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Nación

Alrededor de 4.000 reclusos saldrán de las cárceles por crisis del coronavirus

Opinión Caribe

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El Presidente Iván Duque, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, y todos los ministros del despacho firmaron el decreto de 33 artículos que permite salir de la cárcel a cuatro mil personas privadas de la libertad en las diferentes cárceles del país, bajo el marco del Decreto de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria que el Minjusticia y el Inpec expidieron el pasado 23 de marzo.

El objetivo de la Emergencia es “trabajar por la salud y la seguridad de los privados de la libertad, funcionarios y sus familias”.

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En video opinión del abogado jurista Ruben Darío Ceballos sobre el decreto 546 del 14 de abril de 2020 «Por medio del cual se adoptan medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica»

DECRETO 546 DEL 14 DE ABRIL DE 2020

El Decreto Legislativo 546, expedido este 14 de abril establece algunas condiciones para quienes serán beneficiados con detención preventiva o prisión domiciliaria transitoria por seis meses:
1. Internos mayores de 60 años que no estén condenados por los delitos explícitamente excluidos.
2. Madres gestantes.
3. Condenados a penas de cinco años o menos
4. Madres con hijos menores de tres años de edad
5. Enfermos de cáncer, VIH, insuficiencia renal, diabetes, insulionedpendeintes, trastorno pulmornar, entre otras graves enfermedades.
6. Personas con movilidad reducida por discapacidad
7. Condenados por delitos culposos
8. Quienes hayan cumplido el 40 por ciento de la pena privativa de la libertad
También saldrán de las cárceles todos los diagnosticados por coronavirus, siempre y cuando no haga parte de los excluidos.

Algunas de las exclusiones son:
1. Condenados por delitos sexuales.
2. Internos condenados por delitos de lesa humanidad
3. Cobijados por la justicia transicional.
4. Condenados por narcotráfico
5. Personas detenidas con solicitud de extradición (Genocidio, apología al genocidio, homicidio agravado, feminicidio, desaparición forzada, secuestro, desplazamiento forzado)
6. Integrantes de grupos armados organizados, y condenados por tráfico de migrantes, trata de personas, tráfico de niños, delitos contra la integridad sexual, violencia intrafamiliar, hurto calificado.

7. Terrorismo
8. Porte de armas de fuego
9. Y otros delitos de función pública como cohecho, concusión e interés indebido en celebración de contratos, entre otros.

La libertad podrá demorar alrededor de quince días: Los directores de las cárceles o los abogados de los imputados podrán hacer la solicitud ante un Juez de Garantías designado por el coordinador del Centro de Servicios Judiciales. Para el estudio, la Fiscalía tendrá tres días para enviar los documentos, y una vez tenga todos los requisitos, el Juez tendrá cinco días para decidir.

Durante el fin de semana del 21 de marzo hubo revueltas en 13 cárceles del país. Lo que inició como una protesta para pedir medidas de salubridad que buscaran prevenir el ingreso del coronavirus a los centros de reclusión se convirtió en motín en varios de los centros penitenciarios. En la cárcel La Modelo de Bogotá un grupo de reclusos intentó escapar, el saldo fue de 23 internos muertos por la guardia.

Esos hechos empujaron la Emergencia Carcelaria que le dio potestad al Gobierno y al Inpec para agilizar actos administrativos, y por ello se dieron decenas de traslados como el de las mujeres imputadas por el atentado del centro Andino quienes desde El Buen Pastor fueron trasladadas a la penitenciaría de Picaleña, en Ibagué. Allí también fueron llevados varios jefes de la Oficina de Envigado.

La Emergencia también dio libertad al Gobierno de decidir traslados presupuestales y temas de contratación, siempre relacionados con temas de salud y prevención.

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