Departamento
Entidades del Magdalena en riesgo de ser sancionados por no diligenciar el Furag
Hoy, vence el plazo para que las entidades públicas territoriales reporten la información que permita medir su gestión y desempeño institucional en la vigencia 2018, a través del Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión, FURAG, labor en la que las entidades del departamento del Magdalena registran un bajo porcentaje de diligenciamiento, incluyendo su capital Santa Marta.
Las entidades podrán diligenciar su reporte mediante el aplicativo dispuesto en este enlace, en el que se pueden encontrar las instrucciones de acceso y de diligenciamiento; cabe resaltar que el usuario y contraseña correspondiente a cada entidad serán remitidos a través de correo electrónico a los responsables.
“Invitamos a las entidades, y a sus jefes de Planeación y de Control Interno, a reportar su información dentro de los plazos establecidos; el resultado de este informe le permitirá a cada una conocer sus avances, además de evidenciar los aspectos que se requieren mejorar en su gestión, y para identificar el estado de su sistema de control interno”, afirmó el director de Función Pública, Fernando Grillo.
Con los resultados del FURAG, las entidades contarán con fundamentos para sustentar los ejercicios de planeación institucional, y podrán utilizar los resultados de esta medición como insumo para la elaboración de los informes que se deberán entregar en el próximo proceso de empalme.
Este proceso es indispensable para avanzar en la implementación de MIPG y del Modelo Estándar de Control Interno, MECI, así como para contribuir al cumplimiento de los propósitos del Gobierno Nacional de orientar su gestión hacia resultados, enfocada al servicio ciudadano y sustentada en un compromiso colectivo sobre el desarrollo del país, en torno al Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad.
Así mismo, cabe recordar que el pasado 7 de marzo la Procuraduría General de la Nación emitió la Circular 004 de 2019, en la que recuerda a los representantes legales de las entidades públicas que el incumplimiento de las obligaciones legales puede generar responsabilidades disciplinarias.
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