¿Qué se hicieron los 22.000 millones del Fome que ejecutó la O.E.I. en el Magdalena? (Primera Parte)

Varios de los documentos de ejecución entregados a este medio por la Secretaría de Educación que versan sobre el contrato mencionado en el titular, probarían que no se cumplió a cabalidad con lo pactado inicialmente, además de eso, no hay en ellos suficientes detalles sobre los valores unitarios de los implementos comprados y entregados a las instituciones educativas, así como tampoco de los profesionales que llevaron a cabo la construcción de los ‘protocolos’ de retorno a clases, cursos y diplomados a docentes y padres de familia. Una fuente contactó a Opinión Caribe asegurando que tenía en videos, audios y documentos, pruebas de cómo se había direccionado este convenio hacia el contratista final y que hubo además, repartición de coimas entre los participantes. Tendrán las autoridades judiciales y de control que verificar la viabilidad jurídica de tales elementos materiales probatorios.

En el punto más complejo de la crisis producida por la Covid19 en Colombia y el Mundo, el Gobierno Nacional creó mediante el Decreto 444 de 2020 el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), el cual, según se explicó en su momento, funcionaría como “un fondo cuenta, en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el objeto de atender las necesidades de recursos para la atención de la salud y mitigar los efectos adversos generados por la pandemia”.

Esta iniciativa tenía un presupuesto de 40.5 billones de pesos, dinero que sería invertido básicamente en tres ejes de atención de la emergencia, a saber: i) atención de la emergencia sanitaria, ii) atención de la población en condición de vulnerabilidad, y iii) medidas para preservar el empleo y la actividad económica. En ese sentido, las inversiones estaban o tendrían que estar dirigidas a la adquisición de tests adicionales para garantizar el acceso de los colombianos a un diagnóstico confiable, flujo de recursos para que los hospitales pudieran aumentar capacidad instalada, priorizando las camas en cuidados intensivos e intermedios, garantizar ingresos a la población vulnerable de Colombia, necesidades de seguridad que emergieran a causa del COVID-19 y los demás que se requirieran para conjurar la crisis.

Con la intención de atender y mitigar los efectos de la emergencia sanitaria producto de la Covid19 en el sector educativo, el Ministerio de Educación solicitó en el marco de sus competencias, recursos del FOME al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los cuales fueron aprobados a través de dos resoluciones en las que asignó y distribuyó para gastos de funcionamiento en el presupuesto del solicitante $92.480.000.000 y $307.570.000.000 para la vigencia 2020.

De acuerdo con el ‘Informe auditoria de cumplimiento recursos SGP educación, PAE y FOME departamento del Magdalena vigencia 2020’, expedido por la Contraloría General de la República, la Gobernación del Magdalena recibió para cofinanciar la implementación de los protocolos de bioseguridad en las sedes educativas oficiales, mediante Resolución 14663 del 10 de agosto de 2020 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, recursos por $1.849.324.280, y, posteriormente, mediante anexo 1 de la directiva 017 del 20 de noviembre del mismo año, $9.281.905.884 más, acumulando durante esa vigencia la suma de $11.131.230.164.

Estos recursos “fueron depositados en la cuenta de ahorros N°116800016820 del Banco Davivienda, los cuales generaron rendimientos financieros por $989.009,50, para un total de recursos FOME recibidos por $11.132.219.173,50, estableciéndose que con corte a 31 de diciembre de 2020, los recursos FOME asignados y transferidos por el MEN (Ministerio de Educación Nacional) a la ETC, no fueron incorporados oportunamente al presupuesto General del Departamento del Magdalena, ni mucho menos ejecutados durante la vigencia 2020”, destaca el informe.

Más adelante, subraya el mismo documento, que el gobernador del Magdalena hizo movimientos de los recursos contraviniendo las reglas que rigen este tipo de acciones en el sector público.

