El rabo de paja de un ‘testigo estrella’

Descripción: El informe entregado por Fernando Villavicencio al Presidente Duque no ha sido aprobado por la Plenaria de la Asamblea de Ecuador

El abogado Rubén Darío Ceballos y su cliente: Luis Eduardo Sánchez, aseguran que las falsas declaraciones del asambleísta ecuatoriano Fernando Villavicencio se enmarcan en los delitos de Calumnia e Injuria. Afirman  que ha causado un daño enorme no solo a su imagen pública, sino también a sus finanzas, razón por la cual solicitan la apertura de Incidente de Reparación Integral. En Ecuador lo señalan de asumir ilegalmente la representación del Estado. Opinión Caribe tuvo acceso a documentos que dan al traste con lo dicho por Villavicencio en muchos medios de comunicación colombianos.

Por: Unidad Investigativa Opinión Caribe

Fernando Villavicencio Valencia, Presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador, ha dado declaraciones  desde el mes de octubre del año pasado en los medios de comunicación colombianos W Radio, Revista Semana, La FM,  NTN24, el programa radial la Hora de la Verdad y El Tiempo, señalando a Luis Eduardo Sánchez Yánez como socio de los polémicos empresarios Alex Saab y Álvaro Pulido, el primero preso en los Estados Unidos y el segundo prófugo de la justicia norteamericana.

Las afirmaciones de Villavicencio Valencia tienen asidero, según él,  en  el proceso de indagación previa que durante tres años se le siguió a la empresa ecuatoriana Fondo Global de Construcción (FOGLOCONS) por el presunto delito de Lavado de Activos. Luis Eduardo Sánchez asegura que si bien estuvo vinculado brevemente a FOGLOCONS, no tiene ningún vínculo contractual ni negocial con Saab ni Pulido, como lo afirma el Diputado.

El Presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador ha dicho también en los medios de comunicación antes mencionados, que Luis Eduardo Sánchez hace parte de una estructura criminal de defraudación por lavado de activos y está siendo investigado en el vecino país por narcotráfico.

A través de su cuenta de Twitter, Fernando Villavicencio dijo el pasado 14 de enero: “URGENTE: Jaime Sánchez Yánez, asesor de Rafael Correa, fue el puente clave con la empresa de #AlexSaab. El hermano, Luis Sánchez, fue accionista de #Foglocons y presionaba a autoridades del Banco Central.  Jaime, se codea con la alta cúpula del correísmo.”

¿Quién es Luis Eduardo Sánchez Yánez?

El nombre de Luis Eduardo Sánchez Yánez puede pasar desapercibido para muchos de los que leen esta nota, no obstante, su hoja de vida y experiencia profesional lo posicionan como un ejecutivo de alto nivel.

Por más de 22 años Sánchez Yánez estuvo vinculado al Sistema Financiero Venezolano, tanto así, que durante 14 años fungió como directivo del Banco de Venezuela, hasta el 22 de noviembre de 2010, día en que renunció a su cargo, motivado por la decisión del Gobierno Venezolano de nacionalizar o estatalizar la mencionada entidad bancaria.

Tras su llegada a Colombia el 24 de noviembre de 2010, empezó -dados su conocimientos y experiencia- a realizar asesorías en empresas de petróleo e infraestructura, agobiado por la poca estabilidad y con la latente preocupación de todos los migrantes: agotar los ahorros y no tener la capacidad de poder sostenerse en un país que no es el suyo y donde prácticamente nadie los conoce.

“En ese contexto de búsqueda de oportunidades, durante el mes de agosto de 2011 conocí en una reunión social al señor Álvaro Pulido que, entre variados temas, me comentó que era un empresario que tenía operaciones en Venezuela desde hace algún tiempo y que su empresa iba a ser parte de un acuerdo binacional (Venezuela-Colombia) para la construcción de viviendas que, entre otras, incluía inversiones para montar una planta de fabricación de paneles”, afirma Luis Eduardo Sánchez en uno de los apartes de la denuncia presentada ante la Corte Suprema de Justicia.

