Electricaribe sigue sin nuevo operador, nadie se postula

El pasado viernes se venció el plazo para que los interesados en operar Electricaribe se postularan, sin embargo, solo una empresa el Grupo Enel de Italia, pidió información, pero sin hacer una oferta formal, esto demuestra lo poco atractivo que parecer ser el negocio del operador por el que llevan años padeciendo en el Caribe.

Electricaribe tiene cerca de 2,5 millones de usuarios y presta el servicio de energía eléctrica en siete de los ocho departamentos de la región. Pero la casi nula inversión a las redes locales por parte de sus antiguos dueños (los españoles de Gas Natural Fenosa) generaron que los usuarios se quejen de una mala prestación del servicio.

Por esa razón, y ante el fracaso de un plan de inversiones conjunto entre los privados y el Estado, en 2016 la empresa fue intervenida, por lo cual Fenosa demandó y le está exigiendo casi dos mil millones de dólares al Estado.

Electricaribe actualmente tiene deudas por aproximadamente 2,4 billones de pesos, un pasivo pensional de 700 mil millones y requiere inversión en infraestructura de 7 billones en los próximos 10 años para mejorar la calidad y la eficiencia en la prestación del servicio.

Judith Echeverría Molina, profesora de la Facultad de Derecho de La Universidad del Norte, quien ha estudiado la política de servicios públicos domiciliarios en Colombia durante 28 años, analizó las situación del Electricaribe.

Que sólo haya mostrado interés una empresa representa un riesgo de que no se elija el mejor candidato por falta de competencia. ¿Qué debería hacer el Estado para que más de una persona se interese en el negocio?

J.E.: No es capricho de este Gobierno ni de los anteriores, ni de los que vengan, ofertar el servicio.

Es necesario verificar qué condiciones plantean los pliegos que puedan hacer atractivo a una empresa (pública, privada o mixta) asumir un mercado con las características de consumos y poca capacidad de pago, como el que se ofrece.

Mirar la oportunidad de pago del subsidio, las inversiones requeridas para superar la crisis, el plan financiero de mediano plazo para contar con una infraestructura confiable, la rentabilidad que se puede lograr con las condiciones de mercado existentes, y toda una serie de variables que permitan concluir a los posibles oferentes que es un proyecto atractivo.

Para los estudios previos debieron haberse hecho los cálculos de cuánto tiempo tarda en retornar la inversión que hay que hacer en infraestructura y en saldar pasivos. Dado que esto se recupera vía tarifas, el Estado debe garantizar el tiempo de operación necesario para que se recupere la inversión de forma gradual y no torne impagables las tarifas.

Si esas condiciones mencionadas anteriormente no se conjugan en un proyecto, seguramente no habrá un adecuado número de postores. En el mercado la relación debe ser gana – gana para poder contar con una pluralidad de oferentes en un proceso.

En todo caso, las utilidades tienen que ser razonables. La rentabilidad de estas empresas debe ser social y los gobernadores y alcaldes deben ser exigentes en eso, ponerle corazón al Estado.

Tratándose de un servicio público prestado por un operador privado como la española Gas Fenosa y Enel, si es el que lo reemplaza, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del Estado para garantizar la prestación del servicio respecto a las deudas de Fenosa y la modernización que requiere el sistema de transporte local de la energía?

J.E.: Eso debe ser el resultado de un análisis con la participación de todas las disciplinas involucradas, el cual debió estar contenido en los estudios previos del proceso.

De igual manera, debe estar contenido en la propuesta que presente el operador oferente. Quienes evalúen la oferta y su conveniencia, seguramente lo plasmarán en su informe.

LSA: Pero, ¿usted cree que las deudas de un privado las debe asumir el Estado en aras de garantizar la viabilidad en la prestación de un servicio público?

J.E.: Hay que revisar a qué corresponde el pasivo de Electricaribe. No necesariamente son deudas de un privado las originadas en servicios prestados y no pagados.
¿Dado que se trata de un servicio público, ¿tendría sentido que la infraestructura local -que hoy es del privado- fuera del Estado? Tras la intervención del Estado, Fenosa hoy está demandando la devolución de los activos, aunque poco haya invertido en ellos?

J.E.: Desconozco a fondo las pretensiones de Fenosa.

Para responder a su pregunta sobre la propiedad de los activos en cabeza del Estado, debo decirle que es perfectamente viable que un privado sea el operador del servicio y el Estado el dueño de la infraestructura.

¿Lo más lógico no sería que el Estado se quedara con la empresa para efectos de que pueda hacer las inversiones pertinentes?

J.E.: La tendencia en países con limitada capacidad para realizar grandes inversiones es la participación pública privada. No solo se puede cargar al Estado ese compromiso. Si debe el Estado velar para que quien se asocie con él lo cumpla, pero no necesariamente el Estado debe realizar las inversiones. En ese caso el particular debe recuperar sus inversiones vía tarifas, como lo establecen las comisiones de regulación de cada sector.

¿Qué medidas urgentes debería adoptar el Estado para que Electricaribe salga de la crisis en la que está?

J.E.: Entiendo que el Estado está haciendo lo que la ley le exige. La toma de control por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos fue una de las medidas urgentes. Todos anhelamos que sea inmediato el resultado, pero la prestación del servicio, dado su complejidad y el número de usuarios, no permite que los resultados se logren todos al mismo tiempo. Hasta donde entiendo, existen retrasos en inversiones y mantenimiento de la infraestructura existente.

En términos generales, usted puede deducir que un servicio se presta adecuadamente cuando no nos damos cuenta que hay alguien ejerciendo esa función. Usted nota la presencia de operadores cuando hay fallas en el sistema. Bien sea en facturación, en mantenimiento, operación, en tarifas o atención al usuario, etc.
En resumen, el Estado debe brindar las herramientas para que el operador del servicio lo preste con calidad y el operador debe ofrecer todo su concurso para que este servicio sea como el usuario requiere.

De otra parte, se espera del usuario un uso racional del recurso y el cumplimiento de sus obligaciones en el pago oportuno del servicio. Cada uno se debe preguntar qué está haciendo para que su factura sea lo que puede pagar.

En la solución debemos estar involucrados todos. No es solo el Estado, ni solo la empresa, ni solo el usuario. Fuente La República.