“Mediante Decreto 135 del 21 de mayo de 2021, el señor Gobernador incorporó directamente al presupuesto general del Departamento, los recursos transferidos por el MEN en cuantía de $9.281.905.884 para el FOME , observándose nuevamente que estos recursos no fueron incorporados con la oportunidad requerida al presupuesto general de la Gobernación del Magdalena, contraviniendo el numeral 3 de la Directiva 017 del 20 de noviembre de 2020, mediante la cual se establecen los lineamientos para la incorporación y ejecución de los recursos provenientes del FOME, destinados a la financiación de los planes de alternancia educativa 2020-2021”, explica uno de los apartes de la auditoría. (Ver documento Contraloría General: https://drive.google.com/file/d/1DpsqbdfNFZ6DzMAXzEaaOFNo1IiNcDiM/view?usp=sharing )

Solo hasta el 10 de agosto de 2021, es decir, un año después de la asignación de los recursos, la Gobernación del Magdalena suscribió el “Convenio de Cooperación Internacional N° CCI – 006 – 2021” con la Organización de Estados Iberoamericanos, para la Educación, Ciencia y la Cultura (OEI), por valor de $22.517.432.862, de los cuales la Gobernación del Magdalena aporta la suma de $11.131.056.207, cuya fuente de financiación son los recursos FOME, recibidos durante la vigencia 2020, mientras que la OEI aporta la suma de $11.386.376.656, representados en aportes técnicos y financieros.

Dicho convenio tuvo una duración hasta el 31 de diciembre del mismo año y fue cancelado mediante orden de pago N°3885 del 30 de agosto de 2021, fecha en la que se desembolsó el 100% de los aportes correspondientes a la Gobernación del Magdalena.

¿A qué se comprometió la OEI en el Convenio?

El convenio en comento fue suscrito por Jenny Camacho Neuto en su calidad de Jefe de la Oficina de Contratación de la Gobernación del Magdalena, delegada para asuntos pre-contractuales y contractuales, y, Carlos Mario Zuluaga Pardo, como Director Regional de la OEI. Es importante destacar en este punto que el entonces contratista funge hoy como Vicecontralor General y que el objeto del contrato era, de acuerdo al clausulado: “la implementación de protocolos integrales de bioseguridad a las instituciones educativas oficiales en los municipios no certificados del departamento del Magdalena.”

La OEI se comprometía, entre otras cosas, a diseñar una metodología de los criterios de focalización de los Establecimientos Educativos (EE) y las sedes en donde se entregarían los elementos básicos de Bioseguridad; construir un protocolo técnico y operativo que permitiera realizar la entrega adecuada en tiempos y condiciones de los elementos de bioseguridad a los EE y sus sedes; diseñar y entregar 200.000 documentos pedagógicos para afianzar y fortalecer las líneas del MEN con respecto al retorno seguro de los estudiantes a las aulas; una (1) visita mensual presencial a cada institución educativa durante cinco (5) meses, además de una (1) sesión virtual o asincrónica de asesoría; Compra y adquisición de los elementos básicos de Bioseguridad; lavado y desinfección especializada de superficies (pisos, paredes, muebles, enseres, entre otros elementos) de los EE a fin de controlar y/o prevenir la presencia del coronavirus sars covi-2 (virus Covid -19), bacterias y otros microorganismos en las 847 sedes educativas con una frecuencia de una (1) vez cada quince días.