Asevera que luego de una entrevista, Álvaro Pulido -buscado por las autoridades norteamericanas y cuyo nombre real, como detalla la Revista Semana es Germán Enrique Rubio Salas- y un ingeniero encargado de la selección del personal, lo invitaron a visitar las oficinas que tenían en Caracas y concretar lo significaría ser el candidato seleccionado. En el mes de enero de 2012, viajó a Caracas y quedó contratado con el cargo de Vicepresidente de Administración y Finanzas en la empresa de construcción venezolana llamada Fondo Global de Construcción C.A.

¿Por qué figuró como accionista  del Fondo Global de Construcción C.A.?

Luis Eduardo Sánchez Yánez explica en los hechos de su denuncia, que las acusaciones sobre lavado de activos mediante el Sistema Sucre que tanto ha pregonado el Diputado Villavicencio no tienen fundamento, pues, “la empresa venezolana Fondo Global de Construcción, S.A. nunca tuvo autorizaciones de importación, por lo cual jamás contó con divisas oficiales”.

Este hecho, motivó, según él, a la constitución de una filial en Ecuador de la empresa Fondo Global de Construcción (FOGLOCONS). Las diligencias se llevan a cabo el 19 de septiembre de 2012. Figuran como accionistas Álvaro Pulido, a quien por el monto de sus aportes se le adjudican el 60% de las acciones. El otro 40% de las acciones debieron inscribirse a nombre de Víctor Alfaro, personaje que para la fecha en mención fungía como Consultor Jurídico de la empresa en Venezuela.

El nombre de Luis Sánchez aparece en el acta de constitución de la sociedad porque mientras se adelantaban los trámites de registro al abogado Víctor Alfaro le detectaron cáncer de piel, lo que implicaba demoras y tal vez la imposibilidad de llevar a feliz término la creación de la sociedad en mención. Dada la novedad médica, explica el denunciante “me solicitaron participar en el proceso para no demorar la misma. Es este el motivo por el cual mi nombre aparece en el documento constitutivo con el 40% de las acciones”.

Según consta en los documentos adjuntos a la denuncia presentada ante la Corte Suprema de Justicia y que hoy avanza en la Fiscalía 256 en cabeza de Reinalda Díaz, las acciones que figuran a nombre de Luis Eduardo Sánchez fueron cedidas por él mismo, dos meses después a una empresa española. “El 28 de octubre de 2012, las acciones correspondientes al capital de la compañía que en el documento de constitución están a mi nombre, las cedo a la empresa española FGDC Latinoamérica” como se lee en uno de los apartes del documento, en el cual, a reglón seguido, se explica que el  “proceso de cesión se realizó con todas las formalidades: Firma del título, asientos del movimiento en el libro de accionistas y notificación al representante”.

Otra de las acusaciones de Fernando Villavicencio en contra de Luis Sánchez relacionada con el beneficio obtenido de las operaciones financieras de la empresa, se cae por su propio peso, pues, como sostienen denunciante y abogado “la empresa española FGDC Latinoamérica SL, es propiedad de una compañía de Malta llamada FGDC Malta Holding, cuyo beneficiario final es el señor Álvaro Pulido Vargas”. Hechos  que fueron verificados mediante los poderes y certificaciones emitidas por la citada empresa española.

Como lo demuestran los documentos, el objetivo principal de la aparición de esta entidad, era absorber las acciones que las empresas de Álvaro Pulido y sus socios tenían en Colombia y Ecuador. Es importante, según Luis Sánchez, hacer énfasis en que las empresas en Colombia, Ecuador y Venezuela, tienen el mismo nombre.

“En resumen, pasaron 39 días desde el momento en que se constituyó la empresa ecuatoriana y realicé la cesión formal de las acciones a este holding. Para el momento en que se formalizó este desprendimiento accionario, FOGLOCONS no había realizado transacción comercial alguna”, detalla Luis Eduardo Sánchez, además, que el proceso de indagación contra la empresa en mención, lo inicia la Fiscalía Ecuatoriana en el mes de Julio del año 2013, es decir, nueve meses después de llevada a cabo la cesión accionaria.

