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POT paramilitar en la Sierra Nevada de Santa Marta

Opinión Caribe

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Por: Norma Vera Salazar

El paramilitarismo en la Sierra Nevada de Santa Marta ha ganado espacio no solo en los ámbitos físicos, sino también simbólicos, sociales y culturales de la región.

La ausencia del Estado es una realidad conocida de la zona rural de Santa Marta. Gobiernos locales de distintas vertientes políticas, colores y partidos no han cumplido con el propósito de llevar la institucionalidad a un territorio que durante décadas ha sido resignificado y construido por el terror y la violencia de grupos armados ilegales sobre las comunidades campesinas e indígenas de la región.

Luego de los diversos procesos de paz, la ocupación territorial actual no corresponde a una verdadera apuesta estatal por controlar y administrar un territorio. Allí convergen poderosos intereses asociados a la propiedad rural, las economía agrarias, la minería, las megaindustrias, el turismo a gran escala y diversas mafias ilegales que mantienen las estructuras herederas del paramilitar Hernán Giraldo.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, en su proceso de expansión y establecimiento —que se ha denominado el “POT paramilitar”—, se han apropiado de las mejores tierras y han logrado el control social de la región para el negocio del narcotráfico. De esta manera, el mercado local se ha ido nutriendo del microtráfico y la extorsión ante la mirada impávida de las instituciones, que no han podido reconocer la funcionalidad del neoparamilitarismo presente en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Son precisamente estas estructuras ilegales las que han venido aprovechando el confinamiento preventivo a causa del covid, para fortalecer sus economías y mecanismos de control en la zona rural y barrios periféricos de Santa Marta. Crecen el cobro de vacunas y extorsiones a todo tipo de comerciantes, que no solo han visto sacrificadas sus inversiones por los efectos de la pandemia, sino también por las exigencias de los grupos paramilitares que han vuelto a demostrar el poder que tienen en la ciudad.

En las veredas de Calabazo, Cañaveral, Mendihuaca, Puerto Nuevo y Guandolo —todas pertenecientes al corregimiento de Guachaca— tenderos, operadores turísticos y otros comerciantes han denunciado el cobro de extorsiones por parte de estos grupos. Asimismo, es ampliamente conocido el “impuesto” que se cobra a cada transacción realizada luego de la venta de tierras, lotes, fincas y parcelas, que tienden a ser el 20 por ciento del valor del negocio realizado. “Yo vendí una casita en calabazo y allá fueron a cobrarme la vacuna. Me pidieron seis millones de pesos. Negociando con ellos me la bajaron a cuatro”, manifestó un habitante de la zona que, por cuestiones de seguridad, prefiere mantener su nombre en reserva.

En días pasados, en la vereda Calabazo, jóvenes que participaron en una riña callejera fueron identificados por miembros de los grupos armados ilegales y fueron castigados con trabajos forzosos en la vía que conduce hacia Ciudad Perdida en la vereda Machete Pelao. Allí permanecieron durante tres días en extenuantes jornadas de trabajo sin que sus familias tuvieran razón de sus paraderos. Luego de cumplir con el arreglo de la vía, encerramiento de potreros y levantamiento de cercas, fueron regresados a sus casas, no sin antes ser advertidos de futuros castigos si volvían a verse implicados en situaciones que —de acuerdo a sus órdenes— escandalicen o representen mal a los lugareños.

Una situación similar se presentó en la vereda Puerto Nuevo, donde dos mujeres se enfrentaron a golpes luego de una disputa entre vecinas. Miembros de estos grupos armados llegaron hasta sus casas, les dieron la orden de organizar una maleta de equipaje y trasladaron a las mujeres hacia fincas donde hacen presencia los jefes de dichos grupos. Allí eran las encargadas de cocinar, realizar labores de aseo y oficios varios, todo como método de castigo.

Por otra parte, la vereda el Chorro en 2011 fue epicentro de una tragedia en la que murieron seis personas arrastradas por una fuerte avalancha que destruyó las viviendas de las familias asentadas en la ronda hídrica del río Guachaca. Allí permanece aún la placa conmemorativa que honra a los muertos y recuerda aquel duro episodio. Sin embargo, pese al sabido peligro de habitar y ocupar esa zona, en plena pandemia los grupos armados ilegales han incentivado la invasión en esa franja del río nuevamente.

La incapacidad de las instituciones para garantizar el acceso y goce efectivo de derechos a esta población ha posibilitado la apropiación de la zona por parte de los actores ilegales, quienes seleccionaron un escuadrón especial para organizar la venta de lotes sin ningún tipo de escrituras, pues son terrenos de la nación y aun cuando la zona hace parte de los territorios ancestrales de la Línea Negra en la Sierra Nevada: “no llegará autoridad alguna a molestarlos, porque se encuentran bajo su protección” o al menos eso expresó uno de los vendedores encargados de los lotes en cuestión.

En dichas ocupaciones han instalado abiertamente negocios de restaurantes y tabernas que funcionan sin control ni restricción alguna, pese a las medidas de confinamiento preventivo emitidas desde la Alcaldía Distrital de Santa Marta. Sin embargo, el negocio de “amanecedero” ha sido tan fructífero que el sábado 24 de abril de 2021 fue a inaugurado otro negocio similar en la misma franja del río Guachaca, que culminó con una “espectacular amanecida” anunciada por sus propietarios en redes sociales.

Los negocios funcionan abiertamente y son ampliamente reconocidos en la región. Además, es de público conocimiento que son controlados y respaldados por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Estas “fiestas covid” tienen renombre en la región y, por tener el respaldo y padrinazgo de los grupos armados ilegales, han ganado fama en la comunidad rumbera que asiste a dichos negocios desde recónditas zonas de la Sierra, celebrando cumpleaños y todo tipo de eventos sin importar la hora ni el día de la semana.

Pero —como si no fuera suficiente— la invasión en esta zona se da en un momento en que la ciudad se ha declarado en calamidad pública por la temporada de lluvias. Sin embargo, las acciones de reducción del riesgo por parte de las autoridades competentes aún no han contemplado ni atendido el fenómeno que allí se está presentando y que está poniendo en peligro la vida de campesinos en altas condiciones de vulnerabilidad social y económica.

Las condiciones de vida en Colombia han permitido que la criminalidad sea naturalizada, normalizada e incluso legitimada en las zonas donde la ausencia del Estado les ha facilitado a los grupos armados ilegales marcar la pauta. El paramilitarismo en la Sierra Nevada de Santa Marta ha evolucionado con gran capacidad de sucesión y ha ganado espacio no solo en los ámbitos físicos, sino también simbólicos, sociales y culturales. Configura el territorio a través del delito, el dolor, el miedo y la muerte.

En definitiva, generar un ordenamiento en las zonas marcadas por la criminalidad plantea retos para las instituciones que deben hacer presencia y controlar el territorio de manera efectiva. El llamado es a devolverle la identidad a los ciudadanos que han habitado territorios cargados de desigualdades y que han sido víctimas de un sistema económico y social excluyente. Se debe recuperar la autoridad y garantizar la gobernabilidad, además del goce y acceso a derechos fundamentales, negándole al crimen organizado la oportunidad de satisfacer las necesidades sociales y monetarias de las comunidades históricamente marginadas.

 

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