Además de eso, la OEI se comprometía a la realización de un Diplomado de 100 horas con actividades sincrónicas y asincrónicas destinado a la comunidad educativa en temas de autocuidado y estilos de vida saludable, y, aportar, como se indicó más arriba, $11.386.376.656 discriminados de la siguiente manera: Aporte técnico la suma de $7.817.700.000 y Aporte Financiero la suma de $3.568.676.656. (Ver Contrato: https://drive.google.com/file/d/1Qg-w7pIiHN53TAX1Da2jhDPF3Kfhv5-p/view?usp=sharing)

Es oportuno mencionar en este punto que la OEI también ejecutó con la Gobernación del Atlántico un convenio similar, el ‘Convenio de cooperación internacional no. 202101441’ por un valor de 4.464.391.415, cuyo objeto es bastante similar al que estamos analizando en el Magdalena pero con un valor cinco veces menor: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, humanos, programáticos, y financieros para desarrollar una estrategia integral que facilite el retorno gradual y progresivo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en condiciones seguras a las instituciones educativas de los municipios no certificados del departamento de Atlántico, como medida de prevención del contagio del covid-19”.

Además de eso, las actividades y los productos pactados para entregar de parte de la OEI a la Gobernación del Atlántico son, para no decir exactamente iguales, bastante similares. Deberán las entidades de control y los organismos judiciales determinar por qué el aumento excesivo del valor del contrato en el departamento del Magdalena, si ambos contratos tienen objetos y productos parecidos. (Ver contrato OEI y Gobernación del Atlántico: https://drive.google.com/file/d/1P4eG5vI4RSgAkhlZwr-FDzjbd9yy_Tpc/view?usp=sharing )

¿Qué dicen los documentos de ejecución del convenio?

El pasado 10 de enero Opinión Caribe presentó un Derecho de Petición ante la Secretaría de Educación del Magdalena para solicitar información referente a la ejecución de dicho contrato. De los 25 puntos de la solicitud, únicamente la mitad fueron respondidos, porque según Miguel Ángel Álvarez Egea, Auxiliar Administrativo de esa dependencia, fueron los que le enviaron desde la Oficina de Contratación. Asumimos de buena fe que los documentos faltantes no existen, pero, tendrán que ser los órganos de control los que determinen si tal vez están escondiendo alguna situación irregular.

Como se indicó más arriba, el contrato parte de una propuesta técnica enviada por la organización contratista a la Gobernación del Magdalena, la cual satisfizo a plenitud los requerimientos y expectativas del ente territorial, de acuerdo a lo que se puede leer en los estudios previos.

Ese documento, contiene sin mayores detalles todas las actividades y productos que debería entregar la OEI al finalizar el convenio. El primer compromiso adquirido por el contratista, tiene que ver con la “Identificación y focalización de EE y sedes que recibirán los elementos básicos de Bioseguridad”, en ese sentido debería “Diseñar metodología de los criterios de focalización de los EE y las sedes en donde se entregarán los elementos básicos de Bioseguridad. Se realizará un documento que incluya la caracterización del sector educativo de los municipios no certificados del Departamento del Magdalena que recibirán el acompañamiento a los planes de alternancia, este contendrá información relevante a nivel municipal y las características particulares del territorio”.

Este componente implica la realización de un “Documento caracterización de los municipios no certificados en donde se realizará el acompañamiento a planes de alternancia”. Al revisar la información entregada por la Secretaría de Educación, encontramos que este material es un documento de 17 páginas, donde se destinan más de la mitad, es decir 10, a la exposición de un marco jurídico y de referencias que pueden hallarse en las Resoluciones expedidas en su momento por el Ministerio de Salud y la Presidencia de la República, más adelante, se hacen algunas descripciones de la situación de las entidades educativas del departamento, pero con datos tomados del Plan de Desarrollo presentado por el actual Gobernador, Carlos Caicedo.

