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98% de la población del Magdalena está afiliada a la salud

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Ante las investigaciones que adelanta la Procuraduría General de la Nación al exgobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes Habeych (2013 a 2015); y a la actual mandataria Rosa Cotes de Zúñiga, por presuntas irregularidades en la ejecución de recursos del Sistema General de Participaciones que darían lugar al aumento de la población pobre no afiliada a la salud, la Administración Departamental, emitió un comunicado a la opinión pública en el que expone que, el Departamento ha mejorado de manera destacada el proceso de afiliación de los magdalenenses. Es así como, en crecimiento desde el año 2013 hasta el presente, el Magdalena logra el 98% de la población afiliada, bien sea al régimen contributivo o subsidiado.

También, señala que respeta las actuaciones de los órganos de control e informó que hasta el momento no conoce oficialmente notificación alguna de investigación relacionada con la entidad en términos de inejecución presupuestal para la salud.
Por tal motivo, la Gobernación esperará, en caso de presentarse, la notificación oficial, para poder hacerse parte del proceso y ejercer el derecho de defensa dentro del mismo.
Asimismo, indica que la Administración Departamental ha mostrado y lo seguirá haciendo, manejo transparente y eficiente en la ejecución de los recursos públicos, garantizando la prestación en los servicios de salud y el aseguramiento de la población magdalenense.

PRESUNTAS IRREGULARIDADES

De acuerdo a lo informado por la entidad adscrita al Ministerio Público, la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública busca establecer si hubo inconsistencias entre el nivel de afiliación y los dineros para la salud involucrados, teniendo en cuenta el informe de la Contraloría que señala que en las vigencias 2013-2016 quedaron pendientes por ejecutar recursos que representan el 20% y equivalen a $833.751 millones de pesos.

El ente de control fiscal señaló que en el departamento de Magdalena se presenta reducción o poco crecimiento en las afiliaciones a salud, y que el valor que el Gobierno reconoce anualmente a las EPS por cada uno de sus afiliados para asegurar la prestación del servicio de salud, tuvo un incremento mayor al 30%.
Entre las posibles normas vulneradas estaría el artículo 29 de la Ley 1438 de 2011 que señala que “Los entes territoriales administrarán el Régimen Subsidiado mediante el seguimiento y control del aseguramiento de los afiliados dentro de su jurisdicción, garantizando el acceso oportuno y de calidad al Plan de Beneficios”. El Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas para esclarecer los hechos objeto de investigación.
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