Caicedo estaría extralimitando sus facultades con el Fondo de Gratuidad

En la mañana de este jueves, luego de las presiones ejercidas por medios de comunicación por el no giro de los recursos prometidos a la Unimagdalena para la gratuidad, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo expidió el decreto por medio del cual se reglamenta la operación, funcionamiento, dirección, seguimiento, control y evaluación del Fondo de Gratuidad aprobado por la Asamblea del Magdalena el pasado 3 de septiembre, sin embargo, con los nuevos lineamientos estaría extralimitando las facultades que le otorgaron.

El decreto de Caicedo asegura que para el acceso de los recursos en este segundo periodo académico, el secretario de Educación solicitará a las instituciones de educación superior el listado de los estudiantes con matrícula académica vigente o en proceso en el semestre 2020-II y que estén con matricula financiera pendiente, para luego de eso publicar el listado de potenciales beneficiarios en los portales web y páginas oficiales de la gobernación, es decir, la gobernación tendrá acceso a los datos de los estudiantes.

Ante el anuncio, el diputado Jair Mejía en dialogo con OPINIÓN CARIBE aseguró que esos no eran los lineamientos del proyecto aprobado, “el proyecto era garantizar la gratuidad de los estudiantes, pero también garantizar la intimidad, la protección de los datos que eso es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, garantizar que no se fuera a hacer politiquería con este fondo y con estos recursos que se iban a girar a los estudiantes, sino simplemente que los estudiantes accedieran al fondo como beneficiarios, y no como miembros de un partido político”, dijo.

Los diputados estipularon en la ordenanza que en ningún caso la gobernación del Magdalena solicitará datos de estudiantes para que sean beneficiarios del fondo de gratuidad; los recursos se girarán directamente a las instituciones de educación superior pública que tengan domicilio en la Universidad del Magdalena.

“Nosotros fuimos claros y bastantes expeditos a decir que no íbamos a permitir que los datos de los estudiantes se utilizaran para girar los recursos en ese fondo de gratuidad”, aseveró Mejía.

“Bajo ninguna circunstancia nosotros permitiremos que se haga política o politiquería con este fondo de gratuidad, aquí los únicos que deben salir beneficiados son los estudiantes. No vamos a permitir que ningún movimiento político, como acostumbra a hacerlo, sea el que pesque en río revuelto y obligue a los estudiantes a militar o pertenecer a dicho movimiento para poder acceder a los beneficios”, agregó el diputado del Centro Democrático.

¿Extralimitando facultades?

Según el decreto en tiempos ordinarios la gobernación también será quien maneje los datos de los posibles beneficiarios, “los aspirantes a ser beneficiados con los recursos del Fonges en tiempos ordinarios o de normalidad, podrán presentar una solicitud directa para el otorgamiento del beneficio, por medios digitales y/o físicos a la Gobernación del Magdalena, cuyos casos será revisados por el Comité Técnico Operativo, quien realizará la validación correspondiente con las IED respectivas, para proceder con la definición y adjudicación, en caso de ser aprobado”.

Por lo anterior el Gobernador del Magdalena estaría extralimitando las facultades que la Asamblea le otorgó, “nosotros lo facultamos para que diseñara las respectivas estrategias de recaudo, para que dispusiera de todos los ingresos de la Universidad del Magdalena para este fondo, eso lo hicimos pensando en los estudiantes, pero eso sí, dejamos totalmente claro que es imposible que la gobernación del Magdalena le pida datos a los estudiantes para poder acceder a esos beneficios. No es necesario que se inscriban a ninguna página web, ni ningún programa”, manifestó Jair Mejía.

El diputado aclaró que los procesos de matrícula, de administración, la parte financiera, etc, siguen corriendo hasta el día de hoy por cuenta de las instituciones de educación superior, es decir, el estudiantes se inscribe en un programa, si es admitido hace todo el proceso administrativo, y una vez tenga su orden de matrícula será la universidad quienes determinarán quienes son los beneficiarios, no la Gobernación.

“Vamos a demandar el decreto, vamos a asesorarnos con todos los expertos en materia jurídica, para que este decreto no continúe como lo ha firmado el gobernador, porque repito, así no fue aprobado en la ordenanza. Se está extralimitando en sus facultades el gobernador del departamento”, puntualizó Mejía.