Connect with us

Departamento

La Defensoría del Pueblo advierte riesgos en las elecciones regionales, y la situación en el Magdalena es preocupante

Published

on

Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo, advirtió sobre los graves riesgos que enfrentan cerca de 380 municipios en el país debido a la actividad de grupos armados ilegales. En una reunión con el Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en la Casa de Nariño, Camargo expresó su inquietud por la posible vulneración de los derechos humanos en diversas regiones antes y durante las elecciones regionales de octubre.

«Le dimos a conocer el mapa de afectaciones a los derechos humanos frente al certamen electoral de octubre. En el curso de los próximos días, como Defensoría del Pueblo, vamos a presentar la Alerta Temprana de riesgos electorales. Queremos mejorar la respuesta institucional a partir de las recomendaciones que formularemos en nuestro documento de advertencia. Nuestro propósito es anticiparnos, mitigar y contrarrestar las posibles afectaciones que se puedan presentar en el previo y durante la fiesta democrática que se avecina», declaró Carlos Camargo Assis.

La situación en el departamento del Magdalena también es preocupante, donde hacen presencia los grupos armados ‘Los Pachencas’ y el ‘Clan del Golfo’. Esto implica una alerta en cuanto al impacto que esto pueda incurrir en las próximas elecciones regionales del próximo 29 de octubre, en relación a la alerta que ha lanzado la Defensoría del Pueblo en una reunión que se dio en la Casa de Nariño con el presidente de la república.

Durante el encuentro, Camargo Assis y el presidente Petro coincidieron en la importancia de proteger a la población civil durante el cese al fuego bilateral, asegurando que no se vea afectada por acciones que puedan perturbar la interrupción temporal acordada del conflicto armado interno.

«Es imperativo que haya un cese inmediato de cualquier afectación a los derechos humanos individuales y colectivos de las poblaciones en todo el territorio colombiano. Cuando hablamos de cese inmediato, estamos hablando de un proceso de descontaminación; es decir, que se evite la instalación de artefactos o minas antipersonal sembradas en algunas regiones. Pero también le manifestamos otros hechos que generan preocupación», subrayó el Defensor del Pueblo.

Camargo Assis resaltó la necesidad de un cese inmediato de extorsiones, homicidios selectivos y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, enfatizando en la urgencia de salvaguardar los derechos fundamentales y la seguridad de la población.

Sin embargo, en el departamento del Magdalena han sido asesinados en lo que va corrido de este año varios líderes sociales y personas involucradas en la política, como concejales y colaboradores de campañas políticas.

El 20 de junio, Raúl Molina Gutiérrez, exconcejal del municipio de Santa Ana Magdalena, fue asesinado a tiros. También, el exconcejal Wilfrido José Cassiani Gutiérrez fue asesinado en el municipio de Zona Bananera el pasado 13 de junio, y el exconcejal Juan José Miranda fue asesinado el 7 de abril en Río Frío, jurisdicción de Zona Bananera. El 20 de febrero, en San Sebastián, Magdalena, también fue asesinado el líder social y campesino Milton Rocha Peña, quien era un importante dirigente político y miembro activo de la Colombia Humana.

En ese momento, luego de todos estos hechos que estaban enmarcados en la violencia en el departamento del Magdalena, la Defensoría del Pueblo anunció la alerta temprana para los municipios del Magdalena, El Banco, Guamal y San Sebastián de Buenavista. Estos municipios, según la Defensoría, «se encuentran bajo la presencia de grupos narcoparamilitares ‘El Clan del Golfo’.

Sin embargo, estos hechos de violencia en contra de la vida de los defensores de derechos humanos y líderes políticos del Magdalena no cesaron. El día de ayer, 15 de agosto, en el municipio de San Zenón, fue asesinado a tiros Wilinton Tovar Gil, quien actualmente formaba parte del equipo de trabajo de un candidato a la alcaldía de ese municipio.

En medio de esta preocupante situación, la defensa de los derechos humanos y la estabilidad democrática en Colombia se mantienen como un desafío constante. Los magdalenenses esperan acciones contundentes por parte de las autoridades para garantizar la seguridad en pleno ejercicio de sus derechos en el proceso electoral.