Fiscalía General rechaza proyecto que limita a un (1) año medidas de aseguramiento

En una carta dirigida al presidente del Senado de la República Ernesto Macias Tovar, el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez Neira expresa que la propuesta afecta sensiblemente la acción del Estado contra el delito, puesto que, implica una reforma radical de la Ley 1908 de 2018 que se promulgó hace apenas cuatro meses y expone a la ciudadanía a los riesgos de una «excarceración masiva» de delincuentes de alta peligrosidad sin precedente alguno.

De igual forma contempla que la rigidez normativa de la propuesta queda en evidencia al consagrarse que solo una ley estatutaria podrá ampliar el término de detención preventiva a un máximo de dieciocho (18) meses, lo que -además de irrisorio- implicará que la reforma entre en vigencia inmediata y las previsiones de excepción se podrían tardar a lo menos un año para su expedición.

El fiscal asegura que de llegar a tales condiciones sería un verdadero retroceso y muestra de una política criminal errática, que a escasos cuatro meses de vigencia de la Ley 1908 y frente a los niveles de violencia que se alcanza en los territorios de consolidación, se vuelva a un término genérico de detención preventiva de un (1) año, que desconoce la gravedad de los delitos, las complejidades investigativas y de juzgamiento o la peligrosidad del presunto responsable, factores que deben analizarse con las particularidades de cada caso en concreto, justo en un momento histórico en el que la violencia en los territorios reclama una acción preventiva y determinante de la justicia, para recuperar el orden público.

Finalmente, Néstor Martínez asegura que “una política criminal errática desdice de la capacidad de nuestro Estado para formular políticas públicas; pero una política criminal que beneficie los derechos de los victimarios sobre los derechos de las víctimas y de la sociedad en su conjunto, puede conducir a la capitulación de la justicia”.