Las Sentencias de Sobreseimiento

OPINIÓN CARIBE tuvo acceso a dos Actas de Sobreseimiento que desmienten las acusaciones del Diputado Fernando Villavicencio contra Luis Eduardo Sánchez Yánez y hasta las del mismo Álvaro Pulido. En la primera Sentencia, fechada el martes 19 de enero de 2016 y firmada por Maria Lorena Jaramillo Hidalgo, juez de la Unidad Judicial Penal Norte 2 Guayaquil de Guayas, la precitada funcionaria cuestiona que se haga una acusación de tamaña magnitud sin que se pongan de presente los tiempos que duró la actividad ilegal ni tampoco las sumas de dinero que ese ilícito le produjo a los implicados.

Se lee en uno de los apartes del acta los siguiente: “El señor Fiscal afirma que se habrían cometido en este país varias infracciones sin precisar circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se habrían cometido dichas infracciones y que la compañía Fondos Global de Construcción S.A. tiene una estrecha vinculación con compañías de papel y compañías investigadas también por el delito de lavado de activos, sin especificar cuáles son esas compañías y cuál es el estado actual de las investigaciones a que hace referencia y del mismo modo no indica las circunstancias de modo, lugar y tiempo en que se habrían producido las vinculaciones que refiere y que resultados hubo de tales vinculaciones”.

Maria Lorena Jaramillo Hidalgo, juez de la Unidad Judicial Penal Norte 2 Guayaquil de Guayas, critica también los pobres elementos materiales de prueba con los que la Fiscalía quiere acreditar la existencia de una red trasnacional de lavado de activos: “En lo que respecta a los medios de prueba consistentes en el informe investigativo como en el estudio financiero, estos se han limitado a acreditar la lista de bienes de propiedad de la compañía en mención y el monto de las remesas enviadas al exterior; sin establecer el destino final de las mismas, lo que es insuficiente para establecer su vinculación a una organización o red internacional de lavado de activos; para ello es necesario el trabajo investigativo conjunto de los estados involucrados por tratarse de un delito trasnacional que va más allá del ámbito territorial”.

Palabras más, palabras menos, la jueza sale al paso de las acusaciones formuladas por la Fiscalía contra: Luis Eduardo Sánchez, Álvaro Pulido y Luis Zúñiga Bormeo, porque no allegó al proceso información de entidades internacionales auténtica y confiable, que le permitiera “apoyarse legalmente para fundar una acusación como la esgrimida”.

En el fallo judicial en comento, se hace énfasis que en el caso concreto la Fiscalía no pudo demostrar la existencia de una actividad ilícita ni mucho menos que los ingresos generados posteriormente eran «blanqueados» en su inmersión en la economía nacional ecuatoriana. “No se ha acreditado ninguna información que establezca que el estado venezolano ha establecido el origen ilícito de los fondos que a través del banco del ALBA se entregaron al Banco Central de Venezuela para que este a su vez los transfiera al Banco Central del Ecuador”, reza la Sentencia en uno de sus apartes.

A criterio de la juzgadora, la Fiscalía de Ecuador fue ineficaz en aportar los tres elementos probatorios determinantes en la configuración del delito de Lavado de Activos: 1) incrementos patrimoniales injustificados u operaciones financieras anómalas. 2).- inexistencia de actividades económicas o comerciales legales, y 3).- vinculación con actividades delictivas.

Luego de la argumentación, la juez Maria Lorena Jaramillo dicta auto de sobreseimiento, esto es, termina el proceso porque no hay pruebas suficientes para demostrar el delito imputado. “No se ha demostrado ni aportado el elemento primordial para la persecución penal del delito de lavado de activos, este es, la comprobación de la actividad delictiva previa”, puede leerse.

Debido a que Edgar Escobar Zambrano, Fiscal de lo Penal del Guayas interpuso Recurso de Apelación, el  proceso fue subido a conocimiento de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Allí fue ratificado el fallo de primera instancia.

El jueves 11 de febrero del 2016, Maria Fabiola Gallardo Ramia, Juez de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, asume el papel de ponente ante la  Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Guayas en Guayaquil. En la referenciada audiencia, se desvirtúan completamente las acusaciones en contra de Luis Eduardo Sánchez Yánez y los demás procesados.

