Procuraduría investiga presuntas irregularidades en la entrega del Programa de Alimentación Escolar en el departamento de Magdalena

En una reciente declaración, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa contra funcionarios de la Gobernación de Magdalena por presuntas irregularidades administrativas y logísticas en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento.

La Procuraduría realizó visitas a colegios en los 28 municipios del departamento no certificados en educación, con el objetivo de evaluar el estado de la distribución del PAE. Durante estas visitas, se descubrieron diversas falencias que afectaron gravemente la entrega de alimentos a los beneficiarios del programa.

Uno de los hallazgos más preocupantes fue la evidencia de deficiencias en el servicio proporcionado por el operador del contrato, lo que llevó a una interrupción abrupta del suministro de alimentos en todos los municipios beneficiarios del programa. Además, se encontraron instalaciones y equipos en mal estado, como refrigeradores, estufas y menaje, utilizados por el contratista en las cocinas. También se observó una ausencia de elementos de aseo y la falta de pago a las personas encargadas de preparar los alimentos.

En los colegios que carecían de cocinas y comedores, se constató que algunos de los kits alimenticios se entregaban sin refrigerar. Según los testimonios de los niños, esto les ocasionaba dolores de estómago, generando preocupación y alarmas adicionales sobre la calidad de los alimentos suministrados.

El Ministerio Público, en su auto de apertura, asegura que las acciones emprendidas por la gobernación para garantizar la continuidad en la entrega del PAE han sido insuficientes. Además, se destaca que desde el pasado 8 de marzo de 2023, la gobernación tenía conocimiento de que el proceso de licitación para seleccionar un nuevo contratista había sido declarado desierto, y que el contrato vigente solo cubriría las raciones hasta el 17 de marzo de 2023.

Ante estas circunstancias, la Procuraduría ha solicitado a la gobernación una serie de documentos, incluyendo la identidad, hojas de vida, actas de posesión y funciones específicas de los servidores públicos responsables de la contratación y administración del PAE. Estos documentos serán utilizados para determinar las responsabilidades correspondientes y decidir si se abrirá una investigación formal sobre el caso.