Al final, en la sección de Conclusiones y Recomendaciones, ofrece sin mayores explicaciones las siguientes: “1. No se cuenta con la información precisa para realizar la caracterización de los EE en la entidad, por lo cual se hace necesario iniciar el cronograma de intervención con enfoque en la caracterización y reconocimiento de la dinámica adoptada por cada institución educativa frente a la alternancia y el retorno; 2. Basados en las estadísticas arrojadas de manera oficial por el DANE, y en los últimos datos aportados por los directivos a la SED Magdalena, se puede evidenciar que no existe proporcionalidad en la relación estudiantes/aula, ni equipos/estudiantes. Lo cual sugiere que las instituciones no están preparadas para la implementación de programas de formación virtuales, situación que se tendrá en cuenta por parte de OEI para el desarrollo de la propuesta; 3. Así mismo, los datos obtenidos de las condiciones de infraestructura y de la matrícula 2021, sugieren que todas las sedes deben estar focalizadas tanto en las acciones de dotación como en los de limpieza y desinfección”. (Ver Documento Caracterización Convenio OEI: https://drive.google.com/file/d/1QjwNiYyyf4ZYmjNxqRz9qjUQBe6LIawK/view?usp=sharing)

El segundo producto, era la elaboración de un “protocolo técnico y operativo que permitiera realizar la entrega adecuada en tiempos y condiciones de los elementos de bioseguridad a los EE y sus sedes, este deberá estar alineados con las directivas y circulares establecidas por el MEN”. Según se describe en la propuesta técnica, éste es un documento de carácter técnico que describa la forma de entrega de insumos de bioseguridad que faciliten, aclaren su uso, disposición y entrega a la comunidad educativa.

Opinión Caribe también tuvo acceso a este documento de 9 páginas, donde se hacen unas descripciones generales de la forma cómo tendrán que llegar los contratistas de OEI a las instituciones educativas y cómo se protegerán y embalarán los elementos y productos de Bioseguridad que hacen parte de este convenio. Sin embargo, no se dan detalles de los tiempos que tardarán en desplazarse desde el lugar donde se encuentran almacenados dichos elementos, que al ser la empresa Logística Integral Consultoría y Servicios S.A.S., se encuentran en la ciudad de Sincelejo, donde tiene residencia la misma.

Aunque se indica que la citada empresa actúa como contratista del contrato de suministro no. 001 de 2021, no se dan detalles de las cantidades de elementos que ha de movilizar ni tampoco los valores unitarios y totales de los mismos. Tampoco hay referencia del mencionado contrato en la página contratación de la OEI como sí figuran los ejecutados en el marco del mismo convenio con la Gobernación del Atlántico que ya hemos mencionado.

De acuerdo con la propuesta técnica, el componente de entrega de suministros y material fijo tuvo un valor de $11.131.056.206 e implicaba la adquisición y entrega de: lavamanos portátil; papelera 5l para residuos no aprovechables con tapa tipo vaivén color rojo; alcohol glicerinado (litro); jabón líquido antibacterial (galón); toallas de papel cortadas en z; Tapabocas lavable/reutilizable para niño; Tapabocas lavable/reutilizable adulto; Kits de señalización en plástico polietileno, cal 30 (salones, pasillos, baños, zonas de descanso, puntos de ubicación, lavado de manos y protocolo de bioseguridad); Rollo de cinta de demarcación de espacios e insumos y lavado y desinfección especializada de superficies. La financiación de este componente fue posible gracias al aporte realizado por la Gobernación del Magdalena.

Extraña sobremanera que en el ‘protocolo técnico y operativo’ no haya ninguna referencia al número de unidades de cada producto anteriormente señalado, tampoco los criterios tenidos en cuenta para determinar la cantidad a entregar en cada una de las instituciones, ni mucho menos referencia las complicaciones que tendrían por cuenta de la falta de agua para cargar los lavamanos. En cuanto a este elemento, las actas de entrega a las que tuvo acceso Opinión Caribe dan cuenta de la entrega de un poco más de 1.120 lavamanos, pero a lo largo del documento se repiten varias instituciones ¿error al momento de la edición o una estrategia para aumentar el número y justificar los gastos? Tendrán los órganos judiciales y de control que determinar cuál es la razón de tal situación.

