Que está pasando con el gasto público

Por:  Cecilia López Montaño

Una lección clara que le queda a los próximos funcionarios del Estado es que la mejor manera de ganarse el rechazo de la opinión pública es asumir una actitud triunfalista ante sus actuaciones, especialmente si son las más criticadas. Ninguno admite su menor falla, empezando por el presidente Duque seguido de sus ministros y de ahí para abajo. Lo último es lo del escándalo en el que está envuelta la ministra de las TICs con la licitación que le adjudicó al consorcio Centros Poblados. Germán Vargas le dedicó su columna de El Tiempo y allí están todos los oscuros detalles.
Las respuestas de la ministra son para llorar, todo estuve perfecto y los 70 mil millones del anticipo, que según Vargas Lleras nunca se les debieron dar, no se van a perder. Con el perdón de ella, ese contrato es una muestra de la ligereza con que se asignan los recursos públicos y la imposibilidad de conocer la verdad: amiguismo, clientelismo y no se sabe que más porque los entes de control que ahora solo protegen al gobierno poco aclararán. Este es uno de los ejemplos claros de que el tema fiscal no se puede quedar en los impuestos, en las reformas tributarias disfrazadas de inmensas transformaciones sociales, sino que se debe mirar el gasto público.
En medio de semejante crisis social esto es inadmisible cuando millones de colombianos requieren trabajo, ingresos que les permitan tener al menos sus tres comidas diarias. Cuando se necesita que la presencialidad en la educación sea una realidad y hay muchísimas escuelas rurales que la maleza ha destruido y colegios urbanos sin las condiciones mínimas. Y ante esto cómo es posible que sus funcionarios sean tan ligeros en la asignación de multimillonarios contratos. Perder 70 mil millones de pesos como puede pasar es un pecado imperdonable que le debería costar la cabeza a esta ministra. Y esto es lo que se sabe porque la prensa lo denunció y viene dando vueltas sin que se encuentren las explicaciones honestas que se requieren.
Otros de esos gastos son los asignados a mejorar la imagen de funcionarios públicos, desde el presidente hasta niveles inferiores de la administración pública.  ¿Alguien conoce realmente quienes han utilizado recursos a este fin y por cuánto? Y que tal en este momento demoler el edificio del Ministerio de Defensa y empezar a construir otro que vale un dineral.
Si se tuviera un Congreso de la República responsable ese debate del gasto público iría a la par de la discusión de la reforma tributaria, pero como ahora los delitos son simplemente errores, según la nueva presidenta de la Cámara, robar o dejar robar a los amigos, gastar en lo que no debería hacerse son si acaso faltas de criterio y así se quedan.
Estamos viviendo un manejo bastante alegre de recursos que vienen fundamentalmente de nuestros impuestos y se están aceptando explicaciones bastante absurdas. Si no se dan sanciones que al paso que vamos solo serían realidad antes grandes presiones de la opinión pública, lo que quedará de esta crisis será un deterioro aun mayor de la credibilidad del Estado. Grave muy grave.