LA PERTINENCIA DE UNA MEDIDA

Por Víctor Rodríguez Fajardo

“El alcalde me pidió que lo acompañara en el rescate de la ESE Alejandro Prospero Revered, en la suspensión al gerente Omar Suarez Prasca”. Palabras del asesor del despacho Jairo Romo al ser entrevistado por OPINIÓN CARIBE. Desde el inicio de su administración, Martinez encontró un sistema de salud distrital colapsado, el cual ha exigido acciones demostrables por garantizar el derecho de los habitantes de Santa Marta para tener acceso a los servicios de salud del primer nivel.

Entre los hallazgos al inicio de su mandato, encontró un proceso estancado en lo referente a los contratos de construcción de puestos de salud y su respectiva dotación. Siendo la ESE un ente descentralizado con ordenador del gasto, independiente, elegido por cuatro años, debió el Alcalde buscar estrategias para cumplir con la responsabilidad de garantizar la prestación del servicio de salud en forma óptima y oportuna sin olvidar que aun con la independencia de la ESE en la ejecución, como primera autoridad de la ciudad no permitiría falencias en tan sensible renglón social.

Así se demuestra haber iniciado los procesos sancionatorios a los contratistas que incumplieron con el contrato de construcción, sumado a estas medidas y ante el escenario financiero en rojo que presentaba la ESE, procedió al aporte de 6 mil millones de pesos, cifra con la cual se adjudicó a nuevos oferentes la terminación y puesta en marcha de los puestos de salud distritales. Hoy, a excepción del puesto de salud del IPC de Mariaeugenia, el cual se pone en funcionamiento a más tardar en una semana, todos los demás ya están al servicio de la comunidad samaria.

No ha sido fácil para el Alcalde Rafael Martínez salir a responder por la salud cuando la ESE Alejandro Prospero Reverend, ente que asume misionalmente esta función, trabaja como rueda suelta y en antagonismo con la administración distrital. Así lo demuestra la cantidad de requerimientos que se hacen desde la junta directiva al gerente de la ESE, los comunicados de la Secretaria de Salud Distrital y las acciones emprendidas directamente por el Alcalde ante entes de control buscando se cumpla con las exigencias propias que le competen a la situación de la salud en el distrito. (Ver PDF)

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Sin embargo, la responsabilidad en sacar adelante la situación por la que pasa la salud distrital que está por encima de las diferencias institucionales, por esta razón, de parte de la Alcaldía los aportes han sido oportunos mes a mes, sumado a la inyección de 6 mil millones de pesos para la construcción de los puestos de salud. Recordemos que el Ministerio de Salud, sancionó a la ESE con una moratoria en el desembolso de los recursos que gira la Nación por el manejo desatinado que se le venía dando a esta entidad, comentó el Secretario de Salud Distrital al ser consultado por

OPINIÓN CARIBE.

Situaciones complejas en el manejo de la ESE han sido denunciadas por el sindicato de trabajadores de la entidad, -SINDES- y por personas vinculadas a la entidad que pidieron mantenerse anónimas, las cuales fueron publicadas en la edición 252 de fecha 24 de octubre de 2018, de OPINIÓN CARIBE. A pesar de ello, las anomalías al interior de la ESE no se han representado en acciones eficientes de parte de los órganos de control. Hemos conocido los oficios emanados del despacho del Alcalde a la Procuraduría Provincial sin que la ciudadanía hoy conozca los resultados.

Inclusive, se llegó a nombrar a una procuradora encargada ante la renuncia de la Dra. Ana María Muelle; terminó dicho encargo y al día de hoy se desconocen los resultados de dicha gestión. Como se recordara, la persona encargada regresó al nivel central sin nunca haber realizado un informe de gestión, solo se le conoció el día de su posesión con Procurador General a bordo.

Más allá de nuestro informe periodístico, tenemos conocimiento del oficio con radicado E-18-376012 de fecha agosto 6 del 2018 donde queda clara la línea de tiempo de todas y cada una de las actuaciones de la administración Martínez en procura de buscar la mejor calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de Salud asignados a la ESE Alejandro Prospero Reverend, además de las denuncias presentadas a cada uno de los entes de control competentes para investigas dichas anomalías. Por la importancia de este documento, adjuntamos el respectivo PDF en nuestra página web opinioncaribe.com

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Al finalizar la semana anterior, la ciudad recibe la noticia en desarrollo del fallo del juez octavo penal municipal, Alexander Vila donde dicta detención domiciliaria al alcalde Rafael Martínez, generando un desconcierto por la medida y un clima de inestabilidad en la ciudad. Aun la audiencia no termina y estamos todos a la espera del fallo del juez del recurso solicitado por la defensa, aun así, quedan algunas dudas respecto de la pertinencia de la medida en estos momentos del proceso penal:

1- ¿Catorce meses después de pedida la detención, el juez la sentencia por encima de estar terminadas las obras objeto del proceso?
2- ¿De todos los vinculados, el alcalde Martínez, funcionario que ha dado la cara para resolver el problema encontrado con las obras de la ESE, es quien recibe medida cautelar?
3- ¿Hasta donde el señor Suarez Prasca, será exonerado de la responsabilidad que le asiste?
4- Martínez se encuentra en el exterior cuando recibe la noticia de la detención domiciliaria, aun así, regresa a la ciudad para presentarse ante la justicia demostrando con esto que no está en sus planes evadir las responsabilidades que emanan de un proceso judicial que aún tiene mucho por desarrollar. ¿Qué garantía busca el juez de detener preventivamente a un alcalde en ejercicio?
Hemos asistido a las audiencias de seguimiento de obras lideradas por Martínez, donde la interventoría de cada obra y la Secretaría de Infraestructura daban cuenta de los avances, mostrando cumplimiento en los cronogramas de obra. ¿Fue asaltado en su buena fe el Alcalde y la ciudad? La opinión pública conoció en estas audiencias que hay mayor desarrollo de obra ejecutada que el porcentaje cancelado de lo contratado.

No obstante, a juicio del abogado penalista Rubén Ceballos, fue un error de Martínez viajar en momentos que había una audiencia que estaba pendiente por realizarse. Pero salir en estos momentos era importante por motivos que sustentan una realidad: la administración pública debe tener la dinámica de resolver los problemas estructurales que aquejan a los gobernados, que en el caso de Santa Marta, se encuentra como prioridad buscar una solución definitiva al problema de agua potable para la ciudad en por lo menos los siguientes 50 años. De la misma forma, la ciudad debe ser competitiva antes las demás ciudades, dando un plus diferencial para alentar la inversión y el fomento de nuevas fuentes de empleo, como lo fue la celebración de los Juegos Bolivarianos en 2017, ahora se traza como objetivo la designación de Santa Marta como sede de los Juegos de Mar y Playa para el año 2023.

Santa Marta necesita de la continuidad en su administración que garantice una fluidez en la solución de problemas, máxime cuando una medida de aseguramiento en estos momentos no tendría ningún efecto pertinente al proceso judicial, pero sí provoca una desestabilización de la institucionalidad innecesaria ante las prioridades la ciudad.