Concesión solapada

Mientras que el gerente de la Essmar, José Dajud, insiste en que no es una concesión, el abogado Uber Ramírez señala, que sí se trata de una licitación pública y que lo escrito en el objeto contractual lo evidencia.

Daniela Pirela Wisman

En agosto de 2018, el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, anunció en rueda de prensa que a partir del primero de enero de 2019 la operación del 100 por ciento del alumbrado público de la ciudad quedaría a cargo de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta, Essmar E.S.P.

Durante su alocución, el burgomaestre afirmó, que “el año pasado cuando se venció el contrato de concesión, este gobierno les otorgó una prórroga, mientras buscaba por medio de la licitación un nuevo operador, licitación que fue declarada desierta en dos ocasiones y habíamos radicado un nuevo proyecto al Concejo para un tercer intento. Sin embargo, hemos hecho una evaluación interna con el Essmar y consideramos hoy, tener la suficiente fuerza institucional y la experiencia para asumir la operación y el mantenimiento del alumbrado público”.

Luego de casi 11 meses de operación, se conoció una invitación pública para contratar a un operador que “apoye la gestión de la Essmar”. El presupuesto inicial de la invitación pública que hace la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta, Essmar E.S.P., es de $71.432.491.776, valor correspondiente a la Dirección de Energía y Alumbrado Público de la empresa, según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, CDP No. 21-000337 expedido el pasado 21 de octubre del presente año por el Subgerente Corporativo de la Essmar, con previa autorización de la Junta Directiva.

Dicho presupuesto tiene un plazo de ejecución de 10 años y en el objeto contractual estipula, que “seleccionar a un contratista que se obligue a ejecutar para la Essmar E.S.P., las actividades de administración operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público y, además, todas las actividades de gestión y control del sistema en el distrito de Santa Marta, de acuerdo con las normas vigentes y atendiendo las exigencias técnicas y económicas establecidas por la Essmar E.S.P.”.

Ante esto, y luego de que el gerente de la Essmar, José Dajud precisara, que no se trata de una concesión, el abogado Uber Ramírez explicó, que “yo leí el documento que se encuentra en el Secop y estoy convencido de que es una concesión, porque si se lee la definición de esta y se analiza lo que está escrito en el objeto contractual, es idéntico. Todo lo que se le cede al contratista encuadra en lo que es una concesión, dice que todo lo que la Essmar va a hacer, se lo delega a la empresa con la que se suscriba el contrato, esto nos lleva a afirmar, que se trata de una concesión por 10 años”.

¿QUÉ DICE LA ESSMAR Y EL ALCALDE?

José Dajud manifestó, que actualmente se maneja un modelo de apoyo a la gestión y al mantenimiento, “todo el negocio es controlado por nosotros, la planificación, la gestión y el recaudo sigue a través de Electricaribe y los dineros nos llegan directamente a nosotros”.

Añadió, que a través de la adjudicación del millonario contrato, buscan gestionar la parte operativa de la empresa, “pero, seguimos planificando y manejando el negocio de manera directa”. No obstante, el documento de la invitación hace referencia a la administración, operación, mantenimiento del sistema, además de todas las actividades de gestión y control del sistema.

Según el gerente de la Essmar, el objetivo principal de la contratación es mejorar las deficiencias, disminuir a largo plazo las tarifas y tener una gran operación en el desarrollo del alumbrado. Asimismo, manifiesta, que el impuesto de alumbrado público es de manejo exclusivo de la Essmar, pero Uber Ramírez agrega,, que “para quienes manejamos temas de impuestos, sabemos que no es de la Essmar, el sujeto activo del impuesto es el distrito de Santa Marta y él tiene unas limitantes para así cederlos en vigencias futuras o concesiones a 10 años”.

NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS LEGALES

El abogado Uber Ramírez hace referencia a que hizo parte de la creación de una ley dirigida a acabar con las concesiones en la ciudad de Santa Marta. “Con la Ley 1386 de 2010 defendimos la causa de las condiciones que tenía el distrito de Santa Marta, el cual tenía una gran cantidad de concesiones, incluyendo la de Alumbrado Público.

Durante 6 años emprendimos la lucha para que se acabaran y nos dimos cuenta que era un problema de orden nacional y el Gobierno nos concedió esta ley impulsada por Javier Cáceres Leal, quien era Senador, y citaba: se prohíbe que las entidades territoriales deleguen a cualquier título la administración de los diferentes tributos a particulares y se dictan otras disposiciones. No se podrá celebrar contrato o convenio alguno en donde las entidades territoriales o sus entidades descentralizadas (como la Essmar), deleguen a un tercero la administración, fiscalizaciones, liquidación, cobro coactivo, discusión, devolución o imposición de sanciones a los tributos por ellos administrados”.

En ese sentido, Uber Ramírez precisa, que “cuando vemos el objeto contractual y el gerente de la Essmar señala que tiene una disponibilidad presupuestal y dice que para tal efecto expidió un CDP, ese depende de los recursos del Distrito, es decir, él no es autónomo, es una empresa descentralizada y el Gobierno Distrital tiene que convocar al Concejo a efectos de que se den unas facultades para que se pueda disponer de las vigencias futuras, porque son ingresos corrientes que le pertenecen al Distrito.

La ley prohíbe que en el último año de gobierno de un alcalde se disponga de vigencias futuras y eso es lo que están haciendo”. No tiene facultades del Concejo porque no se pueden hacer vigencias futuras, es decir, que desde cualquier punto de vista es un contrato que no cumple con los requisitos legales.