Maria Fabiola Gallardo expone que como mínimo, la Fiscalía deberá contar con indicios del origen ilícito de los activos y que en el comentado proceso no se advierten. “Con el fin de que se aclare, sobre la existencia o no de un ilícito a través de un perjuicio económico delictivo, que genere una ganancia ilegal de dinero, requirió al impugnante que informe si consta evidenciado algún perjuicio, ante esto, la Fiscalía señaló que el perjuicio se produjo en el Estado Venezolano, sin embargo, este Tribunal observa que esta aseveración no ha sido justificada”, dice en la Sentencia de segunda instancia.

Además, que contrario a lo que afirma la Fiscalía y el diputado Villavicencio: “en Venezuela se investigó y no se encontró nada, de aquello se vislumbra que no existe un delito previo o fuente de origen ilícita sobre el ingreso de las divisas en el Ecuador, o alguna defraudación aduanera o tributaria, o por lo menos una reclamación de incumplimiento de contrato o pronunciamiento de cualquier tipo de ilicitud por parte del Estado Venezolano, que pueda llevar a sostener un delito de lavado de activos”.

Nuevamente, insiste el órgano judicial en las deficiencias probatorias del Fiscal, quien no pudo sustentar su acusación: no hubo un solo elemento “para presumir la existencia del delito, ni responsabilidad de las personas procesadas”, razón por la cual la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas negó el recurso de Apelación al Auto de Sobreseimiento interpuesto por el Edgar Escobar Zambrano, Fiscal de lo Penal del Guayas.

¿Quién es Fernando Villavicencio?

Según reporta el medio digital GK, “Fernando Villavicencio, asambleísta electo por la Alianza Honestidad, es un periodista y activista político. Nació el 11 de octubre de 1963 en el cantón Alausí, en la provincia andina de Chimborazo. Según la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), Villavicencio es licenciado en periodismo y comunicación social por la desaparecida Universidad Cooperativa de Colombia del Ecuador”.

Es reconocido como un periodista punzante y crítico de la corrupción. Un tiempo atrás estuvo encarcelado 18 meses por cuenta de sus críticas al gobierno de Rafael Correa. Inició su vida laboral, vinculado al sector petrolero: “trabajó como comunicador social en la petrolera estatal Petroecuador. Pero luego se desempeñó como síndico de la Federación de Trabajadores Petroleros (Fetrapec) hasta octubre de 1999”, fue despedido por proferir insultos contra el Presidente de entonces: Jamil Mahuad.

A Colombia su nombre empezó a sonar  el año pasado por las denuncias de actos de corrupción y lavado de activos de Luis Eduardo Sánchez, que hemos demostrado en este artículo son infundados. Este año ha vuelto a sonar por cuenta de un informe que, afirman en Ecuador, no ha sido abalado por la Asamblea en pleno y donde supuestamente se detallan los negocios de Alex Saab con varios políticos colombianos, entre ellos: Piedad Córdoba y el expresidente Juan Manuel Santos.

Esas declaraciones motivaron la denuncia que aquí hemos mencionado y que hoy se tramita en la Fiscalía 265 de Bogotá, en cabeza de Reinalda Díaz. “Fernando Villavicencio, quien, no obstante tener los documentos que acreditan la existencia de un homónimo: Luis Eduardo Sánchez Yáñez, quien no es precisamente mi cliente, sino otra persona que fue condenada por narcotráfico en Venezuela, sigue insistiendo y sigue mencionando tozuda y tercamente el nombre de mi cliente”, afirmó Rubén Darío Ceballos, abogado que representa la causa de Luis Eduardo Sánchez Yánez.

El abogado samario explica también, que las declaraciones infundadas de Villavicencio contra su cliente “ha causado varios perjuicios, por cuya razón previamente tenemos que agotar las etapas procesales: lograr, si el señor no se retracta y no concilia antes, condenarlo, una vez condenado, abrir el incidente de reparación integral que se hace con base en la denuncia, -es un procesito pequeño como consecuencia de la Sentencia en donde se establecen los perjuicios,  se establece el daño emergente y el lucro cesante y todas las consecuencias indemnizatorias que originan la actitud del asambleísta Villavicencio”.

Sentencias completas en el mes de mayo