Sobre el particular, este medio contactó al azar a varios docentes de instituciones en el departamento del Magdalena, los cuales apelando al anonimato por miedo a represalias, dijeron que los lavamanos antes que soluciones se convirtieron en un verdadero problema, porque era bastante engorroso la carga y descarga de los tanques de agua, además que, cuando estos llegaron algunas instituciones ya habían construido con su presupuesto lavamanos convencionales y conectados a la red interna de suministro de agua, por lo que los elementos entregados por OEI terminaron siendo subutilizados.

Siendo los lavamos los elementos más costosos de todo el paquete que entregó la OEI, cuyo valor unitario oscila de acuerdo a varias páginas de internet consultadas, entre los 650.000 y 800.000 pesos, sin saber el volumen de los demás implementos entregados, resulta imposible matemáticamente que las cuentas sumen, como indica la propuesta técnica $11.131.056.206 más un 5% adicional. Opinión Caribe hace un llamado a los entes judiciales y de control para que determinen si en esta operación hubo detrimento a las arcas de Departamento y quiénes son los responsables.

Otro de los compromisos adquiridos por la OEI era la construcción de un Plan de acompañamiento para el retorno escolar, de acuerdo con el clausulado del contrato, “Este acompañamiento a los EE se orienta a dar el soporte necesario para que se faciliten los cambios en el componente pedagógico, así como la aplicación de las medidas de bioseguridad necesarias para la presencialidad escolar, a través de al menos una (1) visita mensual presencial a cada institución educativa durante (5) meses, además de (1) sesión virtual o asincrónica de asesoría que se pactara con cada institución”.

El documento de 6 páginas entregado por la OEI a la Gobernación contiene, al igual que los otros, pocos detalles de la serie de actividades a realizar y no especifica el número de personas que las llevarían a cabo, ni tampoco el tiempo que tardarían en hacerlo y, mucho menos, la formación académica de los mismos. (Ver Plan de acompañamiento para el retorno escolar: https://drive.google.com/file/d/1D64mTGo-PArXvt0mzHFH1m-qNxnr67kk/view?usp=sharing )

Otro documento denominado Sistematización Magdalena, donde se hace una especie de recuento de todas las actividades realizadas en el marco de la ejecución del convenio, sería la prueba de que no se cumplió con el objetivo de visitar cinco veces a cada institución educativa y otra de forma virtual. El mencionado documento explica en la página 13 “A partir del 1º y hasta el 30 de noviembre, las visitas de verificación y diagnóstico se realizaron en forma presencial, estableciendo para ello un protocolo y cronograma, obteniendo, entre otros, los siguientes resultados: Total municipios visitados: 29 Total instituciones educativas: 126 Total sedes: 688 Rurales: 504 Urbanas: 184 Visitas presenciales: 51 Seguimiento telefónico: 75”. Como se aprecia en estas cifras, se le dio prioridad al contacto telefónico, cuando la obligación más importante era la de hacer presencia no una vez, sino por lo menos cinco veces en el desarrollo del convenio.

Otro de los componentes del convenio era el “Proceso de desinfección especializada de superficies en las instituciones educativas”, donde la OEI se comprometía a realizar lavado y desinfección especializada de superficies (pisos, paredes, muebles, enseres, entre otros elementos) de los EE a fin de controlar y/o prevenir la presencia del coronavirus sars covi-2 (virus Covid -19), bacterias y otros microorganismos patógenos a la salud de la población estudiantil y docente. Este se realizaría en cada una de las 847 sedes, con una frecuencia de 1 vez cada quince días durante el desarrollo del convenio, es decir, al menos 10 veces en los cinco meses.

