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Santa Marta huele a feo

Opinión Caribe

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Desde el pasado 30 de septiembre, en Santa Marta se registraron graves rebosamientos de aguas de alcantarilla, motivados por daños en la EBAR Norte, que han afectado de manera directa la cotidianidad en la Carrera Primera, conocida por ser uno de los principales atractivos turísticos del Distrito. Aunque la Essmar acudió al sitio de la emergencia para brindar atención pronta, la problemática persistió a tal punto que mostró características similares al derramamiento ocurrido hace un año en la EBAR Zuca.

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Sobre el tema nada ha dicho el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental, Dadsa, a pesar del desbordamiento y la notoria contaminación al medio ambiente con las aguas de alcantarilla que recorren la ciudad, sin embargo, sí ha sido rápido para dar inicio a un proceso en contra de Interaseo, por motivos que, al parecer, no están generando un impacto de la misma magnitud.

La situación generó mayor descontento al conocerse la multa de $154 millones ($154.449.420) que la esta misma organización busca interponer en contra de Interaseo, por medio de la resolución N° 0373 del 11 de octubre de 2021, alegando una “violación a las normas ambientales”.

Acorde con el documento emitido por el Dadsa, la sanción monetaria corresponde a una serie de denuncias interpuestas por la Essmar, dirigida por Patricia Caicedo, hermana del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, con las cuales señaló presuntas irregularidades en las rutas de recolección de residuos sólidos lo que, acorde con el documento, generó el rebosamiento de varios contenedores de basura localizados en puntos estratégicos de la ciudad.

“Se encuentra que las conductas desplegadas por Interaseo S.A.S. E.SP. tuvieron el carácter de pluriofensivas, es decir, violaron varias disposiciones legales y su impacto ambiental fue notorio y negativo, siendo estas circunstancias de agravación de la sanción”, explica la misiva, mencionando la existencia de material probatorio (fotografías), aportadas por la Essmar, en su papel de empresa interventora.

Lo anterior, fue definido como acciones que “demuestran desdén por el medio ambiente, la salud pública y las consecuencias que estos actos puedan generar en la sociedad”.

Adicionalmente, el pasado martes se llevó a cabo una audiencia sancionatoria que encendió aún más las alarmas sobre las actuaciones de la Essmar y el Dadsa, pues también buscan interponer una penalidad a Interaseo por unas supuestas demoras en los procesos que deben cumplirse para importar contenedores de basura.

La Red de Veedurías de Colombia, dirigida por Pablo Bustos Sánchez, la definió como un acontecimiento “extraño”, haciendo referencia unas irregularidades en las que estaría incurriendo la Essmar. Así mismo, señaló que los contenedores en mención ya se encuentran en Cartagena.

“Hay documentos formales que dan cuenta que ya están en puerto colombiano, en los trámites de nacionalización. Ha habido problemas de transporte que, inclusive, ni siquiera se dan por el tema de Santa Marta (…) Hay saturación en los puertos marítimos, es un problema mundial que retrasa el cumplimiento de obligaciones como estas”, aseguró a OPINIÓN CARIBE, añadiendo que únicamente hacen falta trámites formales para que los contenedores lleguen al Distrito.

Bustos Sánchez cuestionó también la imparcialidad que se está evidenciando en el proceso, refiriéndose a que fue uno de los delegados de Patricia Caicedo quien asistió al compromiso, sin ser una persona idónea para llevar adelante el tema, que además tiene “un pésimo manejo de lo que es el trámite sancionatorio”.

“La falta de garantías frente a ese mismo trámite dejan un mal sabor porque se anuncia una escalada de sanciones que no parece ser muy clarA en sus fundamentos y propósitos finales, creemos que ese tema amerita un mejor tratamiento y no apresuramientos por parte de la administración”, señaló.

Acorde con sus afirmaciones, hasta el momento no se han tramitado en debida forma las recusaciones y no se han respetado las garantías de los intervinientes, lo cual muestras faltas serias provenientes de la Essmar y el Dadsa.

“Son irregularidades graves, procesales, no solamente en el trámite mismo, más allá de eso es la inconveniencia del mismo, porque son elementos que no son tan graves como para un proceso sancionatorio, sino más bien importantes para una mesa de concertación, tratar de definir cuáles serían los puntos de discrepancia y ventilarlos de una manera armónica y concertada”, sugirió.

De igual forma, cuestiona la celeridad que ha demostrado la entidad en este tema, teniendo en cuenta que la ciudadanía ha emitido reportes favorables sobre la calidad del servicio prestado por Interaseo, cuando existen temas de mucha más relevancia en la Santa Marta, como el derramamiento de aguas residuales, que “no han sido tratados con la misma energía, a pesar de que acusan falencias mucho más graves sin que se haga nada al respecto”.

Tal parece que toda esta situación está encaminada a la intención de cambiar la concesión del aseo en la ciudad, sobre lo cual alertó en semanas anteriores el exconcejal Aristides Herrera, como una estrategia del actual gobierno local, aparentemente sin tomar en consideración que Interaseo legalmente debe operar en la ciudad hasta el 2027.

“Al parecer alguien cercano a Fuerza Ciudadana, a la alcaldesa y el gobernador, está negociando con el gerente de la empresa (…) No se sorprendan si, así como se ha estropeado lo del agua y como tienen todos los negocios en Santa Marta concentrados en esa empresa, ahora en los próximos días, cuando viene un debate electoral y todo el mundo sabe que se necesita plata para sacar adelante esos proyectos políticos, vengan con el cuento de acabar la concesión que hay para montar otra”, anunció Herrera.

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Este escenario podría provocar demandas millonarias si no se ejecuta con el cumplimiento de los términos legales, mismos que parecen estar en el rango de irregularidad. “No debe pasar en Santa Marta lo que pasó en Bogotá con el aseo, sino que sirva para mejorar la calidad del servicio”.

“Debe haber menos sanción y más acción, priorizar las mayores preocupaciones que tiene la ciudadanía, que no son las del aseo, sino las del acueducto y el alcantarillado”, puntualizó el veedor nacional.

En conclusión, Santa Marta se enfrenta a problemas mucho mayores sobre los cuales se necesita la presencia y pronunciamientos de entidades como el Dadsa, en aras de devolver la tranquilidad a los habitantes, tal como lo mencionó Bustos Sánchez.

La ciudad huele a feo por el reiterado desbordamiento de aguas de alcantarilla que utilizan el pavimento como medio de escape, por la negligencia de administración, por la crisis que perduran en el alcantarillado sobre las cuales no emite juicio alguno el Dadsa y, sobre todo, por los crecientes rumores esta diputa contra Interaseo que buscarían quitarle la concesión para abrirle camino a una nueva empresa, la cual llegaría a apoya las intenciones políticas de Fuerza Ciudadana.