¿Dónde estuvo la voz del Concejo de Santa Marta? La Troncal le midió el aceite a la institucionalidad

Mientras la Troncal del Caribe permanecía bloqueada entre Magdalena y La Guajira, con turistas atrapados, vehículos represados y una crisis de orden público en desarrollo, el Concejo Distrital de Santa Marta sesionó el 16 de junio sin que, al menos en el registro público de la plenaria revisado por este medio, quedara constancia de una proposición, intervención o debate sobre la emergencia.

La situación no era menor. El cierre de la vía golpeaba de manera directa a Santa Marta: comprometía la movilidad hacia la zona rural del Distrito, afectaba el turismo, tensionaba la seguridad y volvía a exponer la dependencia de la ciudad frente a su principal corredor de conexión con el Caribe norte.

El bloqueo se registró desde el lunes 15 de junio en varios puntos de la Troncal del Caribe, especialmente en sectores como Marquetalia, Mendihuaca y Guachaca, luego de operaciones militares en la Sierra Nevada contra estructuras de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas también como ACSN o Los Pachencas. La emergencia dejó atrapados a viajeros, transportadores y turistas que se movilizaban entre Magdalena y La Guajira.

Durante el martes 16 de junio, la situación se agravó. De acuerdo con reportes de autoridades civiles y militares, permanecían siete puntos de bloqueo sobre la vía, con más de 80 vehículos represados. También se informó sobre vehículos incinerados, amenazas con cilindros bomba, ataques contra una estación de Policía, un soldado fallecido y otro uniformado herido.

Ese mismo día, mientras autoridades distritales, departamentales y nacionales adelantaban un Puesto de Mando Unificado para atender la crisis y buscar salidas al bloqueo, el Concejo Distrital de Santa Marta realizó una sesión ordinaria. Sin embargo, en la transmisión oficial revisada por este medio no se registró ninguna actuación pública de la corporación relacionada con la emergencia en la Troncal del Caribe.

El hecho resulta políticamente relevante porque la crisis no ocurría en un punto ajeno a la realidad samaria. La interrupción de la vía afectaba la conectividad del Distrito, su economía turística y la vida cotidiana de comunidades de la zona rural. Además, dejaba nuevamente en evidencia una vulnerabilidad estructural: cuando la Troncal se bloquea, Santa Marta queda parcialmente aislada.

Al cierre de esta edición, este medio no había obtenido la versión de los concejales consultados sobre las razones por las cuales el tema no fue abordado durante la sesión.

El Concejo Distrital no dirige operaciones militares, no despeja carreteras ni reemplaza a las autoridades de seguridad. Pero sí tiene una función política y constitucional: ejercer control sobre la administración distrital, elevar alertas institucionales, solicitar información y pedir explicaciones frente a hechos de interés público.

La Constitución reconoce a los concejos municipales como corporaciones político-administrativas. A su vez, la Ley 136 de 1994 les permite citar a secretarios de despacho, jefes de departamento administrativo y representantes de entidades descentralizadas, así como solicitar informaciones escritas sobre asuntos propios del cargo de los funcionarios requeridos. La norma exige que las citaciones formales se hagan con una anticipación no menor de cinco días hábiles y mediante cuestionario escrito.

Ese plazo legal, sin embargo, no impedía una reacción política inmediata. La corporación podía dejar una constancia pública, presentar una proposición, solicitar información urgente a la Alcaldía, pedir un informe sobre las medidas adoptadas desde el PMU o anunciar la convocatoria de un debate posterior de control político. Nada de eso quedó registrado públicamente durante la sesión ordinaria del 16 de junio.

En contraste, la Asamblea Departamental del Magdalena sí llevó la crisis al escenario institucional. Durante su sesión ordinaria de ese mismo día, la corporación aprobó una proposición para citar a funcionarios del Gobierno departamental y conocer las acciones adoptadas frente a la emergencia humanitaria y de seguridad en la Sierra Nevada y la Troncal del Caribe. La citación fue programada para el 25 de junio e incluyó a la Secretaría del Interior y a la Alta Consejería para la Paz.

La diferencia entre una corporación y otra no resolvía por sí sola la emergencia, pero sí marca una pauta sobre el uso del control político en momentos de crisis. Mientras la Asamblea abrió un espacio formal para pedir explicaciones, el Concejo Distrital dejó pasar, al menos públicamente, la oportunidad de representar la preocupación de una ciudad directamente afectada.

La reapertura gradual de la Troncal comenzó después de diálogos con comunidades del corregimiento de Guachaca. Según informó la Alcaldía de Santa Marta, se alcanzaron consensos para despejar los siete puntos que permanecían cerrados y habilitar progresivamente el paso por el corredor vial.

La emergencia volvió a demostrar que el problema no es únicamente el bloqueo de una carretera. Cada cierre de la Troncal del Caribe expone una fragilidad territorial, económica e institucional que Santa Marta conoce de sobra: su alta dependencia de un corredor vial que, cuando se interrumpe, afecta la movilidad, el turismo, la seguridad y la conexión con el resto del Caribe norte.

Por eso, la pregunta no es si los concejales podían resolver el bloqueo. No podían. La pregunta es por qué el principal órgano de control político del Distrito no dejó una constancia visible sobre una crisis que afectaba de forma directa a la ciudad.

La Troncal del Caribe volvió a poner a prueba a la institucionalidad. Y en esa prueba, el Concejo Distrital de Santa Marta dejó abierta una pregunta que todavía espera respuesta: ¿dónde estuvo su voz?