Las actas de desinfección a las que tuvo acceso Opinión Caribe demostrarían que esto tampoco se realizó como quedó acordado, porque solo hay evidencia de dos visitas por colegio en los meses de enero y febrero del año 2022, lo que genera muchas suspicacias, pues, la ejecución del contrato era hasta el 31 de diciembre de 2021 y como no hemos podido acceder al contrato en la plataforma Secop, no se sabe si se le hizo una adición de tiempo para que esto se pudiera ejecutar. Opinión Caribe también contactó al azar varios docentes y directivos para indagar sobre el número de fumigaciones realizadas en sus instituciones educativas y dicen haber recibido solo dos visitas y algunos solo una. (Ver documento Actas de desinfección: https://drive.google.com/file/d/1RKRSKjvYnFPkOZG3FuLRtr2EHjXNeOb2/view?usp=sharing )

Más adelante, este mismo documento confirmaría lo dicho hasta aquí: no se hicieron las cinco visitas presenciales a cada una de las 126 instituciones y mucho menos a las más de 600 sedes. “Con la información prestada de los rectores de cada institución, este mismo designa un coordinador o docente por sede educativa, al igual que un padre de familia para que estos formen parte de un grupo de estudio vía WhatsApp. Se crean grupos de estudios con el fin de lograr el objetivo propuesto, el cual es que cada docente creara el protocolo de bioseguridad y a su vez los padres de familia promuevan hábitos saludables desde casa”, como se detalla en la página 36 del documento Sistematización Magdalena cuando de hace referencia a la ‘metodología del acompañamiento’. Esta es otra situación que tendrán que verificar con cuidado las entidades de judiciales y de control. (Ver documento Sistematización Magdalena:https://drive.google.com/file/d/16NCePx0i68eQ0Im1HhgDYWBLOi9JVDFV/view?usp=sharing)

Más adelante, sobre el particular, detalla “Luego de conformar los grupos de estudio a través de WhatsApp se dio inicio a la formación donde cada día se envían poster, infografías, videos, audios y otros recursos que fueron guía para implementar el protocolo de bioseguridad en cada sede educativa como actividades lúdicas, etc. Este material se debía difundir de manera creativa en redes sociales, compañeros de trabajo, estudiantes y padres de familia. Una vez a la semana los docentes debían completar un formato donde ingresarían los datos de su sede necesarios para construir el protocolo de bioseguridad, esto solo les ocuparía como mínimo 30 minutos”.

En este punto, explica la misma OEI se contactaron inicialmente 224 docentes para la construcción de los protocolos de bioseguridad, pero no todos participaron en dichas actividades. “Se presentaron casos como los que se retiraron del grupo antes de dar inicio y otros simplemente decidieron no participar aun cuando hubo suficiente motivación. Satisfactoriamente la mayoría de docentes hicieron parte de la formación y crearon su protocolo de bioseguridad en su sede educativa, cumpliendo diariamente enviando sus evidencias realizando actividades específicamente con sus estudiantes”.

En este punto el contratista tenía la obligación de suministrar y entregar guías de orientación a la comunidad educativa que recalcaran la importancia socio afectiva del retorno seguro a clase, de acuerdo con la propuesta técnica y el clausulado del convenio, “La OEI entregará guías de orientación, a la comunidad educativa que recalquen la importancia socio afectiva del regreso a clases, desde la perspectiva de la cultura del autocuidado la OEI diseñará y entregará 200.000 documentos pedagógicos para afianzar y fortalecer las líneas del MEN con respecto al retorno seguro de los estudiantes a las aulas, estos documentos permitirán a maestros y padres de familia realizar procesos de autoevaluación guiada a sus estudiantes y poder cada día fortalecer los procesos psicosociales que fueron vulnerados por el aislamiento social preventivo”.

