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Magistrados de la JEP recibieron amenazas del Clan del Golfo por investigaciones sobre falsos positivos
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) denunció amenazas contra dos de sus magistrados, Alejandro Ramelli y Hugo Escobar, en medio de su labor de exhumación de restos de personas desaparecidas que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el municipio de Dabeiba, Antioquia.
Los funcionarios judiciales recibieron mensajes en los que el Clan del Golfo les declaraba como «objetivo militar» y se les advertía sobre su labor de desenterrar un pasado que ya está enterrado.
La JEP pidió a las autoridades judiciales investigar y sancionar a los responsables de las amenazas, además, solicitó al Gobierno Nacional desarticular los grupos armados que atentan contra la paz en el país.
Al respecto, la Fiscalía General de la Nación ya asumió la investigación y un equipo especializado se comunicó con los magistrados para conocer detalles sobre el origen de las intimidaciones.
La situación generó una serie de reacciones nacionales e internacionales. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, rechazó de manera vehemente las amenazas y destacó el trabajo de los magistrados por esclarecer hechos de desaparición forzada en el país.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se unió a las voces de condena y ratificó su respaldo a la labor de la JEP para garantizar los derechos de las víctimas y asegurar la justicia en el camino hacia la paz.
Lo anterior, alegando que la JEP ha sido una pieza clave en el proceso de justicia transicional en Colombia y ha recibido críticas y amenazas por su labor en la investigación y juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.
En este sentido, señalan como fundamental que se garantice el respeto por el Estado de derecho y se brinde protección a los magistrados, quienes han asumido la tarea en la búsqueda de la verdad y la reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia.
