteger al turista “que las comidas que sean distribuidas estén bajo buenas cadenas de frío para prevenir problemas de salud”.

Independiente del turismo social, la Alcaldía debe organizar estas ventas ambulantes y estacionarias que no están formalmente organizadas y que, además, pone en desventaja al gremio,  mientras ellos tienen cada uno de los impuestos y reglamentos necesarios al día, los vendedores estacionarios no llevan ese tipo de controles, no tienen buenas prácticas y no dan un servicio de calidad al visitante, lo que afecta directamente la imagen turística de la ciudad.

El experto en turismo Andrés Labarcés se refiere a lo anterior, diciendo, que “si nos organizáramos, cada JAC (Junta de Acción Comunal) con los moradores de sus barrios se podría conocer cada uno de los rincones de la ciudad, “muchos por esta falta de organización en ocasiones mueren sin tener la oportunidad de conocer las maravillas que tenemos en Santa Marta.

Lo que se puede hacer es organizarlos mejor, las personas que vengan de los pueblos o de otros lugares del país y solo tengan para ‘el paseo de olla’,  visiten sitios específicos para que tengan todas las posibilidades de disfrutar del manojo de bahías, pero, que contribuyan con la limpieza, por ejemplo, en El Rodadero Sur o en Bello Horizonte, sin embargo, aquí todo lo hacen por la fuerza o la bota militar, lamentablemente”.

La Constitución Política es clara, todos tienen derecho a la recreación. Algunas familias llevan sus alimentos por economía, se debe ser respetuoso con esto, no se debe  despectivo, ni hablar de turismo de olla. Lo que sí se debe es sensibilizar a esas personas sobre la necesidad de recoger la basura que generen por sus actividades. Que las autoridades distritales garanticen la seguridad y acceso a un turismo de bajo costo.

 

 

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