Opinión Caribe también tuvo acceso a este documento de dos páginas donde se repiten sin más las recomendaciones que a diario se veían en la televisión, se escuchaban en la radio o, por intuición y dadas las noticias sobre la gravedad del virus, cualquier persona ejecutaría apelando al sentido común. (Ver documento Guía: https://drive.google.com/file/d/1Nh0PZZlKC8qwgIpkmBXAHpT5TuwQnInN/view?usp=sharing )

También se hace mención a un Diplomado destinado a la comunidad educativa en temas de autocuidado. Según la propuesta técnica y el contrato, “este diplomado de 100 horas con actividades sincrónicas y asincrónicas brindará herramientas a 300 participantes, para la promoción de estilos de vida saludable con la población que se relacionan directamente desde sus escenarios de quehacer, entendiendo la Promoción de Estilos de Vida Saludables, según el (MEN) como el desarrollo de habilidades y actitudes de los niños, niñas y jóvenes para que tomen decisiones pertinentes frente a su salud, su crecimiento, su proyecto de vida, y que aporten a su bienestar individual y colectivo”.

Opinión Caribe contactó también al azar a varios profesores del departamento del Magdalena los cuales aseguraron no haber participado en ningún diplomado de 100 horas referente a temas de prevención del contagio con Covid19, el único diplomado que recuerda últimamente, fue uno denominado ‘Docentes del Cambio’, ejecutado por el connotado pedagogo Julián de Zubiría Samper.

El documento Sistematización Magdalena que ya hemos mencionado anteriormente, sería también la prueba de que tampoco se cumplió con el objetivo de impartir un diplomado de 100 horas a por lo menos 300 personas del entorno educativo. En la página 37 del mismo, aunque se hace referencia al día 1 como inicio y el 15 como terminación, no se explica de qué mes, también se detalla que se hizo contacto inicial de 153 rectores, de los cuales solo 63 de ellos terminaron el ‘diplomado’. (Ver documento Diplomado: https://drive.google.com/drive/folders/1Rk-ofoSSBgJV4X7YTtbW42mkKQAWNx-i?usp=sharing)

Se dice más adelante, “En este diplomado los docentes aprenderían a estructurar actividades lúdicas para motivar a sus estudiantes a obtener un hábito de higiene y vida saludable evitando enfermedades y contagios por cualquier virus, probamos sus conocimientos sobre protocolo de bioseguridad y así poder avanzar en el aprendizaje de nuevas estrategias en su retorno a clases.”

Se hace aquí un llamado a los entes de control y judiciales para que determinan la validez de estas actividades que se cobraron como Diplomado cuando a todas luces se puede evidenciar que no cumplieron con los requisitos mínimos exigidos para tal denominación. Más aún, si se tiene en cuenta que estos productos y actividades que hemos detallado tuvieron un valor de $7.817.700.000 y fue Cooperación técnica aportada por la OEI.

Alertamos también a las entidades de control y judiciales sobre los $3.568.676.656 que dijo aportar OEI en Equipo Transversal, Profesionales de seguimiento, Profesionales en salud, Logística, bodegaje y trasporte aéreo, terrestre y fluvial para la entrega de elementos bioseguridad, teniendo en cuenta que en ninguno de los documentos entregados por la Gobernación del Magdalena se hace mención al número de ellos ni tampoco a las profesiones y especialidades que permitan inferir que estaban capacitados para llevar a cabo las actividades descritas, amén de que estas fueran ejecutadas vía telefónica en su mayoría.

Finalmente, causa mucha curiosidad que a pesar de haber solicitado las actas de supervisión, interventoría y su equivalente levantadas en el marco del convenio y a cargo del secretario de educación de turno Luis Guillermo Rubio, solo se haya remitido una, la cual estuvo referida a la certificación del cumplimiento de los requisitos legales de OEI para contratar con la Gobernación del Magdalena y viabilizar el desembolso de los $11.131.056.206. Tampoco hubo mayor interés en asegurarse de la calidad de los protocolos elaborados por el contratista y la idoneidad de las personas que estarían a cargo de este proceso y que califican como la mitad de los aportes técnicos y financieros que significaron otros $11.131.056.206 para un gran total de: $22.517.432.861 (veintidós mil quinientos diecisiete millones cuatrocientos treinta y dos mil ochocientos sesenta y un pesos). Es decir, que mientras el ente territorial desembolso dinero real, la OEI solo aportó papeles. (Ver acta de supervisón https://drive.google.com/file/d/15vOqsvmdqktD5HW7__ZsEie_fMC28cxu/view?usp=sharing )

Solicitamos desde esta tribuna a las entidades de control y judiciales verificar si ésta situación puede ser objeto de reproche disciplinario, judicial y fiscal y, si la desatención de tal función ocasionó o propició el desvío de dinero público hacia bolsillos de particulares.

