Alertan sobre riesgos de seguridad para personas protegidas ante paro de la UNP

Desde el pasado lunes 30 de enero, funcionarios de la Unidad Nacional de Protección- UNP, anunciaron el comienzo de un paro indefinido como respuesta a una serie de presuntas irregularidades que vendrían presentándose al interior de la entidad en cuanto a la contratación.

“Nosotros esperábamos que este fuera el gobierno del cambio, pero no hemos tenido nada. De la próxima liquidación se van a ver reflejado unos descuentos. Por ejemplo, la incidencia laboral de los viáticos y el subsidio de transporte también se nos retiró de las prestaciones sociales. El director de la UNP desconoce por completo el manejo de la entidad”, explicó Giovanni Gallo, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad – Analtraseg, a la que está adscrita la UNP.

Entre otras cosas, Gallo señaló malas condiciones laborales, que van desde jornadas de trabajo de 18 horas diarias y problemas para el reconocimiento de viáticos.

La situación, indica, ya está en conocimiento del Ministerio de Trabajo, razón por la cual le apuntan a instalar mesas de diálogo que permitan encontrar una solución.

La seguridad en riesgo

Ante el paro, la Procuraduría se pronunció de forma reciente señalando que este cese de actividades pondría en riesgo la seguridad de las personas protegidas por la UNP en el país.

La advertencia fue remitida al ministro del Interior, Alfonso Prada, y al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez Ballesteros.

Mediante oficios dirigidos a sus despachos, el Ministerio Público les recordó que, de acuerdo con los estipulado en la Ley, la prestación del servicio de protección a sus beneficiarios no puede ser desmejorada ni interrumpida y solicitó se le informen las medidas de contingencia adoptadas frente a esta crisis. 

“Se debe contar con planes de choque para reaccionar de manera inmediata y oportuna ante circunstancias que puedan poner en riesgo la prestación efectiva del servicio de protección a cargo del Estado”, se asegura en la comunicación enviada por el procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte.

Finalmente advierte que “de presentarse una situación que afecte los derechos fundamentales, a la vida y a la integridad física de algún protegido por causa de la desmejora o interrupción en la prestación del servicio de protección”, se adelantarán las investigaciones disciplinarias a las que haya lugar.