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Alcaldía le dio contrato por $12.500.000 millones a hija del fiscal que lleva caso de la Megabiblioteca

Opinión Caribe

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La Alcaldía de Santa Marta en cabeza del Alcalde Rafael Martínez, contrato los servicios profesionales de Oriana Russo Manjarrés, hija del Fiscal Álvaro Russo Pardo, quien casualmente es el encargado de llevar el caso de la Megabiblioteca por el que es señalado Martínez.

El contrato tiene fecha de adjudicación del 23 de septiembre del presente año, con objeto de prestar servicios profesionales para la formulación de planes y actividades dirigidas a fomentar la gestión cultural en el Distrito de Santa Marta por valor de $12.500.000. El contrato aparece en el Secop en el Proceso PS1173-2019

Oriana es hija de Álvaro Russo Pardo, el fiscal 11 especializado que lleva el caso donde son señalados el exalcalde Carlos Caicedo y el alcalde Rafael Martínez por presunta corrupción administrativa, específicamente en contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, y de las cuales las audiencias han sido aplazadas.

La última audiencia estaba fijada para este 10 de septiembre a las 9:00 de la mañana, y el Centro de Servicios Judiciales informó que las audiencias, presentadas por la Fiscalía 11 Seccional de Santa Marta, “no se puede llevar a cabo por cuanto el juez que le corresponde el trámite de esta se encuentra de compensatorio legalmente concedido por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, mediante acta del 27 de agosto de 2019”.

Hasta el momento se desconoce la nueva fecha de la audiencia.

¿Contrato en Ley de garantías?

Desde el 27 de junio entró en vigencia la Ley que regula los procesos de entes y funcionarios del Estado en torno a los debates electorales, también dicta disposiciones en cuanto a la posición de los servidores públicos de participar en manifestaciones política. Las regulaciones están contempladas en la Ley 996 de 2005.

Las prohibiciones contempladas buscan que, a través de obras, contrataciones, bonificaciones, ascensos indebidos, despido de trabajadores por faltas irrisorias, no se influya en la intención de voto de sus subalternos, su incumplimiento se considera una falta gravísima. La misma norma estipula las características para que se pueda dar una contratación, por ejemplo.

El artículo 38 va dirigido a Alcaldes, Gobernadores, Secretarios, Gerentes y Directores de entidades, para que principalmente eviten celebrar contratos y convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones.

Este lapso de garantías para la igualdad de condiciones entre candidatos, se extiende hasta el 27 de octubre, pero la Alcaldía ha realizado contratos desde que está rigiendo la ley, sumándole ahora el contrato de Russo Manjarrés.

La obra

Recordemos que el 30 de diciembre de 2014 se firmó el proceso de licitación 006-3014, por el cual se disponían $10.044.972.349 pesos para la construcción de la Megabiblioteca Fase I, en predios de la Institución Educativa Distrital Normal San Pedro Alejandrino.

La suscripción se hizo entre Carlos Caicedo, alcalde en turno, y el consorcio Mega Instituciones, con fecha de inicio de labores el 16 de enero de 2015 para ser entregada 5 meses después, es decir, en junio del mismo año.

La Fase II fue contratada el 24 de agosto de 2015, para ser entregada en 120 días, con una inversión inicial de $6.988.000.000, siendo el consorcio Ingeniería e Interventorías el responsable de la obra, pero en la actualidad, los trabajos en esta etapa se encuentran suspendidos.

De esta forma, parecía indicar, según las fechas, que todo tendría que estar disponible para el disfrute de los samarios a inicios de 2016, pero, ello no ocurrió así. Hoy, lo prometido en diseños y gastos no está acorde con la realidad.

Para el proyecto se aprobaron sucesivas adiciones para ambas fases que alcanzan los $10.040.982.825 de pesos, por lo que hasta el momento y si no se hacen otras adiciones al Distrito se han invertido $27.074.996.200 en la construcción de la Megabiblioteca, sin sumar la contratación de amueblamiento interno y adquisición de equipos de tecnología.

CONTRATO
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