Posdata:

En el mes de enero una fuente se reunió con varios miembros de la redacción y la Unidad Investigativa de Opinión Caribe en la ciudad de Barranquilla para informar que tenía videos, documentos, audios y chats de whatssap que probarían que en el desarrollo de este contrato varias personas se pusieron de acuerdo para apropiarse de dineros públicos.

Esa fuente, dijo, varios días después, que un familiar suyo, hoy en la Asamblea del Magdalena que intervino en la celebración del contrato y que recibió una gran coima, estaba coaccionándolo para que desistiera de entregar las pruebas que demostrarían que hubo, además de una concertación de varias personas, distribución ilegal de dinero público.

La fuente también aseguró que la esposa del exvicecontralor estuvo presente en esas reuniones y que jugó un papel importante no solo en la concreción y perfección del contrato, sino también en la forma y las cantidades como se distribuiría entre los participantes el dinero público. En este punto, es importante mencionar que parece haber una puerta giratoria entre la vicecotraloría y la OEI, porque los últimos dos representantes de esa organización han llegado a ocupar el cargo.

En atención tal situación y que sin ninguna verificación o estudio de los documentos de la ejecución del contrato en comento y adjuntadas en esta nota ni tampoco sustentación jurídica alguna, el Grupo de Participación Ciudadana liderado por Alvaro Isaías Rojas Parody en su calidad de Contralor Provincial con funciones de Gerente Departamental “determinó que los hechos puestos en conocimiento por el momento no comportan daño fiscal de nuestra competencia”, consultamos a la entidad y a los lectores: ¿Hay garantías en esa entidad de control fiscal para la efectiva verificación de los cientos de contratos firmados por esa organización con alcaldías, gobernaciones, entidades descentralizadas, ministerios y hasta la JEP?

Esa fuente, entregó al Director de esta casa periodística una suerte de pagaré donde se consignaban los montos y porcentajes que cada uno de los intervinientes recibirían una vez se hiciera efectiva la consignación de los $11.131.056.206 que poseía la Gobernación del Magdalena asignados por Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), de la lectura de ese documento preguntamos:

¿Quién es Yoyito y por qué figura como receptor de un porcentaje del dinero para la ejecución del contrato?

¿Quién es la diputada del Magdalena que también recibió dinero por cuenta de las triquiñuelas contractuales?

¿Quién es el candidato que allí se menciona y a qué corporación de elección aspiraba?

¿Es cierto que la OEI recibió 10% de los recursos como se observa en el documento?

¿Es cierto que tanto el Gobernador como el Secretario de Educación de entonces hicieron exigencias económicas para poder viabilizar el contrato y desembolsar los recursos?

¿Qué papel desempeña en estos asunto non sactos un señor de apellido Mantilla cercano al actual vicecontralor y por qué firma pagarés o documentos donde supuestamente se reparten coimas en el convenio ejecutado entre la OEI y la Gobernación del Magdalena?

¿Por qué en este convenio por $22.517.432.861 (veintidós mil quinientos diecisiete millones cuatrocientos treinta y dos mil ochocientos sesenta y un pesos) no hay una cláusula de liquidación, siendo esta una de las premisas más importantes de la contratación pública?

Estas preguntas tendrán que ser respondidas por los entes de control y judiciales, también corresponderá a esos mismos entes llamar hasta sus oficinas a la fuente que conversó con Opinión Caribe para que les entregue todas las pruebas que dice tener y que motivaron el desarrollo de este trabajo periodístico.